Los "planes antifamilia" de la Junta de Andaluc¨ªa

Hasta este curso 2004-2005 unas 35.000 familias andaluzas han venido disfrutando de plaza bonificada en centros socioeducativos p¨²blicos o concertados; de ellas, casi la mitad, se beneficiaban de una bonificaci¨®n del 100%. Esta situaci¨®n ha facilitado enormemente la conciliaci¨®n de la vida familiar y laboral de familias con recursos econ¨®micos limitados.

Sin dar una explicaci¨®n coherente, la Junta de Andaluc¨ªa ha decidido recortar dr¨¢sticamente algunas de las medidas de mayor calado social contempladas en el Plan de Ayuda a la Familia. A la supresi¨®n de las ayudas para comprar ordenadores o para la adquisici¨®n de libros de texto, se le une un inexplicable recorte de las bonificaciones dirigidas a las familias con las rentas m¨¢s bajas, junto a una modificaci¨®n a la baja de las prestaciones de los centros socioeducativos, menoscabando de paso los derechos laborales de los profesionales que trabajan en ellos.

Con los cambios introducidos en el decreto, solo unos cientos de familias andaluzas podr¨¢n disfrutar de una plaza bonificada. El resto tendr¨¢ que pagar por cada hijo, una media mensual de 60 euros, cuando antes pagaba un m¨¢ximo de 24 euros. En esta situaci¨®n se encuentran todas aquellas familias con uno, dos o tres hijos, que obtengan unos ingresos anuales brutos inferiores a 12.000 euros. Es decir, una familia que se dedica a la venta ambulante que tiene unos ingresos limitados y discontinuos, con tres hijos, pasar¨¢ de pagar un m¨¢ximo de 62 euros a 180 euros mensuales.

Esta inexplicable decisi¨®n ha concitado la oposici¨®n de los padres y de la Coordinadora Regional de Escuelas Infantiles. Ambos colectivos coinciden en se?alar que la medida afectar¨¢ fundamentalmente a los m¨¢s d¨¦biles desde el punto de vista socioecon¨®mico, provocando entre otros aspectos que muchas familias con escasos ingresos no puedan enviar a sus hijos a las guarder¨ªas, que la mujer o su pareja no pueda trabajar y que se vulneren los derechos del ni?o al poner obst¨¢culos, en muchos casos insalvables, a su escolarizaci¨®n.

La Consejer¨ªa para la Igualdad ha tratado de justificar estos recortes claramente antisociales afirmando que se ha incrementado la oferta de plazas, cuesti¨®n que m¨¢s adelante comentaremos; sin embargo, nadie entiende que este pretendido aumento se haga a costa de las familias m¨¢s humildes, m¨¢xime teniendo en cuenta la ingente cantidad de dinero que dedica la Junta de Andaluc¨ªa a publicitar sus pol¨ªticas.

En lo referente al aumento de plazas de guarder¨ªa, la Consejer¨ªa para la Igualdad y Bienestar Social tampoco ha cumplido sus promesas. En el curso 2002-2003 se matricularon 25.386 ni?os en guarder¨ªas p¨²blicas y concertadas. En este curso que finaliza la Consejer¨ªa ha afirmado que se matricularon 36.145 ni?os. El aumento real ha sido de 10.759 plazas en tres cursos, lo que nos da una media de 3.586 plazas/a?o, paup¨¦rrimo balance en una parcela fundamental desde el punto de vista sociolaboral, m¨¢xime cuando la filosof¨ªa del Plan de Familia estaba encaminada a duplicar las plazas de un a?o para otro y sobre todo, a procurar que ninguna familia andaluza que lo demandara y tuviera derecho, no pudiese acceder a una guarder¨ªa p¨²blica o concertada.

Por eso, a la falta evidente de plazas en toda nuestra Comunidad Aut¨®noma, apreciamos tambi¨¦n un enorme desequilibrio entre las provincias, incluso entre zonas y ciudades de una misma provincia, donde la tasa de cobertura alcanza cantidades rid¨ªculas. Este hecho provoca en la pr¨¢ctica una situaci¨®n de discriminaci¨®n para las familias en funci¨®n del lugar en donde viven.

La Junta de Andaluc¨ªa solamente ha sido capaz de ofertar plazas en 353 de los 769 municipios que tiene Andaluc¨ªa. Esta cifra supone el 45,9% del total de municipios andaluces, por lo que las familias que viven en los restantes 416 municipios (el 54,1%) no disponen a estas alturas de una sola plaza p¨²blica o concertada. Tampoco es razonable que en 34 municipios andaluces de m¨¢s de 5.000 habitantes, no exista una sola guarder¨ªa p¨²blica o concertada.

El Partido Popular ha pedido a Chaves y a la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, que admitan su error, que escuche a los afectados y dialogue con ellos, cosa que hasta ahora no han hecho, y deje sin efecto unos recortes injustificados y claramente antisociales. Es cierto que Andaluc¨ªa ten¨ªa un Plan de Familia, pero con los recortes introducidos, ¨¦ste se halla cada vez m¨¢s lejos de las necesidades y aspiraciones de las familias andaluzas.

Santiago P¨¦rez es secretario regional ejecutivo de Educaci¨®n del Partido Popular de Andaluc¨ªa.