El tripartito ratifica su decisi¨®n de liquidar las c¨¢maras urbanas

Los tres partidos que formar¨¢n el pr¨®ximo Gobierno vasco si prospera la candidatura de Juan Jos¨¦ Ibarretxe (PNV, EA y EB) han plasmado en su nuevo acuerdo program¨¢tico el compromiso de "culminar el proceso de liquidaci¨®n de las tres c¨¢maras de la propiedad urbana". El actual Ejecutivo en funciones se qued¨® a un paso de cerrar este asunto antes de las elecciones auton¨®micas, tal y como prometieron en el Parlamento. El proyecto de decreto de liquidaci¨®n, pendiente de un informe jur¨ªdico, se ha retrasado por la dificultad para darle traslado a los trabajadores afectados.

El nuevo acuerdo de gobierno de PNV, EA y EB para los pr¨®ximos cuatro a?os ha acabado con las ¨²ltimas esperanzas que ten¨ªan los actuales rectores de las C¨¢maras de la Propiedad Urbana de Vizcaya y de Guip¨²zcoa de convencer a los nacionalistas para que dieran marcha atr¨¢s. A instancias de EB, que mantendr¨¢ el Departamento de Vivienda, el texto program¨¢tico acordado recoge de manera expresa el compromiso de poner fin de las tres instituciones de defensa de los propietarios de bienes inmuebles como corporaciones de derecho p¨²blico.

Con este nuevo acuerdo para sacar adelante en el menor tiempo posible el proyecto de decreto elaborado la anterior legislatura entre Vivienda -tiene la tutela de las c¨¢maras- y Vicepresidencia, los tres partidos ponen fin a las expectativas que hab¨ªan surgido en el entorno de las c¨¢maras sobre la verdadera voluntad pol¨ªtica de PNV y EA en este asunto. Fuentes pr¨®ximas a los equipos rectores de estos organismos especulaban con la posibilidad de que, ante la bater¨ªa de recursos judiciales que tienen preparados para cuando sea aprobado el decreto, el Gobierno vasco podr¨ªa llegar a alg¨²n acuerdo previo que evitara la liquidaci¨®n.

Sin embargo los partidos del Ejecutivo se han convencido de que no se puede dilatar m¨¢s tiempo el cumplimiento de un Real Decreto-Ley de 1994, cuya vigencia fue reiterada por el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, en una resoluci¨®n de diciembre de 2002 y en el auto de ejecuci¨®n de esa sentencia, en junio de 2004. Aquel decreto-ley del ¨²ltimo Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, ratificado por el Congreso de los Diputados, estableci¨® la supresi¨®n de las C¨¢maras de la Propiedad Urbana como corporaciones de derecho p¨²blico, adem¨¢s de establecer las condiciones para la integraci¨®n en el sector p¨²blico no s¨®lo de sus trabajadores sino de parte de su patrimonio.

Precisamente el nuevo decreto, cuya aprobaci¨®n en el Consejo de Gobierno vasco se ha retrasado por diversos problemas a la hora de comunicarlo a algunos trabajadores de esos organismos, establece los l¨ªmites y las condiciones para su integraci¨®n en el sector p¨²blico y para la asunci¨®n de su patrimonio.

Patrimonio disputado

Este ¨²ltimo aspecto se plantea como una de las custiones m¨¢s controvertidas, ya que el Gobierno vasco tiene que designar qu¨¦ parte del patrimonio de las c¨¢maras se ha acumulado durante los a?os en que las cuotas eran obligatorias (por lo que deber¨ªa pasar a manos de la Administraci¨®n) y cu¨¢l a la etapa en que han funcionado como organismos de asociaci¨®n voluntaria.

El nuevo decreto establece el cese de las funciones que desempe?an actualmente las tres C¨¢maras urbanas de Euskadi. A partir de ese momento, ser¨¢ Vivienda quien asuma los servicios que desempe?an en materias como la informaci¨®n sobre los derechos y obligaciones de propietarios de bienes inmuebles, visado oficial y registro de contratos de arrendamiento. El gran cambio en la prestaci¨®n de los servicios es que ahora la ventanilla estar¨¢ abierta no s¨®lo para el propietario, sino tambi¨¦n para los inquilinos.

Por su parte, Vivienda desempe?ar¨¢ las funciones de mediaci¨®n y conciliaci¨®n en los conflictos que surjan entre los propietarios e inquilinos, siempre que las dos partes lo soliciten. Finalmente, la Administraci¨®n asumir¨¢ tambi¨¦n el registro, dep¨®sito y gesti¨®n recaudatoria de las fianzas de arrendamientos urbanos. Mientras no se produzca la incorporaci¨®n del personal al Gobierno vasco, ¨¦ste seguir¨¢ prestando sus servicios en los locales de las c¨¢maras.

El proceso de liquidaci¨®n de las c¨¢maras se aceler¨® al hacerse p¨²blica una auditor¨ªa en la que se resaltaban los graves problemas de gesti¨®n de las c¨¢maras de Vizcaya y Guip¨²zcoa. En 2003, el patrimonio de las tres sumaba 18 millones de euros y el n¨²mero de socios superaba los 200.000 ciudadanos. El personal susceptible de pasar al Gobierno supera las treinta personas.