PSC y ERC mantienen el pulso sobre las competencias de la Oficina Antifraude

La Oficina Antifraude del Gobierno ha llegado en dos ocasiones a las puertas del Consell Executiu. Y corre el riesgo de eternizarse y abrir una nueva brecha -otra- en la maltrecha carrocer¨ªa del tripartito catal¨¢n. Si la semana pasada el departamento del primer consejero ten¨ªa ya ultimado el anteproyecto de ley, ayer por la tarde el secretario del Gobierno, Ernest Maragall, se present¨® con "40 enmiendas", seg¨²n Esquerra. ERC y PSC manten¨ªan por tanto su pulso en la tarde de ayer sobre un asunto previsto para ser abordado hoy en la reuni¨®n del Consell Executiu.

El almuerzo de ayer en la Casa dels Canonges entre la c¨²pula del Gobierno catal¨¢n y la posterior sobremesa sembraron de nubarrones el futuro de la Oficina Antifraude. Esquerra est¨¢ dispuesta a hacer casus belli del borrador del anteproyecto de ley cerrado a finales de julio y acabado de perfilar la pasada semana. Mientras, por parte del PSC, Ernest Maragall cree que el texto es perfectible y que muchas de las competencias de la oficina -que depender¨ªa de un departamento en manos de Esquerra- ya las tienen otros organismos existentes. La tensi¨®n que parec¨ªa conjurada desde la semana pasada, volvi¨® a aflorar.

Y todo ello sucede en ¨¦pocas poco propicias para que el tripartito evidencie debilidades: en v¨ªsperas de la Diada y del dictamen del Consejo Consultivo sobre el Estatut.

El pulso lleg¨® ayer a tales extremos que Esquerra amag¨® con hacer llegar el texto al Parlament a sabiendas de que los votos de Converg¨¨ncia i Uni¨® -deseosa de poner a prueba los pies de barro del tripartito- har¨ªan prosperar la iniciativa. En un ¨²ltimo intento de salvar la situaci¨®n, Ernest Maragall y el republicano Xavier Vendrell, secretario general del departamernto del primer consejero, volvieron a encerrarse por en¨¦sima vez, conscientes del rid¨ªculo pol¨ªtico de que no se cumpliera la profec¨ªa, anunciada por el propio Gobierno, de que hoy se aprobar¨ªa el anteproyecto de la Oficina Antifraude.

A la tensi¨®n de ayer se lleg¨® despu¨¦s del esfuerzo negociador desarrollado por ERC y PSC a finales de julio. Ese anteproyecto, al que ha tenido acceso este diario, buscaba el consenso entre el Departamento de Interior, cuya titular es la socialista Montserrat Tura, y el del primer consejero, el republicano Josep Bargall¨®. Por este motivo, el texto establec¨ªa que la Oficina Antifraude "podr¨¢" crear una unidad propia de mossos d'esquadra, pero que este paso deber¨ªa hacerse "a propuesta del Departamento de Interior y previo informe del director o directora de la Oficina".

Adem¨¢s, se pospon¨ªa hasta el desarrollo de la norma de creaci¨®n de la Oficina la decisi¨®n sobre qui¨¦n ocupar¨¢ el mando de esta unidad de los Mossos: el Departamento de Interior o el director de la Oficina Antifraude. El redactado s¨®lo especificaba que la norma de creaci¨®n de la oficina "podr¨¢ determinar que la unidad dependa funcionalmente del director o directora de la Oficina Antifraude".

Este punto no es una cuesti¨®n balad¨ª, pues la titular de Interior, Montserrat Tura, manifest¨® el pasado mes de julio serias dudas sobre la idoneidad de que exista una unidad de los Mossos que trabaje lejos del control de su departamento, que dirige el conjunto del cuerpo policial. Mientras Tura defend¨ªa mantener el control directo sobre todas y cada una de las unidades de la polic¨ªa auton¨®mica, el primer consejero, Bargall¨®, sosten¨ªa que la independencia de esta unidad anticorrupci¨®n s¨®lo pod¨ªa garantizarse si estaba a las ¨®rdenes del director de la Oficina Antifraude.

Pero ¨¦ste no es ¨²nico escollo en la creaci¨®n del organismo que debe velar por la buena gesti¨®n de los fondos p¨²blicos que maneja la Administraci¨®n catalana. La elecci¨®n del director de la Oficina Antifraude y su grado de dependencia del Gobierno tambi¨¦n han causado no pocos conflictos en el seno del tripartito. Finalmente, y seg¨²n el citado borrador del proyecto, la oficina estar¨ªa adscrita al Parlament y ser¨¢ la misma C¨¢mara la que elija, por una mayor¨ªa de tres quintas partes, a su director o directora. Los candidatos al cargo los escoger¨¢ el primer consejero y, de ser elegidos, podr¨¢n permanecer en la direcci¨®n del organismo un m¨¢ximo de dos mandatos de seis a?os cada uno. La relaci¨®n de la Oficina Anfifraude con el Gobierno se har¨¢, siempre seg¨²n el proyecto, a trav¨¦s del primer consejero.

Estos puntos fueron objeto de intensas discusiones en el seno del Ejecutivo, los departamnentos de Maragall y Bargall¨®. Maragall, partidario inicialmente de crear una oficina m¨¢s dependiente del Gobierno, cedi¨® ante los sectores de Esquerra, defensores de dejar clara la adscripci¨®n del organismo al Parlament.El mayor motivo de tensiones en socialistas y republicanos son las discrepancias sobre el alcance de las investigaciones de la oficina. Mientras que Bargall¨® era partidario de una oficina que pudiera investigar tanto a la Generalitat como a los municipios, Maragall defend¨ªa centrar el trabajo del organismo en la Administraci¨®n auton¨®mica. Aunque las espadas segu¨ªan ayer en alto, el art¨ªculo 3 de la ley de creaci¨®n de la oficina -de respetarse en su redactado- no deja lugar a dudas: "La oficina antifraude podr¨¢ conocer las actividades del sector p¨²blico de Catalu?a, que incluye la Generalitat, sus organismos y entidades dependientes o vinculadas, las corporaciones locales y sus organismos o entidades dependientes".

La ley establec¨ªa, adem¨¢s, que la oficina podr¨¢ investigar a cualquier persona u organizaci¨®n cuyos ingresos procedan, al menos en un 50%, de subvenciones p¨²blicas.

Aunque estaba ya previsto en el Pacto del Tinell para la constituci¨®n de un gobierno catalanista y de izquierdas, el parto de la Oficina Antifraude est¨¢ siendo mucho m¨¢s largo de lo que en su d¨ªa imaginaron los socios del tripartito. Tras los hundimientos del t¨²nel del metro en el barrio del Carmel de Barcelona y las sospechas de mala gesti¨®n y fraude en esta y otras obras p¨²blicas, la creaci¨®n de la oficina se ha convertido en una prioridad para el sector republicano del Gobierno, que hasta ahora ha sido el que ha perdido cotas de poder en cada una de las crisis que ha protagonizado.

La Oficina Antifraude es la bandera con la que ERC pretende pasar a la ofensiva, frente a la actitud reticente del PSC. A ello se ha sumado la falta de referentes, lo que suma al riesgo de eternizar un proyecto de ley que deb¨ªa estar listo la pasada primavera.

A falta de limar discrepancias, lo que s¨ª tiene claro el Gobierno catal¨¢n es qui¨¦n debe dirigir esta oficina. Se trata de David Mart¨ªnez Madero, de 41 a?os, miembro de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y experto en investigaci¨®n de delitos econ¨®micos. Aunque su nombramiento no est¨¢ oficialmente confirmado, todos los partidos en el Gobierno ven con buenos ojos que sea este fiscal, nacido en El Masnou (Maresme), quien se ocupe de una oficina cuyo responsable no podr¨¢ estar afiliado a ning¨²n partido ni sindicato ni permanecer vinculado con la carrera judicial o fiscal.

Colaboraci¨®n

Pero sea quien sea el futuro responsable de la Oficina, la ley -de acuerdo con el redactado del anteproyecto inicial- le amparar¨¢ para lograr la colaboraci¨®n de altos cargos, funcionarios y de todos los ciudadanos en general. Y es que, seg¨²n el anteproyecto de ley que ultima el Gobierno, quien se niegue a colaborar con la oficina o no aporte informaci¨®n que se estime relevante para alguna investigaci¨®n podr¨¢ incurrir en responsabilidades penales y administrativas.

La memoria anual del organismo tambi¨¦n servir¨¢ para denunciar de forma detallada las personas o entidades que se hayan negado a aportar la informaci¨®n requerida.

Los ¨²ltimos esfuerzos del Gobierno catal¨¢n con relaci¨®n a la oficina antifraude se centran en delimitar estrictamente su ¨¢mbito de actuaci¨®n para no invadir competencias de la Sindicatura de Cuentas o del S¨ªndic de Greuges. Asimismo, se est¨¢ acabando de dise?ar la f¨®rmula para que esta oficina pueda relacionarse con la Administraci¨®n central si las investigaciones que lleve a cabo lo requieren. As¨ª, el proyecto de ley recoge que la Oficina "cooperar¨¢" con la Administraci¨®n del Estado, de la cual "podr¨¢ pedir datos y antecedentes cuando ¨¦stos le sean necesarios para el ejercicio de las funciones y potestades que la ley le otorga en el ¨¢mbito de Catalu?a".