Los sindicatos anuncian movilizaciones si Aguirre elimina las primas al empleo estable
El Gobierno alega que Bruselas proh¨ªbe incluir ventajas en los contratos p¨²blicos
La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, va a modificar un decreto aprobado en 1998 -cuando el presidente era Alberto Ruiz-Gallard¨®n- que da m¨¢s puntos en los concursos p¨²blicos a las empresas con m¨¢s plantilla fija. El Gobierno regional asegura que se limita a obedecer a la Comisi¨®n Europea, la cual ha amenazado por escrito con suspender el pago de parte de los fondos europeos si Madrid no deroga un decreto que, a su juicio, vulnera el derecho a la libre competencia de las empresas. Los sindicatos sostienen, sin embargo, que Aguirre se escuda en "una carta de contenido impreciso" para retirar un decreto que "molesta a los constructores", y le exigen que "defienda la normativa propia hasta el final, como hizo el anterior Gobierno".
"El decreto de 1998 es consecuencia de un Acuerdo Marco por la Calidad y la Estabilidad en el Empleo que Gallard¨®n firm¨® con los sindicatos en 1997, que cost¨® mucho esfuerzo y supuso un avance considerable en la lucha contra la temporalidad. Para nosotros es como una Constituci¨®n. Si se cambia algo de ese acuerdo debe ser por consenso, no por una decisi¨®n unilateral de Aguirre. Estamos dispuestos a que se matice el decreto, pero si se suprime la referencia al empleo estable emprenderemos movilizaciones", advierte Francisco Naranjo, secretario de Comunicaci¨®n de CC OO.
"No vamos a ser nosotros quienes pongamos en peligro los fondos europeos para Madrid, pero insistimos en que el Gobierno tiene que negociar esta situaci¨®n nueva", agrega Maru Men¨¦ndez, secretaria de Pol¨ªtica Institucional de UGT. Y apostilla: "El equipo de Aguirre ha tenido una actitud negligente: no ha defendido el acuerdo que firm¨® la Comunidad hace siete a?os. No es la primera vez que Bruselas critica el decreto, pero el anterior Gobierno s¨ª pele¨® por mantenerlo. Aguirre, a la primera, aprovecha para derogarlo".
Desde la Consejer¨ªa de Hacienda, sin embargo, replican que "lo que dice Bruselas va a misa", y que el actual Gobierno regional tambi¨¦n ha luchado por mantener el decreto "hasta que ya no ha sido posible". "Durante todos estos a?os, la Comisi¨®n se ha limitado a mandar escritos advirtiendo de que el decreto vulnera las normativas europeas. Pero es que ahora ha dado un paso m¨¢s: en una carta enviada el pasado abril al Ministerio de Econom¨ªa, y que ¨¦ste nos ha reenviado a nosotros, amenaza con retirar parte de los fondos europeos", explica la directora general de Patrimonio de la Comunidad, Mar¨ªa Antonia Aguado.La carta que ha decidido al Gobierno regional a iniciar el proceso de modificaci¨®n del decreto de 1998 lleg¨® al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda el pasado 6 de abril, firmada por la directora de Pol¨ªtica Regional de la Comisi¨®n Europea, Katarina Mathernov¨¢. En ella se explica que Bruselas lleva siete a?os intercambi¨¢ndose cartas con la Comunidad de Madrid a cuenta del decreto 213/1998, de 17 de diciembre, y que su conclusi¨®n es que ¨¦ste incurre en "infracci¨®n constatada" de la normativa europea.
Ese decreto establece en su art¨ªculo 2 que, en cualquier concurso p¨²blico, las empresas con m¨¢s empleo fijo recibir¨¢n hasta un 20% m¨¢s de puntos. Apenas aprobado, la Confederaci¨®n Nacional de la Construcci¨®n lo impugn¨® ante la Uni¨®n Europea. "Casualmente la patronal de la construcci¨®n, el sector que m¨¢s empleo temporal y m¨¢s ¨ªndice de siniestralidad tiene. Por tanto, el m¨¢s perjudicado por un decreto que premia el empleo estable", subrayan los sindicatos.
Pero la Comisi¨®n da la raz¨®n a los constructores, y todos estos a?os ha sostenido que el decreto va contra las reglas europeas de la libre competencia, que admiten s¨®lo criterios t¨¦cnicos y econ¨®micos a la hora de adjudicar un contrato. Ahora, reza el escrito, la UE "est¨¢ a punto de iniciar la tramitaci¨®n de una denuncia contra el Reino de Espa?a ante el Tribunal de Justicia Europeo". Y agrega: "Le informo de que la Comisi¨®n no puede, a partir de este momento, proceder al pago intermedio de las medidas, en el marco del DOCUP Madrid Objetivo 2, que son objeto del procedimiento de infracci¨®n".
Viaje a Bruselas
La directora general de Patrimonio, Mar¨ªa Antonia Aguado, se desplaz¨® a Bruselas el pasado 19 de mayo, junto a otros dos representantes del Gobierno regional y uno de la Abogac¨ªa del Estado, para confirmar el alcalce de las amenazas de la Comisi¨®n Europea. "Hablamos con el departamento de Defensa de la Competencia, y nos dejaron muy claro que la Comunidad lleva siete a?os incumpliendo la normativa europea en materia de contratos p¨²blicos. Incluso el abogado del Estado coincidi¨® con nosotros en que, si no retiramos el decreto, el procedimiento de infracci¨®n que ha abierto Europa puede acabar en una sanci¨®n considerable", asegura Aguado.
