"La reforma del PSOE aumentar¨¢ la politizaci¨®n de la Justicia"

El presidente del alto tribunal vasco, Fernando Ruiz Pi?eiro (Madrid, 1958) recibe a EL PA?S en su despacho 17 meses despu¨¦s de su toma de posesi¨®n. Algunos de los temas pol¨¦micos siguen a¨²n encima de la mesa -caso Atutxa- y otros acaban de hacerse un hueco en la agenda: la reforma de la Justicia proyectada por el PSOE. Aunque no habla de "cesi¨®n al chantaje de los nacionalistas" como el PP, dice que la reforma "esconde algo, porque los argumentos dados por el Gobierno sobre la proximidad y de adecuaci¨®n de la Justicia al Estado auton¨®mico son falsos".

Pregunta. ?Cree que algunos pronunciamientos de miembros del Gobierno vasco sobre actuaciones de la Audiencia Nacional o del Consejo del Poder Judicial deslegitiman la justicia?

"?Todas las mujeres que ponen una denuncia deber¨ªan ser escoltadas? Ser¨ªa ideal, ?pero el Gobierno puede hacerlo? Los recursos son escasos"

"La designaci¨®n parlamentaria de los consejos auton¨®micos conlleva una politizaci¨®n evidente de esos ¨¢mbitos de gobierno del Poder Judicial"

"La ley de Partidos y los cambios en el C¨®digo Penal han puesto a ETA y su mundo en una situaci¨®n de mucha mayor debilidad que antes"

Respuesta. Cualquier declaraci¨®n que ponga en cuesti¨®n el sistema es muy negativa porque se transmite a los ciudadanos que no se aceptan las reglas y se desestabiliza el sistema.

P. Esas declaraciones vienen acompa?adas de un proyecto de nuevo Estatuto en el que se exige un Poder Judicial propio.

R. El Poder Judicial no es transferible porque es la garant¨ªa del sistema constitucional, si lo fuese, dejar¨ªa de ser garant¨ªa y de vertebrar el Estado. Y poner en solfa la actuaci¨®n de un tribunal es muy desafortunado. Cuando un pol¨ªtico dice que un juez dicta sentencia al albur de una opci¨®n pol¨ªtica se equivoca y busca una rentabilidad a corto plazo. Las resoluciones se pueden criticar, pero no es posible poner en cuesti¨®n la honorabilidad de un juez o achacarle un delito.

P. En septiembre se va a entrevistar de nuevo con el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. ?Qu¨¦ peticiones concretas le va a hacer?

R. Es claro que en el pasado ha habido una modernizaci¨®n de los edificios judiciales, pero en materia de informatizaci¨®n, en lo que hace a?os fuimos punteros, nos hemos empezado a quedar atr¨¢s. En dotaci¨®n de medios estamos a un nivel bastante bueno y se ha inyectado mucho dinero. Pediremos a Azkarraga nuevos equipos y programas inform¨¢ticos, correos electr¨®nicos con m¨¢s capacidad. Antes de la reuni¨®n de septiembre, la Sala de Gobierno har¨¢ un encuentro monogr¨¢fico para definir las peticiones.

P. ?Los cambios legales impulsados por el PP ha sido eficaces en la lucha contra el terrorismo o han menoscabado los derechos civiles?

R. Los resultados est¨¢n ah¨ª. La ley de Partidos ha supuesto un gran avance en la lucha contra el terrorismo. Hay que respetar la opci¨®n del legislador, que representa a la sociedad. El C¨®digo Penal es uno de los cuerpos legislativos que m¨¢s modificaciones sufre y eso obedece a la pol¨ªtica criminal que lleva cada gobierno. La situaci¨®n del terrorismo y del mundo que le rodea es de mucha mayor debilidad que hace ocho a?os.

P. El PNV le dio la bienvenida diciendo que iba a seguir con lupa su trabajo. ?Se ha sentido vigilado?

R. Es una sensaci¨®n que se puede tener siempre. En mi etapa de diez a?os en la Sala de lo Contencioso nos pronunciamos sobre asuntos de gran trascendencia social como el derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n. Y de antemano sab¨ªamos que ¨ªbamos a ser criticados. No tengo ahora una sensaci¨®n distinta. No creo que el PNV haya estado pendiente de mis cosas.

P. Lo preguntaba m¨¢s por su decisi¨®n en el caso Atutxa, que ha supuesto que la causa contin¨²e.

R. Siempre he desempe?ado mi papel con absoluta independencia de cualquier opci¨®n pol¨ªtica. El auto de febrero de revocaci¨®n del archivo dictado por la instructora no ha tenido cr¨ªticas jur¨ªdicas. Probablemente, porque jur¨ªdicamente es impecable.

P. Pero es un caso que sirve como bot¨®n de muestra de lo que se conoce como politizaci¨®n de la justicia. Ah¨ª esta la posici¨®n "vol¨¢til" de la Fiscal¨ªa, que con el PP en el poder acusaba y ahora ya no.

R. Desconozco las motivaciones de la Fiscal¨ªa para actuar as¨ª. Pero los datos est¨¢n ah¨ª, la fiscal¨ªa inicia la causa, amplia la querella a otros tres parlamentarios y, finalmente, no recurre el archivo. Y cuando la causa sigue adelante, la Fiscal¨ªa decide no presentar acusaci¨®n. El cambio de criterio es evidente, pero los motivos los debe explicar el fiscal. Todos los fiscales generales han sido acusados por la oposici¨®n de estar politizados y a las ¨®rdenes del Gobierno. Es un problema de dif¨ªcil soluci¨®n. No se me ocurre ni pensar que ning¨²n fiscal general act¨²e por directrices directas del Gobierno.

