La educaci¨®n abre el oto?o parlamentario

El debate parlamentario de la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE), con la que el Gobierno persigue dar un nuevo vuelco a toda la educaci¨®n no universitaria, ser¨¢ uno de temas m¨¢s pol¨¦micos de la actualidad pol¨ªtica de los pr¨®ximos meses. La intenci¨®n del Ejecutivo es aprobar esta ley con el m¨¢ximo consenso posible antes de que finalice el a?o. Tambi¨¦n empezar¨¢ en los pr¨®ximos meses la discusi¨®n de la reforma de la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU), cuyo texto a¨²n no ha hecho p¨²blico el ministerio (a pesar de que preve¨ªa hacerlo en la primavera pasada), as¨ª como el futuro mapa de carreras adaptado al espacio com¨²n europeo. Las subcomisiones del Consejo de Coordinaci¨®n Universitaria propusieron la reorganizaci¨®n de los t¨ªtulos, reduciendo el 40% de los actuales. Una macrocomisi¨®n de expertos presentar¨¢ en oto?o su propuesta definitiva y posteriormente el Ministerio de Educaci¨®n tendr¨¢ la ¨²ltima palabra.

El debate en el Congreso se centrar¨¢ en la laicidad y la situaci¨®n de la red p¨²blica

El primer borrador de la reforma universitaria se presentar¨¢ en las pr¨®ximas semanas

La LOE ser¨¢ el centro de atenci¨®n en el Parlamento y en la calle. Ya han convocado diversos grupos cat¨®licos una manifestaci¨®n en contra de la norma. En el Congreso, de entrada, el l¨ªder del PP, Mariano Rajoy, -que fue ministro de Educaci¨®n durante un a?o en la pasada legislatura- ya ha anunciado que su grupo presentar¨¢ una enmienda a la totalidad de la ley por "romper la unidad de Espa?a". Un argumento basado en la idea de que esta reforma reducir¨¢, seg¨²n vaticina el PP, los contenidos m¨ªnimos que deben estudiar todos los alumnos de Espa?a, que representan el 65% en las comunidades aut¨®nomas con una lengua oficial y el 55% en las que tienen dos. El establecimiento de esa gran parte de las asignaturas que forman esos contenidos y del n¨²mero de horas que las integran es una de las pocas competencias que le quedan al Ministerio de Educaci¨®n.

Lo cierto es que el texto de la LOE no dice que se vayan a reducir estos contenidos, pero tampoco recoge la misma redacci¨®n de este aspecto que incluy¨® el PP con su ley educativa, la Ley Org¨¢nica de Calidad de la Educaci¨®n (LOCE). La nueva norma hace referencia a que estos contenidos ser¨¢n los m¨¢ximos comunes (dice que "no requerir¨¢n m¨¢s del 55% de los horarios comunes") y la LOCE, que promovi¨® el PP en la pasada legislatura, dice que ser¨¢n los m¨ªnimos comunes (a ¨¦stos "les corresponde en todo caso el 55%").

Lo cierto es que la redacci¨®n de la nueva ley es la misma que figuraba en la Ley Org¨¢nica de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo (LOGSE), la norma que hicieron los socialistas en 1990 y en la que est¨¢ inspirada claramente la nueva reforma. El consenso logrado entonces -la apoyaron pr¨¢cticamente todas las organizaciones sociales y todas las pol¨ªticas, menos el PP, aunque entonces el PSOE ten¨ªa mayor¨ªa absoluta- cost¨® varios a?os de reuniones y el propio secretario de Estado de Educaci¨®n, Alejandro Tiana, ha asegurado que el Gobierno no tiene ninguna intenci¨®n de cambiar el peso de los contenidos comunes.

En cualquier caso, el argumento de la "unidad de Espa?a" ser¨¢ una de las clave en las que los populares basar¨¢n su oposici¨®n a la ley educativa en el Senado.

S¨ª es una realidad que la LOE es b¨¢sicamente una ley de m¨ªnimos, algo que no disgusta a los nacionalistas catalanes y vascos con los que el partido socialista ya ha mantenido de manera informal los primeros contactos con vistas al debate parlamentario. Se trata de una norma que da libertad a las comunidades aut¨®nomas en aspectos clave del sistema educativo, como las repeticiones de curso (decidir¨¢n si repiten o no los alumnos que suspendan tres asignaturas, puesto que con dos no se repetir¨¢ y con cuatro ser¨¢ obligatorio), las recuperaciones de junio o septiembre (podr¨¢n mantenerlas o quitarlas), la divisi¨®n de alumnos (podr¨¢n decidir si distribuyen en dos aulas a los alumnos de cada clase para las horas de ingl¨¦s, matem¨¢ticas o lengua, por ejemplo) o el establecimiento de asignaturas optativas adicionales. Las autonom¨ªas tambi¨¦n pueden decidir si el dinero que reciban del Estado para financiar la gratuidad de la educaci¨®n infantil de 3 a 6 a?os lo destinan a crear plazas en centros concertados o p¨²blicos.

La financiaci¨®n de la reforma ser¨¢ otro aspecto clave del debate. La memoria econ¨®mica de la ley prev¨¦ 6.031 millones para financiarla, pero el Estado pagar¨¢ s¨®lo el 58% de esa cantidad. La gratuidad de la educaci¨®n de 3 a 6 a?os (un aspecto que ya incluy¨® el PP en la Ley de Calidad, pero no financi¨®, y que los socialistas han mantenido) se lleva la mayor parte del presupuesto que paga el Gobierno central. Sin embargo, casi la mitad de lo que costar¨¢n los programas de refuerzo y las medidas de apoyo al profesorado, los otros dos cap¨ªtulos de financiaci¨®n, deber¨¢n pagarlo las comunidades.

El Ministerio de Educaci¨®n no ha logrado el consenso de las organizaciones sociales para apoyar esta ley. Las patronales de la ense?anza han sido las m¨¢s cr¨ªticas, especialmente la Confederaci¨®n Espa?ola de Centros de Ense?anza (CECE) -a la que pertenecen muchos colegios vinculados al Opus Dei- y la confederaci¨®n cat¨®lica de padres de alumnos (Concapa). Tampoco est¨¢ de acuerdo la federaci¨®n mayoritaria de los centros privados concertados, FERE-CECA, una organizaci¨®n m¨¢s abierta al consenso. Estas asociaciones har¨¢n presumiblemente, en los pr¨®ximos meses, un frente com¨²n junto al PP contra ley.

El acuerdo parlamentario para apoyar esta ley se presenta complicado. Por un lado, ERC e IU creen que debe hacerse una mayor apuesta por el laicismo y por la educaci¨®n p¨²blica, de forma que se exija, por ejemplo, un mayor control de las admisiones de alumnos mediante comisiones, una distribuci¨®n igualitaria de los alumnos inmigrantes en todos los centros y un presupuesto que garantice el impulso de la educaci¨®n p¨²blica, actualmente inmersa en el desprestigio y en la falta de recursos en muchas comunidades aut¨®nomas. En el otro lado est¨¢n los convergentes catalanes y el PNV, partidos que presumiblemente defender¨¢n el apoyo a la concertada. Lo claro es que una ley aprobada s¨®lo con los votos del PSOE, ERC e IU pocas posibilidades tendr¨ªa de permanencia a largo plazo, una demanda de toda la comunidad educativa tras los vaivenes legales actuales.