Nosotros, el jurado

A Michael Joe Jackson le absolvi¨® un jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres. Acusado por un fiscal incompetente de haber abusado sexualmente de un menor de edad, el desva¨ªdo int¨¦rprete de Thriller hab¨ªa despedido a varios abogados hasta que dio con un aut¨¦ntico profesional, Thomas Mesereau, quien enseguida supo poner en evidencia a la madre del presunto perjudicado: la dama buscaba dinero, no justicia. Casi todos los restantes testigos del fiscal compart¨ªan motivos torcidos, pues, como la madre de marras, eran ex empleados de Jackson, Para colmo, alguna de las v¨ªctimas putativas -como Macaulay Culkin, el posni?o de Solo en casa- neg¨® indignada la acusaci¨®n.

A Kobe Bryant, escolta titular de los Lakers de Los ?ngeles, le hab¨ªa ocurrido algo parecido meses atr¨¢s: acusado de haber violado a la joven empleada de un hotel en el que se albergaba, consigui¨® que su abogado desmontara la imputaci¨®n con pruebas bochornosas sobre la falta de credibilidad de la denunciante, y el caso se hundi¨® justo antes de la selecci¨®n de un jurado que jam¨¢s habr¨ªa comprado la tesis de la mujer. ?sta, de acuerdo con pruebas de ADN propuestas por la defensa de Bryant, hab¨ªa tenido relaciones sexuales con un tercero muy poco despu¨¦s de la presunta violaci¨®n.

Con carreras congeladas y sueldos homog¨¦neos por arriba la independencia de los jueces y magistrados aumentar¨ªa mucho

La verdad: ignoro qu¨¦ habr¨ªa pasado si ambos acusados, en lugar de enfrentarse a un jurado, hubieran tenido que v¨¦rselas ante un tribunal integrado por jueces de carrera, como sucede normalmente en Espa?a. Tampoco creo que lo sepa nadie.

Y es que si los jurados son impresionables, nuestros jueces funcionarios resultan presionables por donde m¨¢s les duele: su carrera. Los grupos de presi¨®n, la prensa, la clase pol¨ªtica o el mismo Consejo General del Poder Judicial pueden hacer trizas su futuro si arremeten contra un par de sentencias inesperadas que no gustan.

La ventaja del jurado es que se disuelve despu¨¦s de dictar su veredicto, y si te he visto, no me acuerdo. As¨ª, no hay manera humana de ejercer presi¨®n sobre ¨¦l.

?Quiere ello decir que, en Espa?a, deber¨ªamos generalizar los juicios de jurado a todo proceso penal? No lo creo. La cultura legal angloamericana tiene dos rasgos destacados que no compartimos: amor a la verdad y pasi¨®n por los hechos. En este pa¨ªs, perjurar sale gratis y discutimos mucho m¨¢s sobre las esencias que sobre la realidad. Propendemos a juzgar a los dem¨¢s por lo que creemos que son, no por lo que se prueba que han hecho. As¨ª las cosas, prefiero sentencia de juez a veredicto de jurado.

Sin embargo, convendr¨ªa reforzar la independencia real de los jueces espa?oles. El deplorado espect¨¢culo de docenas de probos magistrados enviando se?ales incesantes al poder para conseguir un ascenso o un nombramiento es una lacra de la justicia espa?ola en la que nadie parece haber parado mientes.

Los mecanismos institucionales para incrementar el grado de independencia judicial en sistemas como el espa?ol ya est¨¢n inventados y no costar¨ªa mucho llevarlos a la pr¨¢ctica. La reforma m¨¢s b¨¢sica consistir¨ªa en quebrantar la idea misma de carrera judicial acort¨¢ndola de forma dr¨¢stica y congel¨¢ndola luego para siempre. La idea es doble, pero muy sencilla: primero, una juez de primera instancia e instrucci¨®n, pongamos por caso, desempe?ar¨ªa su funci¨®n en dos o tres destinos, como m¨¢ximo, y durante unos 10 o 12 a?os, al cabo de los cuales ser¨ªa objeto de una evaluaci¨®n en la que se tendr¨ªan en cuenta su eficiencia y el porcentaje de resoluciones confirmadas por los tribunales superiores. Si pasara el examen con nota, la interesada ascender¨ªa, pero -y esto es crucial- s¨®lo una vez. A partir de su primera promoci¨®n las probabilidades de todo ascenso ulterior deber¨ªan ser estad¨ªsticamente despreciables. A cambio, su sueldo deber¨ªa casi tan elevado como el de los magistrados de los m¨¢s altos tribunales del pa¨ªs.

Con carreras congeladas y sueldos homog¨¦neos por arriba, la independencia real de los jueces y magistrados aumentar¨ªa mucho. Los incentivos suelen funcionar m¨¢s o menos de la misma forma en toda la especie humana. Los jueces no son excepci¨®n.

En este pa¨ªs, acaban de entrar en vigor las piezas esenciales de la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n Integral contra la Violencia de G¨¦nero, esto es, las de orden penal. La ley es pol¨¦mica, pero hoy no tocan ni censuras ni loas. S¨®lo corresponde poner de manifiesto que la ley echa un reto descomunal a la independencia judicial: como en los casos de los dos personajes famosos que mencionaba al inicio, la nueva regulaci¨®n incentiva denuncias de mala fe, pues asocia muchas ventajas econ¨®micas y familiares a la condena penal del presunto maltratador, embarullando motivos e intereses privados con los p¨²blicos. Nuestros jueces van a necesitar toda la cobertura del mundo para mantener su independencia inc¨®lume ante el fuego graneado de grupos de inter¨¦s que van a presionarles lo indecible. Como lo sab¨ªan de sobras, no ha habido muchos voluntarios a ocupar las plazas de Juzgados de Violencia sobre la Mujer y ¨¦stas han debido cubrirse por el sistema de colgarle el muerto a los juzgados de creaci¨®n m¨¢s reciente. Conservo cierta fe en que, con discreci¨®n y prudencia, conseguir¨¢n un cierto equilibrio. Mejorar¨ªa si les garantiz¨¢ramos m¨¢s independencia. Buena falta hace.

Pablo Salvador Coderch es catedr¨¢tico de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra.