Defensa suspende a los agentes implicados en la muerte de un agricultor detenido
Interior expedienta por malos tratos a los nueve guardias imputados por la juez de Roquetas
El Gobierno decidi¨® abandonar ayer cualquier tibieza ante el esc¨¢ndalo provocado por la muerte de un detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas (Almer¨ªa) y aplicar la m¨¢xima contundencia. El ministro de Defensa, Jos¨¦ Bono, suspendi¨® de funciones por seis meses al teniente y a los siete agentes imputados por la juez (el noveno es alumno), mientras su colega de Interior, Jos¨¦ Antonio Alonso, les abri¨® expediente a todos por "trato inhumano" a un detenido. Zapatero orden¨® que sea el propio Alonso quien comparezca en el Congreso el 17 de agosto, sin esperar a septiembre.
Pasadas las 10 de la ma?ana, el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, habl¨® con el ministro del Interior, Jos¨¦ Antonio Alonso. Esa conversaci¨®n bast¨® para dar un giro radical a la estrategia informativa dise?ada el d¨ªa anterior por el Ministerio del Interior y el Grupo Socialista del Parlamento. No ser¨¢ el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien comparezca ante las Cortes, sino el propio ministro, como se anunci¨® el mi¨¦rcoles.
Y no habr¨¢ que esperar al reinicio del per¨ªodo de sesiones, en septiembre, sino que Alonso acudir¨¢ el 17 de agosto, salvo cambios de ¨²ltima hora. Zapatero inst¨® al ministro a comparecer "cuanto antes", pero Alonso le pidi¨® unos d¨ªas para que la investigaci¨®n arroje resultados firmes.
El presidente tambi¨¦n habl¨® con el titular de Defensa, Jos¨¦ Bono, a quien corresponde aplicar el r¨¦gimen disciplinario a los miembros de la Guardia Civil. Ambos coincidieron en que la gravedad del caso requer¨ªa la m¨¢xima contundencia.
Bono encarg¨® a su subsecretario, Justo Zambrana, que buscase la f¨®rmula m¨¢s adecuada. Y el Ministerio de Defensa anunci¨® a ¨²ltima hora de la ma?ana que el teniente Jos¨¦ Manuel R. y los siete agentes imputados por la juez de Roquetas de Mar quedaban suspendidos en sus funciones en aplicaci¨®n del art¨ªculo 85 de la Ley del R¨¦gimen del Personal de la Guardia Civil de 1999.
Gravedad de los hechos
La ley atribuye al ministro de Defensa la posibilidad de suspender en sus funciones a aquellos guardias que sean procesados o inculpados en un proceso penal ¨® sean objeto de un expediente gubernativo. La medida no es obligatoria, sino que depende de la apreciaci¨®n por el ministro de circunstancias tales, como "la gravedad de los hechos imputados", el perjuicio que causen dichos hechos a la imagen de la Guardia Civil o la "alarma social".
El tiempo m¨¢ximo previsto legalmente para la suspensi¨®n de funciones es de seis meses, pero podr¨ªa acortarse, si el juez exculpa a los agentes, o alargarse, si ordena una prisi¨®n preventiva de mayor duraci¨®n.
La medida no afecta al noveno agente inculpado por la muerte del detenido, ya que al tratarse de un guardia alumno y no de un funcionario de pleno derecho, tiene otro tratamiento, seg¨²n las fuentes consultadas.
Tras anunciarse la suspensi¨®n de funciones de los agentes, el Ministerio del Interior comunic¨® la apertura de un expediente gubernativo sobre los nueve guardias -en este caso, tambi¨¦n el alumno- por una falta disciplinaria muy grave.
Los expedientados habr¨ªan incurrido presuntamente en "abuso de sus atribuciones y la pr¨¢ctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios y vejatorios a las personas que se encuentren bajo su custodia".
Esta falta puede castigarse con la "p¨¦rdida de puestos en el escalaf¨®n, suspensi¨®n de empleo o separaci¨®n del servicio"; es decir, expulsi¨®n de la Guardia Civil. No obstante, el expediente no podr¨¢ resolverse hasta que concluya la investigaci¨®n judicial. La ley disciplinaria de la Guardia Civil determina que "la incoaci¨®n de un procedimiento penal no impedir¨¢ la tramitaci¨®n de expedientes disciplinarios por los mismos hechos", pero advierte que su resoluci¨®n definitiva "s¨®lo podr¨¢ producirse cuando la dictada en el ¨¢mbito penal sea firme, vinculando la declaraci¨®n de hechos probados".
Hasta ahora, s¨®lo el teniente Jos¨¦ Manuel R. hab¨ªa sido expedientado. El 26 de julio, dos d¨ªas despu¨¦s de la muerte del detenido, se le abri¨® expediente disciplinario por el "empleo de medios no reglamentarios" (una porra el¨¦ctrica y otra extensible) y por su "poca colaboraci¨®n" con el comandante que instruy¨® la investigaci¨®n interna. El teniente no fue suspendido en sus funciones, sino cesado como jefe del cuartel de Roquetas y adscrido, en comisi¨®n de servicio, al de Almer¨ªa.
El Ministerio del Interior justific¨® la adopci¨®n de nuevas medidas en base al conocimiento de la autopsia del fallecido, la imputaci¨®n de los nueve agentes por parte de de la juez y el informe elaborado por la Guardia Civil.
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