Los profesionales no son la causa del d¨¦ficit

En el actual y muy candente debate pol¨ªtico y social sobre la financiaci¨®n de la sanidad p¨²blica, los m¨¦dicos desear¨ªamos algo m¨¢s de realismo. Somos un tanto esc¨¦pticos por los t¨¦rminos en que se est¨¢ produciendo, aunque bien es cierto que ese sentimiento se contrarresta con la sensaci¨®n, positiva, de que tanto nuestros representantes pol¨ªticos como gran parte de la sociedad comienzan a ser conscientes de que tenemos un gran problema que antes o despu¨¦s habr¨¢ que resolver.

?Pero qu¨¦ es lo que se est¨¢ haciendo? Siento decir que lo ofertado por el Gobierno este s¨¢bado en la Conferencia de Presidentes es insuficiente. Son medidas a muy corto plazo. Es decir, pan para hoy y hambre para ma?ana. Nuestro criterio es que se ha pretendido atajar de modo urgente un problema para que no nos quite el sue?o durante un tiempo, que en todo caso ser¨¢ breve, porque las disfunciones b¨¢sicas relativas a la financiaci¨®n de la sanidad p¨²blica siguen ah¨ª y ser¨¢n m¨¢s tozudas que nuestro comprensible ¨¢nimo de esconder la cabeza bajo el ala y hacer como si no pasara nada.

Nuestra apuesta, puesto que hay que ser directos e ir al meollo del asunto, es que necesitamos poner en pr¨¢ctica medidas radicales consensuadas y sostenibles en el tiempo, como las que se acordaron en su d¨ªa para apuntalar el sistema de pensiones.

Las medidas a m¨¢s largo plazo que reclamamos incluyen la siempre pendiente asignatura de sacar la sanidad de la batalla pol¨ªtica diaria para afrontar sus fundamentos presupuestarios desde posiciones pr¨®ximas al sentido com¨²n de los ciudadanos, que lo ¨²nico que desean es tener el mejor servicio posible a un coste que no les exija grandes sacrificios econ¨®micos ni a ellos como individuos ni a la sociedad en su conjunto, y que, por supuesto, salvaguarde el principio de solidaridad. Esa perspectiva exige que los pol¨ªticos dejen de intentar desgastarse un d¨ªa s¨ª y el otro tambi¨¦n con pol¨¦micas est¨¦riles en los medios de comunicaci¨®n, y se centren en buscar un consenso sobre bases racionales y de pol¨ªtica a largo plazo. Porque mientras no se act¨²e as¨ª, los problemas que arrastramos llevan camino de convertirse en una bola de nieve muy dif¨ªcil de manejar.

El diagn¨®stico de por qu¨¦ ocurre lo que ocurre lo sabemos perfectamente. Las causas del gasto disparado tienen que ver con la mayor expectativa de vida y consiguiente envejecimiento de la poblaci¨®n, con el cada vez m¨¢s alto coste de las nuevas tecnolog¨ªas que se emplean en el sector, con la ampliaci¨®n del n¨²mero y calidad de prestaciones, y tambi¨¦n con el aumento de la poblaci¨®n protegida -cuatro millones desde 2001- por la llegada masiva de inmigrantes durante los ¨²ltimos a?os.

Todas esas variables se mantienen pujantes y van a seguir presionando sobre la estructura econ¨®mica de un sistema que, por cierto, podr¨ªa arrojar ¨ªndices a¨²n peores que los actuales si no fuera porque esa acrecentada y progresiva demanda asistencial se est¨¢ ofreciendo ahora con pr¨¢cticamente el mismo n¨²mero de profesionales que hace cuatro a?os.

As¨ª las cosas, y con el trabajo a?adido que nos ha ca¨ªdo encima a los profesionales, es l¨®gico que nos sintamos contrariados cuando desde altas esferas de la pol¨ªtica se ha aludido recientemente, y de forma absolutamente injustificada, a nuestros salarios como una de las "principales causas" de d¨¦ficit sanitario.

Para nosotros, las soluciones al galopante d¨¦ficit sanitario no deben pasar, claro, por congelar los sueldos de los facultativos, que son, por cierto, hasta tres o m¨¢s veces inferiores a los del Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, sino por acciones como fijar qu¨¦ prestaciones se pueden ofrecer y elevar el porcentaje del PIB p¨²blico dedicado a sanidad (en torno al 5,5% ahora) hasta hacerlo equiparable con lo que dedican a ello esas mismas naciones (entre el 7,5% del Reino Unido y el 11% de Alemania).

Asimismo, consideramos inevitable una nueva cultura de gesti¨®n del sistema p¨²blico que favorezca una mayor implicaci¨®n tanto de los profesionales como de la sociedad civil, cuya principal representaci¨®n en este caso deber¨ªan ser las asociaciones de consumidores y pacientes. Hay que poner fin a un modo de hacer que hasta ahora ha estado en manos de t¨¦cnicos y economistas, y que, por lo que se ve, no funciona.

Creemos, en este sentido, que a los m¨¦dicos se nos deber¨ªa permitir imbricarnos m¨¢s en el d¨ªa a d¨ªa de la administraci¨®n del sistema, aunque s¨®lo sea porque desde nuestra posici¨®n privilegiada estamos en inmejorables condiciones para detectar las bolsas de ineficiencia y de gasto no justificado que anidan en ¨¦l.

Por ¨²ltimo, creemos que no se debe descartar a priori la introducci¨®n de mecanismos que consideren una ampliaci¨®n de la participaci¨®n econ¨®mica de los ciudadanos en determinados servicios, limitada ahora a los medicamentos y no en todos los casos. Una de las v¨ªas m¨¢s propicias para dar pasos en esa direcci¨®n ser¨ªa, por ejemplo, todo lo relacionado con la hosteler¨ªa hospitalaria.

Reconocemos que sobre esta y otras eventuales modalidades de copago es f¨¢cil incurrir en la demagogia, pero estamos convencidos de que la mayor¨ªa de los ciudadanos entender¨ªan ciertas medidas si se les explicaran bien, fuesen equitativas con arreglo a la renta de los ciudadanos y tuvieran como ¨²nico norte el sostenimiento en las mejores condiciones posibles del sistema p¨²blico de salud.

Carlos Amaya es secretario general de la Confederaci¨®n Estatal de Sindicatos M¨¦dicos (CESM).