El libro de la luz
Cualquier conocedor del mercado el¨¦ctrico espa?ol apreciar¨¢ que el diagn¨®stico contenido en el Libro Blanco de la Generaci¨®n El¨¦ctrica es correcto y preciso. Dos empresas (Endesa e Iberdrola) tienen absoluto dominio del mercado, la fijaci¨®n del precio del kilovatio producido est¨¢ enturbiada por los costes de transici¨®n a la competencia aceptados por gobiernos anteriores y las tarifas no recogen adecuadamente los costes de generaci¨®n.
Aunque las protestas de las empresas pueden hacer pensar lo contrario, las medidas recomendadas no son extempor¨¢neas. Los contratos regulados, la recomendaci¨®n de criterios firmes para garantizar la calidad del suministro, el reforzamiento legal de un precio r¨ªgido para la energ¨ªa hidroel¨¦ctrica o nuclear -para evitar que las compa?¨ªas obtengan beneficios disparatados de las centrales amortizadas-, la oposici¨®n a las fusiones y el l¨ªmite a la cuota de electricidad que cada empresa puede aportar al sistema forman parte de cualquier manual de racionalidad econ¨®mica para actuar en un mercado cerrado con dominio evidente de dos grandes compa?¨ªas.
La sugerencia de una revisi¨®n -al alza- de tarifas tiene su l¨®gica. La pol¨ªtica de rebaja de tarifas tuvo sentido mientras no aumentaron los costes de generaci¨®n y bajaron los tipos de inter¨¦s. Pero hoy aparecen centrales con costes m¨¢s elevados -el gas, por ejemplo- que no caben en tales costuras; y la aplicaci¨®n continuada de pol¨ªticas de precios sin matices ha terminado por anular la eficacia de los mensajes econ¨®micos o los incentivos del precio.
El Libro Blanco es s¨®lo un repertorio de recomendaciones para cambiar el pintoresco mercado el¨¦ctrico; no es una ley, ni un decreto ley, ni una disposici¨®n legal. Huelgan pues las advertencias apocal¨ªpticas de las empresas, con expresiones tales como "intervencionismo" o "ataque al mercado". Si se extrema la severidad, cabe reprochar al texto cierto academicismo, afici¨®n por la complejidad y el hecho de que sea dif¨ªcil traducir las opciones propuestas en decretos o directrices. El problema principal que plantea es su viabilidad pol¨ªtica. Una aplicaci¨®n rigurosa del texto obligar¨ªa a reformar radicalmente la ley del sector el¨¦ctrico de 1997, puesto que sus recomendaciones tienen repercusiones no s¨®lo sobre la producci¨®n, sino tambi¨¦n sobre la distribuci¨®n. No es de extra?ar que el Ministerio de Industria, poco d¨²ctil en t¨¦rminos t¨¦cnicos pero muy ¨¢gil en detectar riesgos pol¨ªticos, se haya dado un tiempo para digerir el texto y calcular qu¨¦ aplicaciones son posibles.
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