La Audiencia Nacional condena a Altadis por contrabando cometido por un directivo

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a Altadis (antes Tabacalera) como responsable civil subsidiaria de un delito de contrabando de tabaco cometido por el jefe del departamento de Exportaci¨®n de la empresa, Jos¨¦ Mar¨ªa Mart¨ªnez Ruiz, en connivencia con un grupo organizado de contrabando. El juzgado ha deferido la determinaci¨®n de la cuota aduanera y tributaria defraudada por su empleado a la fase de ejecuci¨®n de sentencia. La organizaci¨®n obtuvo con el contrabando beneficios de m¨¢s de 31 millones de euros (5.185 millones de pesetas).

La sentencia condena a 12 integrantes de un grupo organizado dedicado, por una parte, a la introducci¨®n clandestina y masiva de labores de tabaco de procedencia extracomunitaria en territorio espa?ol, y por otro, a la adquisici¨®n a Tabacalera (antes de denominarse Altadis) de diferentes partidas de tabaco con destino declarado a la exportaci¨®n, pero que realmente se desviaban al mercado clandestino nacional para su posterior venta a otros pa¨ªses comunitarios.

Esta segunda forma operativa, consist¨ªa en contactar con Tabacalera a trav¨¦s de intermediarios y hacer figurar como adquirentes a empresas ficticias con sede en pa¨ªses no comunitarios que aparentaban comprar el tabaco con destino a la exportaci¨®n. Es decir, a trav¨¦s de una empresa ficticia como Imexpa, con domicilio social declarado en Tetu¨¢n (Marruecos), se adquir¨ªan miles de cajas de tabaco con destino final declaro en Angola. Pero la mercanc¨ªa nunca sal¨ªa legalmente de Espa?a, sino que era desviada al mercado comunitario, generalmente el brit¨¢nico.

Las ganancias obtenidas por la organizaci¨®n entre 1997 y 1998 ascendieron a 5.185 millones de pesetas (31,1 millones de euros), por la compra a Tabacalera de m¨¢s de 18 millones de cajetillas de L¨¢ser a un precio de 22 pesetas, que luego vend¨ªan en el mercado comunitario a 275 pesetas. Al mismo precio y con el mismo margen de beneficio adquirieron otros dos millones de cajetillas de Montecristo y m¨¢s de 301.430 de Sunset.

Sentencia recurrida

Seg¨²n la sentencia, que ha sido recurrida por la empresa, Jos¨¦ Mar¨ªa Mart¨ªnez, como jefe del departamento de Exportaci¨®n de Tabacalera, era quien "a sabiendas de que la exportaci¨®n era ficticia, encargaba la producci¨®n del tabaco" en la correspondiente f¨¢brica de Tabacalera en Logro?o o Tarragona. La mercanc¨ªa circulaba amparada por documentos administrativos hasta naves alquiladas para ser desviada al mercado clandestino.

El juez central de lo penal, Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia, explica que el jefe de Exportaci¨®n de Tabacalera conoc¨ªa la ilicitud del destino final del tabaco dado que otro de los contrabandistas, Javier Pastor, declar¨® que Mart¨ªnez, que sali¨® de la empresa, exig¨ªa el pago de comisiones, que se ingresaron en un banco de Andorra. Pastor se retract¨® despu¨¦s, pero en el sumario constan anotaciones suyas de "Jos¨¦ Mar¨ªa, 5 ptas. por cajetilla" o que percibi¨® de una sociedad instrumental, Elissair, "cinco d¨®lares por caja". El juez a?ade que el Abogado del Estado estuvo "acertad¨ªsimo" al presentar una orden de f¨¢brica firmada por Mart¨ªnez en la que especificaba que "los estuches no incorporar¨¢n ning¨²n precinto, ni fiscal ni de export".

El juez deduce la responsabilidad civil subsidiaria de Altadis de una sentencia del Supremo de 2004 seg¨²n la cual, "la empresa responde si uno de sus empleados produce un da?o a tercero por una actividad il¨ªcita realizada dentro de su ¨¢mbito organizativo y dentro de sus funciones".

V¨¢zquez Honrubia considera obvio que Mart¨ªnez cometi¨® el delito precisamente por su cargo y funciones en la tabaquera, y a?ade que "no es de recibo que esta sociedad manifieste que el tabaco vendido a los hoy confesos contrabandistas es una parte ¨ªnfima de su volumen de negocio".

Tras subrayar la actuaci¨®n "altamente encomiable" de la Ucifa (el grupo fiscal y antidroga de la Guardia Civil), del juzgado de Baltasar Garz¨®n y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el magistrado condena a Mart¨ªnez a una pena de un a?o de prisi¨®n y una multa de 68,6 millones de euros, declarando expresamente la responsabilidad civil de Altadis sobre la deuda aduanera y tributaria que corresponda a su empleado, "sin perjuicio de aportar la cantidad que de mutuo acuerdo puedan convenir la representaci¨®n del Estado y la sociedad declarada civilmente responsable".