A la vuelta de ese viaje, el Gobierno regional inici¨® "por la v¨ªa de urgencia" el proceso para modificar el decreto de 1998, incorporando al texto una disposici¨®n adicional que precise que las primas al empleo estable en los concursos p¨²blicos "no ser¨¢n de aplicaci¨®n a los contratos que sean cofinanciados con fondos procedentes de la Uni¨®n Europea".
Esa propuesta de modificaci¨®n fue enviada al Consejo Econ¨®mico y Social (CES) de la Comunidad, que emiti¨® un informe el 21 de junio en el que va bastante m¨¢s all¨¢: aprueba la propuesta de modificaci¨®n del decreto pero a?ade que mantener los beneficios a las empresas con m¨¢s plantilla fija en ciertos contratos (los no cofinanciados por la UE) supondr¨ªa seguir vulnerando la normativa europea. Por ello, insta al Gobierno regional a "reconsiderar" en su totalidad el art¨ªculo 2 del decreto de 1998.
El Ejecutivo de Aguirre a¨²n no ha decidido si har¨¢ caso a esa recomendaci¨®n del CES, que no es vinculante. Pero la directora general de Patrimonio afirma: "Probablemente habr¨¢ que suprimir todo el art¨ªculo, s¨ª. Nuestra intenci¨®n era salvarlo al m¨¢ximo posible, y lo hemos demostrado. Pero es cierto que si la normativa se vulnera, se vulnera en todos los casos. Y no podemos arriesgarnos a que nos abran otro expediente dentro de un tiempo".
Los sindicatos advierten de que, si finalmente se entierra el decreto de 1998, lo considerar¨¢n una declaraci¨®n de guerra. "Estamos dispuestos a matizar los baremos del 20% en los concursos, incluso a que se suspenda la prima en los contratos cofinanciados mientras se sigue negociando con Bruselas. Pero no toleraremos de ninguna manera que se suprima el art¨ªculo 2 entero", subraya Maru Men¨¦ndez, de UGT. "Saldremos a la calle", anuncia Francisco Naranjo, de CC OO.
A todo esto, nadie parece tener claro cu¨¢nto dinero podr¨ªa perder Madrid si la UE lleva a t¨¦rmino su amenaza. Los fondos del Objetivo 2 a los que se refiere la carta de abril, destinados a fomentar "la competitividad y el empleo", suponen un 14% de todo el dinero europeo percibido por la Comunidad de Madrid (412 millones de euros, de los 2.967 millones asignados para el periodo 2000-2006), seg¨²n datos de la Direcci¨®n General de Asuntos Europeos. Pero responsables de este departamento auton¨®mico explicaron a EL PA?S que no todos los contratos incluidos en el Objetivo 2 estar¨ªan en peligro.
"La carta de abril era ambigua. Por eso hace unos d¨ªas, a principios de julio, la Comisi¨®n Europea envi¨® otro escrito al ministerio aclarando que en ning¨²n momento ha querido decir que vaya a suspender todos los fondos, sino s¨®lo aquellos pagos de contratos cofinanciados por Bruselas y en los que se constate que la aplicaci¨®n del decreto de 1998 ha supuesto la discriminaci¨®n de una empresa en favor de otra", se?alan estos responsables. Seg¨²n la Consejer¨ªa de Hacienda, la aplicaci¨®n de las ventajas al empleo estable resultan "claves" para dirimir los contratos "en un 15% o 20%" de los casos.
Segundo frente: el criterio ambiental
Durante casi cinco a?os, entre diciembre de 1998 y mayo de 2003, el Gobierno regional, presidido entonces por el hoy alcalde Alberto Ruiz-Gallard¨®n, estuvo cruz¨¢ndose cartas con la Comisi¨®n Europea para defender la posibilidad de primar en los contratos p¨²blicos a las empresas con m¨¢s empleo estable.
Bruselas sostuvo desde el principio, en respuesta a la petici¨®n de ayuda de la patronal de la construcci¨®n, que el decreto madrile?o vulneraba la libre competencia porque incorporaba "criterios sociales", y no s¨®lo "econ¨®micos y t¨¦cnicos", para adjudicar contratos. Y la respuesta de la Comunidad de Madrid siempre fue la misma: el empleo estable puede considerarse un criterio econ¨®mico y t¨¦cnico porque una empresa con m¨¢s plantilla fija rinde m¨¢s y proporciona mejores servicios.
Ahora, desde el Ayuntamiento, Ruiz-Gallard¨®n ha retomado ese razonamiento, esta vez aplicado a la protecci¨®n del medio ambiente: el gobierno municipal aprob¨® el pasado d¨ªa 8 un "c¨®digo de buenas pr¨¢cticas ambientales" para dar m¨¢s puntos en los contratos p¨²blicos a las empresas que incorporen criterios de sostenibilidad, como el uso de materiales reciclados y energ¨ªas renovables, la reducci¨®n de residuos o el dise?o bioclim¨¢tico de los edificios.
Esta vez, el equipo de Gallard¨®n conf¨ªa en no ser amonestado por Europa, entre otras cosas porque la directiva europea aprobada el a?o pasado sobre contratos incluye por primera vez, entre los criterios de adjudicacion evaluables, las "caracter¨ªsticas medioambientales" de los proyectos.
La concejal de IU Concha Denche subray¨® ayer que ese c¨®digo de buenas pr¨¢cticas "s¨®lo es, hoy por hoy, un compendio de filosof¨ªa, un futurible m¨¢s de los muchos que lanza el PP", y exigi¨® que "se plasme de manera urgente en los pliegos de condiciones de los contratos".
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