Espa?a tiene m¨¢s de 40.000 tel¨¦fonos fijos y m¨®viles controlados por orden judicial

Alrededor de 37.000 tel¨¦fonos m¨®viles y 3.500 l¨ªneas fijas est¨¢n controlados por orden judicial en Espa?a. Las compa?¨ªas telef¨®nicas y de Internet se?alan que t¨¦cnicamente es posible cumplir la nueva regulaci¨®n que prepara la Uni¨®n Europea para obligarles a llevar un registro de datos obligatorio durante al menos un a?o, aunque se disparar¨¢n los gastos. Seg¨²n las operadoras, ¨¦stos podr¨ªan superar los 20 millones de euros. Incluso podr¨ªan aumentar si se toman otras iniciativas como la de obligar a los clientes de prepago a identificarse, lo que supondr¨ªa sacar del anonimato a 16 millones de usuarios.

M¨¢s de 40.000 tel¨¦fonos fijos y m¨®viles est¨¢n interceptados por orden judicial en Espa?a, seg¨²n los datos de las operadoras correspondientes a 2004. Aunque se supone que todos los costes del seguimiento de estos n¨²meros corren a cargo del Estado, en realidad, la Administraci¨®n s¨®lo se hace cargo del importe de las llamadas desviadas, mientras que el resto (personal, inform¨¢tica, etc¨¦tera) corre a cargo de las compa?¨ªas.

Tal vez por eso, y aunque todas las operadoras consultadas (telefon¨ªa fija, m¨®vil e Internet) coinciden en que cumplir¨¢n la ley estrictamente, las compa?¨ªas temen que la nueva legislaci¨®n que prepara la Uni¨®n Europea sobre el control de datos electr¨®nicos de las comunicaciones de todos los abonados dispare los costes.

Actualmente, las compa?¨ªas registran los datos de conexi¨®n y tr¨¢fico (n¨²mero de origen y destino de la llamada, duraci¨®n, hora y lugar) por motivos comerciales y de facturaci¨®n por un tiempo medio de tres meses, aunque la ley les autoriza a tener esos datos durante un periodo m¨¢ximo de 12 meses. S¨®lo en casos selectivos o bajo orden judicial se guardan durante un plazo superior.

Si se materializa la directiva de la Uni¨®n Europea para obligar a las compa?¨ªas a retener obligatoriamente los datos de todas las comunicaciones, las compa?¨ªas deber¨¢n afrontar un gasto superior a 20 millones de euros, seg¨²n su propia estimaci¨®n.

La parte m¨¢s gruesa de ese gasto corresponde a las operadoras de telefon¨ªa m¨®vil que deben controlar 39 millones de n¨²meros en movimiento. En este punto, las operadoras -Telef¨®nica M¨®viles, Vodafone y Amena- no se ponen de acuerdo en el coste que supondr¨ªa el registro de la localizaci¨®n de todas las llamadas durante un a?o.

La localizaci¨®n de un m¨®vil se lleva a cabo mediante el control de la se?ales de una celda, espacio de cobertura asociado a cada antena, con un margen que puede ir desde los 200 metros (en zonas urbanas) a kil¨®metros (en zonas rurales). Un rango ¨²til pero mucho m¨¢s impreciso del sistema GPS que utilizan los navegadores.

Ahora el servicio de localizaci¨®n ya funciona comercialmente, aunque debe ser contratado expresamente por el usuario. Tambi¨¦n est¨¢ permitido en las llamadas al tel¨¦fono de emergencias. En el resto de los casos, debe existir una orden judicial.

Las compa?¨ªas de m¨®viles tambi¨¦n tendr¨ªan que afrontar un gasto considerable si, como piden algunos pa¨ªses, se decide a obligar a todos los clientes de prepago (que s¨®lo tienen tarjeta pero no contrato) a identificarse. La medida, que ya ha sido aprobada en pa¨ªses como Suiza, forzar¨ªa a una gran campa?a de publicidad, precisar¨ªa crear nuevas bases inform¨¢ticas y movilizara numeroso personal porque cerca del 60% del total de abonados son de prepago, aunque no todos son an¨®nimos. Las compa?¨ªas priman a aquellos clientes de prepago que se identifican con regalo de minutos de tr¨¢fico, por lo que aproximadamente se tiene identificado el 30% de los mismos. En resumen, si la UE fuerza a la eliminaci¨®n del anonimato para todos los usuarios del m¨®vil, habr¨ªa que identificar a los titulares de 16 millones de tarjetas.