La pesadilla de Gabriela
Rechazada la regularizaci¨®n de la inmigrante boliviana que retorn¨® por orden judicial
La pesadilla de Gabriela Queteguari, la joven boliviana que fue expulsada de manera irregular de Espa?a y a la que una juez orden¨® que retornara a cargo del Estado, no termina. Ahora la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Guip¨²zcoa ha rechazado su regularizaci¨®n. Dice que la documentaci¨®n presentada "no acredita fehacientemente" que estuviera empadronada en territorio espa?ol con anterioridad al 8 de agosto de 2004, condici¨®n exigida por el Gobierno para la regularizaci¨®n por motivos de trabajo.
El abogado de la joven, I?aki Almandoz, presentar¨¢ la pr¨®xima semana un recurso de reposici¨®n ante la misma Subdelegaci¨®n, alegando que se est¨¢ "contradiciendo" con actuaciones anteriores en las que reconoce t¨¢citamente que Queteguari estaba en Guip¨²zcoa antes de aquella fecha. La joven fue expulsada en noviembre de 2004, despu¨¦s de que la Polic¨ªa le abriera un expediente en septiembre por haber rebasado el plazo de tres meses que pod¨ªa permanecer en Espa?a, donde entr¨® en abril de ese mismo a?o para asistir a la boda de su hermana en Ir¨²n.
La expulsi¨®n se realiz¨® sin notificarla a tiempo a su abogado, quien no tuvo, por tanto, posibilidad de tratar de suspenderla. El letrado recurri¨® la repatriaci¨®n y una juez orden¨® la devoluci¨®n de Queteguari para evitar que se viera afectada en su pretensi¨®n de regularizar su situaci¨®n en Espa?a, pues hab¨ªa empezado a trabajar en Hondarribia y su empleadora quer¨ªa contratarla.
Gabriela regres¨® a Hondarribia el pasado mes de abril y tramit¨® con ¨¦xito su empadronamiento por omisi¨®n en el Ayuntamiento de esta localidad. Para ello se sirvi¨® de la documentaci¨®n oficial elaborada para su expulsi¨®n y de la resoluci¨®n judicial que ordenaba su devoluci¨®n, en las que constaba su entrada en Espa?a en abril de 2004. Pese a ello, la Subdelegaci¨®n le deniega el permiso de residencia y trabajo solicitada por su empleadora.
[El Juzgado de lo Social n¨²mero 6 de Bilbao ha declarado improcedente el despido de una trabajadora inmigrante sin contrato y ha condenado a la empresa a readmitir a la mujer o indemnizarle con 980 euros].
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