Luz verde a la Carta de Barcelona
La Carta de Barcelona encara la recta final tras la aprobaci¨®n, ayer, del proyecto de ley por el Consejo de Ministros. Ahora falta que el texto de la Ley de R¨¦gimen Especial de Barcelona sea tramitado por el Congreso de los Diputados. El alcalde de la ciudad, Joan Clos, destac¨® "el hecho hist¨®rico (...), despu¨¦s de 25 a?os trabajando por la Carta Municipal". La propia nota del Consejo de Ministros hace referencia a "la reivindicaci¨®n hist¨®rica de la capital catalana".
Llegar a un acuerdo sobre la ley de Barcelona no ha sido f¨¢cil, sino todo lo contrario, y al final, del texto consensuado por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona hace menos de un mes se descolg¨® el Partido Popular, que se abstuvo en v¨ªsperas de las elecciones gallegas alegando que se deb¨ªa mejorar. La aprobaci¨®n de la Ley de Barcelona suscit¨® ayer mismo la reacci¨®n de otras ciudades: Madrid y Valencia piden otro tanto. De hecho, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallard¨®n, ya expres¨® su voluntad de que su ciudad tenga un reconocimiento espec¨ªfico.
Clos califica la decisi¨®n de "hist¨®rica" y destaca que aportar¨¢ "m¨¢s instrumentos para afrontar los retos del futuro"
Las competencias en infraestructuras, seguridad y justicia son algunas de las que se ampliar¨¢n mediante la Carta
El Consejo de Ministros da el visto bueno al texto, que se podr¨ªa aprobar en el Congreso de los Diputados este a?o
"Barcelona podr¨¢ disfrutar de un reconocimiento como gran ciudad que nos permitir¨¢ tener m¨¢s instrumentos a nuestra disposici¨®n para afrontar los retos del futuro", resumi¨® el alcalde. Clos se mostr¨® confiado en que el Congreso de los Diputados apruebe la Carta antes de que finalice el a?o y agradeci¨® el trabajo de las administraciones y los pol¨ªticos que han participado en la redacci¨®n del anteproyecto en el ¨²ltimo a?o.
La Carta supone el reconocimiento de gran capital a Barcelona -reconoce, por ejemplo, que la ciudad real es el ¨¢rea metropolitana, en la que viven tres millones de personas- y con ello un r¨¦gimen y financiaci¨®n especial, una vieja aspiraci¨®n que tuvo su primer paso determinante en 1997, cuando el consistorio barcelon¨¦s aprob¨® el texto inicial. Un a?o despu¨¦s, en 1998, el Parlament aprob¨® la parte catalana, que en la pr¨¢ctica supone la creaci¨®n conjunta de consorcios entre Generalitat y Ayuntamiento para gestionar servicios. En 1999, la parte de la ley que requer¨ªa modificaciones de leyes generales se present¨® al Gobierno del Partido Popular. Durante toda la legislatura siguiente de ese partido, la ley especial de Barcelona no pas¨® de tener reconocimientos verbales, pero no se acord¨® nunca ning¨²n texto.
El actual presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, se comprometi¨® en campa?a electoral a que Barcelona ver¨ªa culminar su aspiraci¨®n. Hace un a?o se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, un proceso que, adem¨¢s, ha coincidido con la gestaci¨®n del nuevo Estatut y ha tenido cierto efecto en las mesas negociadoras, sobre todo a la hora de fijar los mecanismos de financiaci¨®n.
La Carta supone m¨¢s competencias para el Ayuntamiento de la ciudad en infraestructuras como el aeropuerto, el puerto y la red de Cercan¨ªas ferroviarias, y en el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre. Tambi¨¦n comporta cambios en la organizaci¨®n y las competencias de la Guardia Urbana -que pasar¨¢ a ser polic¨ªa judicial-, y la creaci¨®n de un cuerpo auxiliar de agentes; reconoce m¨¢s autoridad al alcalde, en especial en materia de movilidad, e introduce la justicia de proximidad, si bien esta ¨²ltima depender¨¢ de la aprobaci¨®n de la Ley de Justicia de Proximidad por el Congreso una vez que el Consejo de Ministros diese el visto bueno al proyecto de ley en la sesi¨®n de la semana pasada.
La justicia de proximidad es un modelo cuyo objetivo es resolver de forma m¨¢s r¨¢pida los peque?os conflictos y deudas, que son los que colapsan los juzgados de instrucci¨®n y civiles. As¨ª, Barcelona podr¨ªa tener 10 juzgados si sale adelante el modelo que propone la ciudad. Significa todo un cambio del sistema actual ya que los titulares de esos juzgados no ser¨¢n jueces y tendr¨¢n un mandato de siete a?os. Ser¨¢, sin duda, uno de los elementos de la Carta cuyo despliegue levantar¨¢ m¨¢s pol¨¦mica. De hecho, ya ha sucedido, puesto que ha suscitado el rechazo del sector conservador y mayoritario de la judicatura. Jueces para la Democracia, en cambio, respalda el modelo.
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