La hipoteca sanitaria

Traspasar la gesti¨®n sanitaria a manos privadas supone una enorme responsabilidad y obliga a la Administraci¨®n a ejercer de forma exquisita una funci¨®n de control que garantice unas prestaciones de calidad. Cualquier servicio contratado por la administraci¨®n debe ser monitorizado para tener la certeza de que es satisfactorio y en caso contrario debe haber penalizaciones.

Para esta labor, la Conseller¨ªa destac¨® un comisionado en la Uni¨®n Temporal de Empresas de Alzira pero no le dot¨® con la estructura necesaria para llevarla a cabo, o al menos no conocemos ni su dotaci¨®n ni los resultados de la actividad desarrollada desde el a?o 1999.

La Generalitat Valenciana, por sus propios medios o ajenos, est¨¢ obligada a realizar una Auditor¨ªa Integral Anual. ?Cu¨¢les han sido los resultados durante todos estos a?os??Ha habido alguna penalizaci¨®n??Por qu¨¦ la Conseller¨ªa no rinde cuentas de la gesti¨®n econ¨®mica de Alzira escud¨¢ndose en que la UTE es una empresa privada y por tanto no est¨¢ obligada a ello?

Las apariencias indican que hay una cierta dejaci¨®n en su responsabilidad de control p¨²blico sobre las prestaciones sanitarias en el ¨¢rea de La Ribera y una falta de transparencia, especialmente en la gesti¨®n econ¨®mica, sin embargo, recientemente y a trav¨¦s de todos los medios de comunicaci¨®n, nuestro conseller justificaba la ampliaci¨®n a atenci¨®n primaria y la extensi¨®n a D¨¦nia y Torrevieja en base a unos "excelentes resultados en las encuestas de satisfacci¨®n", suponemos que se ha hecho un estudio comparativo de Alzira con al menos otra ¨¢rea sanitaria, y a "un ahorro de un 20% para la Conseller¨ªa de Sanitat". Estas declaraciones son tan imprudentes como las que en forma reiterada se han venido realizando por los anteriores consellers respecto a las habitaciones individuales con acompa?ante en el Hospital de la Ribera, afirmaciones que desde hace alg¨²n tiempo no aparecen en los medios de comunicaci¨®n, precisamente porque han sido retiradas progresivamente las camas del acompa?ante en la mayor parte de ellas, para ubicar a dos pacientes en unas habitaciones de dimensiones m¨¢s reducidas que las de cualquier hospital p¨²blico, con lo que la confortabilidad es claramente inferior en Alzira.

Creemos pues que dichas declaraciones no se corresponden con la realidad, como ya ocurri¨® el 10 de marzo al afirmar que daba por cumplido en un 97% el plan cuatrienal de humanizaci¨®n de la asistencia, por el que en 2001 se hab¨ªan prometido habitaciones individuales en nuestros hospitales, cuando conocemos que hay cuatro camas por habitaci¨®n en la Malvarrosa y en algunas ¨¢reas del Hospital General de Valencia o tres camas por habitaci¨®n en Salud Mental del Provincial de Castell¨®n y en la mayor parte del pabell¨®n de Rehabilitaci¨®n de La Fe. Hay distancia entre las afirmaciones el pasado 13 de abril del secretario de la Agencia Valenciana de Salud, en el Colegio de M¨¦dicos de Alicante, situando a nuestra Comunidad en el cuarto lugar de las comunidades aut¨®nomas en cuanto a recursos de Cuidados Paliativos, y la realidad de que con 6 camas por mill¨®n de habitantes estamos a la cola del pa¨ªs, se?alando los expertos un d¨¦ficit de entre cuatrocientas y quinientas camas para esa parcela de la atenci¨®n sanitaria.

En nuestra opini¨®n, la reciente ampliaci¨®n de las concesiones administrativas por quince a?os a empresas privadas y por tanto con ¨¢nimo de lucro, tiene mucho que ver con la evoluci¨®n de la deuda p¨²blica en nuestra Comunidad y con las obligaciones contra¨ªdas con el gobierno central para alcanzar el equilibrio presupuestario.

En el ¨²ltimo informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a diciembre de 2003, se se?alaba que las obligaciones contables con cargo a ejercicios futuros ascend¨ªan a 14.447 millones de euros (2,5 billones de pesetas) y seg¨²n la informaci¨®n emitida por el Banco de Espa?a representaba el 11,2% del PIB, lo que supon¨ªa que cada valenciano deber¨ªa pagar 2.057 euros para cancelar dicha deuda, frente a los 1.202 euros que corresponder¨ªa a cada espa?ol para saldar la del conjunto del estado, situaci¨®n que con toda seguridad ha empeorado en el 2004, pues sabemos por el informe del Banco de Espa?a que en nuestra comunidad somos l¨ªderes destacados en volumen de la deuda que ha alcanzado el 12% del PIB, frente a la media del conjunto de las comunidades Aut¨®nomas que es de un 6,5%.

Este crecimiento espectacular de la deuda ha motivado declaraciones como las de la Federaci¨®n Espa?ola de Empresas de Tecnolog¨ªa Sanitaria (FENIM) denunciando que en 2004 superaba ya los 520 millones de euros, con una demora media de 2 a?os en el pago, estim¨¢ndose que en 2005 alcanzar¨¢ los 700 millones de euros, o las de hace unas semanas del presidente de la Federaci¨®n Valenciana de Municipios y Provincias, Miguel Ortiz, del Partido Popular, reclamando al Consell la deuda pendiente de 1,5 millones de euros con su federaci¨®n, y tambi¨¦n ha sido la causa de una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia, que atendiendo al recurso presentado por Baxter, como consecuencia del impago de facturas correspondientes a material sanitario suministrado en 2001, condena a la Conselleria de Sanitat a abonar 404.461 euros, m¨¢s los intereses legales de demora a partir de junio de 2002. Es esta situaci¨®n econ¨®mica la que ha anulado pr¨¢cticamente las posibilidades inversoras de la Generalitat que ha necesitado nuevas formas de financiaci¨®n y motivado, a nuestro juicio, la ampliaci¨®n y extensi¨®n de la concesi¨®n administrativa a Alzira, D¨¦nia y Torrevieja, lo que constituye la mayor agresi¨®n al Sistema Sanitario P¨²blico de la ¨²ltima legislatura y una hipoteca inaceptable de todos los valencianos para los pr¨®ximos quince a?os.

Isidoro Rodr¨ªguez Nieto es presidente de ACDESA (acdesa@ono.com).