La guerra del agua

El Gobierno ha decidido otorgar un trasvase de 82 hect¨®metros c¨²bicos a la cuenca del r¨ªo Segura desde la cabecera del Tajo para paliar los efectos de la sequ¨ªa: 39 ir¨¢n para abastecimiento, y el resto, para riego. Ni son los 160 que reclaman desde la cuenca baja del Segura (Alicante y Murcia) ni los 30 que propon¨ªa Castilla-La Mancha a condici¨®n de que fueran para consumo. Es el m¨¢s pol¨¦mico trasvase desde 1995 y, desde luego, no parece, por muy salom¨®nica que sea la decisi¨®n, que vaya a acabar con la guerra del agua, en la que, a diferencia de lo que ocurri¨® con el trasvase del Ebro, la posici¨®n no viene fijada por los partidos, sino por el territorio. Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Barreda, la considera "irresponsable y desproporcionada", mientras que la Comunidad de Murcia, controlada por el Partido Popular, la califica de "insuficiente" y advierte que 70.000 familias perder¨¢n su sustento.

Espa?a padece periodos c¨ªclicos de sequ¨ªa y extensas zonas afrontan el peligro de la desertizaci¨®n. El agua es un recurso escaso y desigualmente repartido, que exige soluciones que tengan en cuenta la cohesi¨®n territorial. Hay que articular un mercado del agua que acabe con la ficci¨®n de que es un bien gratuito, utilizable en el campo sin barreras ni limitaciones. Tan dif¨ªcil resulta creer que 70.000 familias murcianas perder¨¢n su empleo si no se trasvasan unos cuantos hect¨®metros m¨¢s para riego como que las balsas de Murcia est¨¢n rebosantes de agua.

El ¨²ltimo episodio duro de sequ¨ªa fue en 1995. Forz¨® la aplicaci¨®n de restricciones a los abastecimientos a m¨¢s de 11 millones de personas en la mitad sur. Gobernaban los socialistas y dejaron preadjudicadas desaladoras de grandes dimensiones en el sureste, un borrador de Plan Hidrol¨®gico que Felipe Gonz¨¢lez dej¨® en el caj¨®n por los conflictos territoriales que suscit¨® entre la filas de su propio partido y tres planes de cuenca sin consensuar (Tajo, J¨²car y Segura) por las mismas razones que hoy enfrentan a la Junta de Castilla-La Mancha con los Gobiernos de Murcia y Valencia.

Diez a?os despu¨¦s, ni la derogaci¨®n del trasvase del Ebro que el PP aprob¨® vencida la segunda legislatura, cuando contaba con mayor¨ªa absoluta, ni las reformas legales introducidas en el Plan Hidrol¨®gico Nacional (PHN) para que Castilla-La Mancha acceda al uso preferencial del trasvase Tajo-Segura han servido para amainar las disputas por el uso del agua. La apelaci¨®n a la "solidaridad regional" ha desvanecido su peso en el argumentario de quienes piden agua procedente de otro territorio cuando a ese recurso se le puede obtener un beneficio adicional en zonas amenazadas de despoblaci¨®n como Arag¨®n o La Mancha, aunque la usen para campos de arroz o de golf.

El reciente decreto-ley para paliar los efectos de la sequ¨ªa en la agricultura ha condonado el coste anual de la factura del agua a los regantes, incluidos los del trasvase Tajo-Segura, que asciende a unos 20 millones de euros. ?Qu¨¦ m¨¢s solidaridad se puede pedir al conjunto de los contribuyentes? En el r¨¦gimen econ¨®mico vigente, y al margen de situaciones de emergencia donde la solidaridad debe primar por encima de todo, cualquier demanda de agua que no sea la del consumo de las poblaciones actuales y los riegos leg¨ªtimamente constituidos est¨¢ fuera de lugar.

El Gobierno ha reaccionado con rapidez ante el actual episodio de sequ¨ªa, con un decreto de ayudas a los agricultores y la agilizaci¨®n del plan de obras de desaladoras, pero se echa de menos la puesta en marcha de una figura recogida en el PHN como son los bancos p¨²blicos de agua. De haberlos activado, ser¨ªa un instrumento id¨®neo para resolver extrajudicialmente litigios como el planteado entre La Mancha y el sureste.