El juez imputa al ex consejero Ignasi Farreres, de Uni¨®, en el 'caso Turismo'
El que fue titular de Trabajo, acusado de "malversaci¨®n"
El juez de instrucci¨®n por el caso Turismo ha revelado supuestos nuevos episodios de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos que se produjeron en el Departamento de Trabajo de la Generalitat cuando gobernaba CiU. El juez imputa a quien fue su titular, el democristiano Ignasi Farreres, los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n por encargar cuatro estudios a empresas dirigidas por dos de los acusados del caso Turismo.
Las investigaciones judiciales del caso Turismo, de supuesta desviaci¨®n de las ayudas que reparti¨® el Consorcio de Turismo de Catalu?a, han dado a conocer un nuevo caso de malversaci¨®n de dinero p¨²blico durante la gesti¨®n de CiU en la Generalitat. Esta vez, el juez que instruy¨® el caso Turismo, Francisco Gonz¨¢lez Ma¨ªllo, imputa los delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de caudales de la Generalitat y falsedad documental a Ignasi Farreres, que fue consejero de Trabajo y presidente de Uni¨® Democr¨¤tica de Catalu?a (UDC).
Farreres fue el responsable del Departamento de Trabajo durante 11 a?os, entre 1988 y 1999, y dimiti¨® de la presidencia del partido democristiano tras hacerse p¨²blico el denominado caso Pallerols, de supuesto financiamiento irregular de Uni¨® Democr¨¤tica a trav¨¦s de las subvenciones que repart¨ªa el Departamento de Trabajo para realizar cursos de formaci¨®n ocupacional. El juez imput¨® ayer al ex consejero por haber adjudicado durante su mandato cuatro estudios jur¨ªdicos de dudosa utilidad a dos empresas vinculadas a militantes de UDC imputados tambi¨¦n por el caso Turismo.
Las empresas adjudicatarias (Gestumer y Socesca) eran dirigidas por V¨ªctor Manuel Lorenzo Acu?a y Santiago Vallv¨¦, que meses atr¨¢s se sentaron en el banquillo de los acusados en el juicio por el caso Turismo, cuyo fallo se har¨¢ p¨²blico en septiembre. El juez constata que ambas empresas son "las mismas adjudicatarias que cobraron en su d¨ªa del Consorcio de Turismo de Catalu?a determinades cantidades que se consideraron delictivas".
Las dos empresas facturaron en 1995 al Departamento de Trabajo entre 5.500 y 6.000 euros por cada uno de los cuatro informes que elaboraron. De ¨¦stos, llegaron a entregar ¨²nicamente uno, que el auto define como un "burdo plagio" de documentaci¨®n ya existente.
Asimismo, las sociedades adjudicatarias Gestumer y Socesca, seg¨²n el auto del juez, "carec¨ªan de infraestructura y de especializaci¨®n para realizar estudios". En su d¨ªa, el juez defini¨® Gestumer como "una mera pantalla para desviar dinero p¨²blico".
El auto judicial tambi¨¦n recuerda que en ninguna de las adjudicaciones de la Generalitat consta "la justificaci¨®n de la necesidad del gasto ni su finalidad". Asimismo reconoce que el consejero Farreres adjudic¨® la realizaci¨®n de estos informes d¨¢ndose "una apariencia de concurrencia de ofertas que, indiciariamente, no es tal".
Adem¨¢s de Farreres, el auto tambi¨¦n imputa al entonces secretario general de Trabajo e Industria, Josep Maria Servitje, por realizar los informes propuestos y dar el visto bueno a las facturas que permitieron el cobro, y a los dirigentes de las empresas adjudicatarias, Lorenzo Acu?a y Vallv¨¦.
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