La ley que permite a la Junta asumir funciones municipales pasa su primer tr¨¢mite parlamentario
La oposici¨®n critica el "intervencionismo" y el "ataque" a la autonom¨ªa municipal de la norma
El proyecto de ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que incorpora la posibilidad de que la Junta asuma las competencias urban¨ªsticas de los ayuntamientos que incurran en "incumplimientos graves", super¨® ayer su primer tr¨¢mite parlamentario. El pleno rechaz¨® la enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Unida, con la abstenci¨®n del PP y el voto contrario a la devoluci¨®n del proyecto del PSOE y de los andalucistas. La ley incluye medidas para tratar de fomentar la construcci¨®n de viviendas protegidas y evitar el fraude en su adquisici¨®n y uso.
En la presentaci¨®n del proyecto, la consejera de Obras P¨²blicas, Concepci¨®n Guti¨¦rrez, quien subray¨® que la futura norma ha sido ampliamente discutida con el sector afectado, destac¨® como novedad relevante la ampliaci¨®n a todos los municipios de la obligaci¨®n de reservar al menos el 30% de los nuevos suelos residenciales para destinarlos a vivienda protegida, precepto que en la actualidad s¨®lo afecta a las poblaciones de m¨¢s de 20.000 habitantes.
El proyecto establece la posibilidad de que la Junta asuma las competencias de planeamiento urban¨ªstico cuando los ayuntamientos incurran en "incumplimientos graves", previa audiencia del Consejo Consultivo y del Parlamento de Andaluc¨ªa. La atribuci¨®n se limitar¨¢ a reestablecer la legalidad conculcada y en ning¨²n caso podr¨¢ ser superior a un plazo de cinco a?os.
La ley prev¨¦ la creaci¨®n de un cuerpo de inspecci¨®n en estas materias, con un nuevo r¨¦gimen disciplinario, cuyas sanciones econ¨®micas oscilar¨¢n entre los 600 y 2.999 euros, para las infracciones leves; entre 3.000 y 6.000 para las graves; y entre 6.000 y 120.000, para la muy graves. En el ¨¢mbito sancionador se incorpora como innovaci¨®n el recurso de expropiaci¨®n forzosa de las casas de VPO cuando se destinen a usos no autorizados o cuando un mismo propietario utilice m¨¢s de una vivienda protegida (hasta ahora estas infracciones est¨¢n castigadas ¨²nicamente con sanciones administrativas).
Tambi¨¦n se crear¨¢ la figura de los patrimonios p¨²blicos de suelo y se habilitar¨¢ a las administraciones para realizar proyectos de inter¨¦s auton¨®mico en cualquier tipo de terreno, independientemente de su calificaci¨®n, siempre con la aprobaci¨®n del Consejo de Gobierno. El defensa de la enmienda a la totalidad, el portavoz de Izquierda Unida, Ignacio Garc¨ªa, dijo que el proyecto supone una "oportunidad perdida" porque, a su juicio, no aporta nada nuevo y se limita a tapar las carencias y agujeros en la gesti¨®n de los sucesivos gobiernos socialistas. Garc¨ªa se?al¨® que la futura ley no resolver¨¢ los problemas de la vivienda, supone una excesiva carga burocr¨¢tica y de "papeleo" de dif¨ªcil cumplimiento, y carece de una memoria econ¨®mica. "Lo conveniente es que se hubiera desarrollado los reglamentos de Ley del Suelo (LOUA) y no modificar 32 art¨ªculos", aspotill¨®.
Garc¨ªa critic¨® tambi¨¦n el mecanismo de intervenci¨®n excepcional en el urbanismo de los ayuntamientos que incumplan las normas porque "supone una aut¨¦ntica agresi¨®n contra la autonom¨ªa municipal".
Lo mismo dijo a este respecto el portavoz del PP, Jorge Ramos, quien propuso "tasar con precisi¨®n" los casos en los que se podr¨¢ retirar las competencia, durante el tr¨¢mite de las enmiendas parciales. "Es inaceptable y un ataque frontal a la consagrada autonom¨ªa municipal", dijo.
Ramos critic¨® el fracaso que, en su opini¨®n, han supuesto los planes de vivienda de la Junta, ya que, dijo, en el ¨²ltimo bienio (2003-2005) se han dejado de hacer 22.843 casas y el incremento de los precios ha sido espectacular. Seg¨²n el PP, la tramitaci¨®n de la ley de Vivienda Protegida y Suelo, que llam¨® "h¨ªbrido", significa un fracaso de la LOUA, a la que este partido vot¨® de forma contraria, y lo m¨¢s conveniente ser¨ªa reformar esta ley y no incluir las necesarias modificaciones a trav¨¦s de otras leyes.
Jorge Ramos afirm¨® que a los ayuntamientos, t¨¦cnicos y promotores nos les gusta porque "han metido mucha prisa y les ha faltado rigor".
Por su parte, la portavoz del PA, Pilar Gonz¨¢lez, anunci¨® su apoyo a la ley para evitar m¨¢s retrasos, aunque critic¨® la "ambig¨¹edad" del texto y puso en cuesti¨®n la eficacia de las medidas que dicta.
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