El Gobierno quiere establecer una pasant¨ªa y una prueba para el ejercicio de la abogac¨ªa

El Gobierno planea endurecer el acceso a la abogac¨ªa de los licenciados en Derecho estableciendo la obligaci¨®n de hacer una pasant¨ªa y de superar una prueba general para ejercer de abogado y procurador. As¨ª lo recoge el borrador del Anteproyecto de Ley sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, elaborado por el Ministerio de Justicia, que prev¨¦ presentarlo en breve al Consejo de Ministros. El Gobierno del PP ya intent¨® una reforma similar en 2003, as¨ª como incluir estos cambios en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia en 2001, a lo que se opuso el PSOE.

La carrera de Derecho no bastar¨¢ para ejercer como abogado, como ocurre en la actualidad. Si este proyecto sale adelante, los estudiantes deber¨¢n realizar cursos de formaci¨®n en universidades o escuelas de pr¨¢ctica jur¨ªdica, que deben incluir una pasant¨ªa en un despacho de abogados. Posteriormente, deber¨¢n superar una evaluaci¨®n general de acreditaci¨®n profesional.

En Espa?a hay 78 centros universitarios que imparten Derecho (17 de ellos pertenecen a universidades privadas) y cursan esta carrera 129.743 estudiantes, 120.204 de ellos en universidades p¨²blicas, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Consejo de Coordinaci¨®n Universitaria. El n¨²mero de abogados colegiados en Espa?a asciende a 148.543, seg¨²n datos del Consejo General de la Abogac¨ªa.

El pasado d¨ªa 30 de junio se celebr¨® en Gran Canaria la Asamblea de Decanos de Derecho de Espa?a, en la que el ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, comunic¨® a los participantes los planes del Ejecutivo. Estos decanos est¨¢n divididos entre los que defienden el modelo nuevo que se plantea y los que consideran que no se debe distinguir entre t¨ªtulo universitario y profesional.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa?olas (CRUE), Juan V¨¢zquez, no ha querido pronunciarse sobre esta cuesti¨®n m¨¢s all¨¢ de asegurar que la CRUE "no ha sido consultada formalmente y no ha tomado una posici¨®n". "Es un tema trascendental y las universidades siempre hemos defendido que los t¨ªtulos habiliten para el acceso al mercado laboral y que esta regulaci¨®n tendr¨¢ que encajarse en la nueva estructura de grado y posgrado", a?ade.

El borrador de anteproyecto al que ha tenido acceso este peri¨®dico (fechado este mes) se?ala que esta reforma entrar¨¢ en vigor a los cinco a?os de su publicaci¨®n en el BOE y que no afectar¨¢ a los abogados y procuradores que est¨¦n colegiados cuando entre en vigor o hayan estado colegiados en el pasado al menos durante un a?o. ?stos son los principales aspectos que recoge el texto:

- Acceso a la profesi¨®n. El texto distingue entre t¨ªtulo universitario y profesional. Crea los t¨ªtulos profesionales de abogado y de procurador. "La obtenci¨®n de estos t¨ªtulos ser¨¢ requisito imprescindible para la colegiaci¨®n en los correspondientes colegios profesionales". El anteproyecto argumenta que esta reforma es necesaria para la homologaci¨®n con la UE y recuerda que el Pacto de Estado sobre la Justicia de 2001 prev¨¦ "f¨®rmulas homologadas con los pa¨ªses de la UE para garantizar la preparaci¨®n para el ejercicio de la profesi¨®n".

- Pasant¨ªa. Para obtener el t¨ªtulo de abogado o procurador habr¨¢ que tener el grado de derecho y acreditar "la capacitaci¨®n profesional mediante la evaluaci¨®n regulada por esta ley". Esa capacitaci¨®n se obtendr¨¢ "a trav¨¦s de la realizaci¨®n de cursos de formaci¨®n homologados por el Ministerio de Justicia".

Estos cursos deber¨¢n incluir "un periodo m¨ªnimo de pasant¨ªa en la abogac¨ªa o en la procura" y podr¨¢n ser organizados por las universidades p¨²blicas o privadas y por las escuelas de pr¨¢ctica jur¨ªdica que hayan sido homologadas por el Consejo General de la Abogac¨ªa o de la Procura y que hayan firmado un convenio con alguna universidad p¨²blica o privada. La pasant¨ªa debe ser una "pr¨¢ctica profesional externa" y tendr¨¢ que "constituir un tercio, al menos, del contenido formativo de los cursos".

Para organizar estos cursos, las universidades deben suscribir adem¨¢s un convenio con un colegio profesional de abogados o procuradores. Los pasantes tendr¨¢n tutoresm, que ser¨¢n abogados o procuradores colegiados con un ejercicio profesional superior a cinco a?os.

- Evaluaci¨®n general. "Para garantizar la capacitaci¨®n profesional del graduado en derecho se incluye al final del periodo formativo pr¨¢ctico una evaluaci¨®n de naturaleza general, creando a tal fin una comisi¨®n plural con importante representaci¨®n de los sectores universitarios y profesionales afectados".

Las evaluaciones ser¨¢n como m¨ªnimo anuales y "no podr¨¢n establecer un n¨²mero limitado de plazas". Las comisiones de evaluaci¨®n ser¨¢n convocadas por el Ministerio de Justicia y habr¨¢ una para por cada comunidad aut¨®noma, pero el contenido de la evaluaci¨®n ser¨¢ ¨²nico para todo el territorio espa?ol.

- Becas. "Se establecer¨¢ un sistema de becas o ayudas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, destinado a remover los obst¨¢culos de orden socioecon¨®mico" que impidan realizar los cursos regulados en esta ley.