La fiscal¨ªa acusa de prevaricaci¨®n a los dos ¨²ltimos alcaldes marbell¨ªes
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha presentado una querella por prevaricaci¨®n contra la alcaldesa de Marbella, Marisol Yag¨¹e, su antecesor en el cargo, Juli¨¢n Mu?oz, y otros siete concejales del actual equipo de gobierno por la adjudicaci¨®n directa a la empresa Construcciones Brick 2.000, SL de varios inmuebles que eran de propiedad municipal en pago de una deuda por obras realizadas en el municipio. El caso fue denunciado el pasado abril por el PP. Yag¨¹e asegur¨® ayer que no se cometi¨® ninguna irregularidad. "Seguro que la comisi¨®n de gobierno ha hecho lo que sea legal para saldar una deuda que hab¨ªamos heredado", declar¨®.
Seg¨²n se recoge en la querella, en julio de 2002 el entonces alcalde de Marbella, Juli¨¢n Mu?oz, firm¨® un convenio con Construcciones Brick 2.000 por el que se compromet¨ªa a enajenar en p¨²blica subasta determinados inmuebles municipales para obtener dinero con el que liquidar la deuda de 860.492 euros contra¨ªda con esta empresa. La subasta se declar¨® desierta y en mayo de 2003, Mu?oz entreg¨® a la empresa un local ubicado en el s¨®tano de un edificio en Nueva Andaluc¨ªa, dos ¨¢ticos en Banana Beach y otra vivienda en el edificio Napole¨®n para saldar la deuda.
Curiosamente, el local de Nueva Andaluc¨ªa fue arrendado en octubre de 2003 -con Yag¨¹e ya en la alcald¨ªa- al Ayuntamiento a cambio de una renta anual de 50.400 euros. Pero Construcciones Brik 2.000 aleg¨® que sobre el local pesaba una orden de embargo de 674.000 euros cuando le fue cedido. Por esa cuesti¨®n, el local en cuesti¨®n estaba embargado, motivo por el que en octubre de 2004 el Ayuntamiento y la empresa firmaron un nuevo convenio para permutar el local por dos ¨¢ticos de lujo situados en la urbanizaci¨®n Lunamar.
El convenio cont¨® entonces con los informes contrarios del interventor y secretario municipales e incluso la Junta de Andaluc¨ªa lleg¨® a pedir a Yag¨¹e que revocase el acuerdo.
Verdadero art¨ªfice
La fiscal¨ªa, que considera a Mu?oz como el "verdadero art¨ªfice de la trama", estima que los concejales marbell¨ªes cometieron un delito de prevaricaci¨®n al adjudicar directamente a Construcciones Brick 2.000 las viviendas municipales, tras declarar desierta la subasta, en cuyo caso debieron abrir el procedimiento negociado para asegurar la concurrencia de otros interesados.
Entre los siete concejales querellados, miembros todos ellos de la comisi¨®n de gobierno, figuran los dos primeros tenientes de alcalde, la ex socialista Isabel Garc¨ªa Marcos y el andalucista Carlos Fern¨¢ndez.
La actual alcaldesa, Marisol Yag¨¹e, insisti¨® en que el acuerdo fue legal y que lo ¨²nico que hizo fue buscar una soluci¨®n a un problema heredado para evitar que la empresa pudiese exigir responsabilidades al Ayuntamiento por estafa, puesto que el local que le cedi¨® su antecesor estaba embargado.
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