P. Ha dicho usted que la reforma de la Justicia anunciada por el Gobierno es en parte inconstitucional y ampliar¨¢ la politizaci¨®n ya existente. Algunos han ido m¨¢s lejos y la han tachado de "golpe de Estado" y de "cesi¨®n al chantaje de los nacionalistas"

R. Ja, ja ja. Bueno, sin conocer su contenido concreto, lo que ha aparecido en los medios es muy preocupante. Tengo serias dudas de la constitucionalidad de los Consejos auton¨®micos y de los jueces de proximidad. Nadie discute ya el grado de politizaci¨®n al que se ha llegado en el Consejo General del Poder Judicial, lastrado por la f¨®rmula de designaci¨®n de sus miembros por el ¨¢mbito pol¨ªtico. Quien piense que crear 17 consejos con designaci¨®n parlamentaria en un tercio no conlleva no ya el riesgo, sino la evidencia absoluta de que se multiplica por 17 la politizaci¨®n, se autoenga?a..

P. ?Y los argumentos del Gobierno para justificar la reforma?

R. La reforma tiene un calado tremendo, pero los argumentos son mentira. Hablan de descentralizaci¨®n del Poder Judicial y de acercar la Justicia al ciudadano. Ninguno es cierto. El Poder p¨²blico m¨¢s descentralizado en Espa?a es el Judicial. Lo que quiere el Gobierno es vestir la moto ante los ciudadanos para vender la reforma. ?Qu¨¦ m¨¢s acercamiento hay al ciudadano que tener juzgados en todos los municipios de Espa?a! No existe ning¨²n poder p¨²blico que tenga esa cercan¨ªa al ciudadano. Habr¨¢ otras motivaciones; un columnista apuntaba que el motivo era el control de la Administraci¨®n de justicia por parte del Gobierno. Yo no lo s¨¦, pero el Gobierno oculta algo.

P. ?La cesi¨®n a los nacionalistas que denuncia el PP, tal vez?

R. Yo ah¨ª ni entro ni salgo. La reforma no obedece a lo que ha dicho el Gobierno.

P. ?Y los juzgados de proximidad?

R. Fue el PSOE el que suprimi¨® en 1989 los juzgados de distrito. Aquello fue un error. Ahora parece querer recuperarlos, pero con un problema a?adido: que esos jueces no ser¨¢n de carrera, profesionales, ser¨¢n jueces provisionales.

P. Ser¨¢n cubiertas por juristas de reconocido prestigio.

R. ?Pero alguien se cree que un abogado de reconocido prestigio va a dejar de ganar dinero en su bufete para encargarse de causas menores como juez? El ciudadano debe exigir jueces profesionales. Y no me vale que sean causas menores, para cada ciudadano su asunto es el m¨¢s importante y es normal que pida que se lo resuelva un juez profesional El colmo de los desprop¨®sitos es que ese juez sea nombrado por los ayuntamientos, con el riesgo de politizaci¨®n que supone.

P. La Fiscal jefe alert¨® el a?o pasado del incremento de la violencia de g¨¦nero. Entonces hab¨ªa 2.524 denuncias, la memoria de 2004 contabiliza 3.465. Las medidas adoptadas son insuficientes para combartir esta lacra.

R. Las soluciones judiciales no van a resolver problemas como este. Hay que educar en las familias y en las escuelas para evitar que se produzca esta violencia o la que se ejerce tambi¨¦n con los menores, por ejemplo.

P. Su discurso parece lastrado por el pesimismo. Y la cifra de los cad¨¢veres de mujeres sigue creciendo. La opini¨®n p¨²blica exige parar esta sangr¨ªa.

R. Pero se ha avanzado mucho: cada vez son m¨¢s las mujeres que denuncian, aunque hay muchas que siguen sufriendo esa violencia en silencio. Las medidas de protecci¨®n, los nuevos juzgados especializados en esta violencia, los tel¨¦fonos m¨®viles para las v¨ªctimas, son medidas positivas. Pero evitar que se produzca esta violencia en un seno tan ¨ªntimo como el hogar es muy dif¨ªcil. ?Todas las mujeres que ponen una denuncian tienen que ser escoltadas? Ser¨ªa ideal, ?pero las administraciones pueden hacerlo? Los recursos son escasos.

P. Ya se generaliz¨® esta medida para los cargos amenazados por ETA o para los jueces.

R. Es una opci¨®n pol¨ªtica, claro. Los medios que hacen falta son ingentes, pero se evitar¨ªan muertes, claro. Hay otros ¨¢mbitos con componentes tambi¨¦n muy dram¨¢ticos, como la violencia que sufren los menores, que igual es mayor. Tiene una trascendencia impresionista esta otra violencia. Un informe del Consejo del Poder Judicial revelaba que de 100 casos estudiados de violencia contra menores, en la inmesa mayor¨ªa de ellos el menor volv¨ªa al d¨ªa siguiente o pasadas unas horas con el familiar que le maltrataba, sin que la fiscal¨ªa ni nadie hiciera nada.