La lengua de signos podr¨¢ usarse en servicios b¨¢sicos

Las personas sordas tendr¨¢n derecho a utilizar la lengua de signos espa?ola y a disponer de int¨¦rpretes y medios de apoyo (como ayudas t¨¦cnicas para la comunicaci¨®n) en servicios b¨¢sicos como la educaci¨®n, la salud o los transportes y en sus relaciones con las Administraciones P¨²blicas. As¨ª figura en el anteproyecto de ley que reconoce la lengua de signos espa?ola y regula el derecho a su aprendizaje y uso, una veterana reivindicaci¨®n del colectivo. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera, lo present¨® ayer al Consejo Nacional de la Discapacidad junto con el texto que regular¨¢ las sanciones para quienes discriminen a una persona con discapacidad.

El anteproyecto reconoce y regula "la lengua de signos espa?ola como lengua de las personas sordas en Espa?a que libremente decidan utilizarla". Establece medidas y garant¨ªas para que puedan emplearla "en todos los ¨¢mbitos p¨²blicos y privados". Tambi¨¦n fija las medidas para que estas personas puedan hacer uso de medios de apoyo. El ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la norma ser¨¢n los bienes y servicios a disposici¨®n del p¨²blico, los transportes, las relaciones con las administraciones p¨²blicas y las telecomunicaciones y sociedad de la informaci¨®n.

La futura ley garantizar¨¢ la utilizaci¨®n de int¨¦rpretes de la lengua de signos en la educaci¨®n, la sanidad (las personas sordas deber¨¢n solicitarlo en los centros sanitarios que atienden a estos ciudadanos), los transportes (en las estaciones y aeropuertos grandes) y en las relaciones con las Administraciones P¨²blicas. En el caso de la administraci¨®n de justicia se promover¨¢ la disponibilidad de servicios de int¨¦rprete previa solicitud. Si se pide con antelaci¨®n, tambi¨¦n habr¨¢ int¨¦rprete en reuniones plenarias de las Cortes, o las asambleas auton¨®micas cuando en ellas participen personas sordas.

En la Secretar¨ªa de Estado de Servicios Sociales aseguran que, una vez aprobada la futura ley, las medidas se pondr¨¢n en marcha con celeridad. Sin embargo, el anteproyecto se remite a los plazos (de tres a 17 a?os) para lograr la accesibilidad que constan en la ley de no discriminaci¨®n de 2003.