Juego de esp¨ªas entre familias

La matriculaci¨®n de un ni?o en la escuela supone en ocasiones una verdadera lucha. En especial ocurre en los centros concertados que tienen gran demanda y una menor oferta de plazas. Es entonces cuando los padres entran en un conflicto, en ocasiones muy duro para inscribir a sus hijos en el centro que ellos desean.

Diego Laff¨®n es un abogado sevillano con una amplia experiencia en este tipo de contenciosos. A lo largo de los a?os ha defendido tanto a familias demandantes como demandadas. Y en todos los casos, el hecho de aparecer ni?os peque?os en el problema de los ha convertido en historias dram¨¢ticas. "Lo peor es encontrar a un chaval que ha estado escolarizado en toda la etapa de Infantil en un centro -recuerdo que no est¨¢ concertada-. Y cuando llega el momento de pasar a la Educaci¨®n Primaria, el centro concertado no tiene plazas suficientes. Es entonces cuando, por el hecho que sea, el ni?o tiene que salir fuera. El desarraigo que ese cambio conlleva, para un ni?o tan peque?o, que todav¨ªa no entiende las razones, es tremendo", dice el abogado.

Fechas

Todo sigue un ritmo. Una calendario que marca el comp¨¢s de unas historias que m¨¢s o menos se repiten a?o a a?o, "casi siempre en colegios concertados", se?ala Laff¨®n. Las fechas son claras: marzo, abril y septiembre. "En marzo, se procede a presentar las solicitudes de admisi¨®n a los centros que los padres escogen para sus hijos. Un mes despu¨¦s, en abril, tiene lugar la baremaci¨®n. Se presentan las listas y se ve qui¨¦n ha sido incluido y qui¨¦n excluido. Y entre los no admitidos siempre se da la circunstancia de que un ni?os que ha estado en ese colegio desde Infantil se quede fuera", explica Laff¨®n.

Eso fue lo que le ocurri¨® a la familia de ?ngela Rodr¨ªguez. Ella y su marido, junto con otras dos familias, contrataron a un abogado, cuando sus hijos quedaron excluidos del colegio concertado Las Teresianas de Huelva.

"Las familias excluidas tienen poco tiempo, s¨®lo hasta septiembre, para conseguir demostrar que algunos otros han cometido inexactitudes a la hora de presentar la documentaci¨®n con la que han sido baremados", dice Laff¨®n. Este c¨®mputo que se presenta depende de distintas variables. As¨ª, en funci¨®n del n¨²mero de hermanos, del domicilio familiar, del lugar de trabajo o de la renta (entre otros extremos), se otorgan unos determinados puntos.

?ngela Rodr¨ªguez tuvo que asistir a un sorteo porque hab¨ªa alumnos que ten¨ªan m¨¢s puntos que sus hijos por diferentes razones que ampara la ley. Sus hijos quedaron excluidos de ese sorteo. Pero esas familias tuvieron conocimiento de que hab¨ªa padres que no viv¨ªan realmente donde acreditaban estar empadronados. Y empezaron a investigar este asunto.

"El caso m¨¢s com¨²n es el de la irregularidad en el domicilio. Hay padres que aprovechando que se dedican a profesiones liberales, se empadronan en sus despachos, que quiz¨¢s se encuentran m¨¢s pr¨®ximo al centro educativo de sus hijos, para hacer creer que viven all¨ª", cuenta el abogado. "Yo he llegado a ver un bloque lleno de andamios, completamente en obras, donde hab¨ªa gente empadronada. O una vivienda de 80 metros cuadrados donde, seg¨²n el padr¨®n, viv¨ªan unas 14 personas".

"Resulta muy f¨¢cil empadronarse porque s¨®lo se necesita la autorizaci¨®n del cabeza de familia de la vivienda en la que la familia dice que va a vivir, pero con ello se est¨¢ perjudicando y vulnerando los derechos de otros ni?os que s¨ª deber¨ªan tener acceso a la zona por su domicilio", dice ?ngela Rodr¨ªguez. El abogado que contrataron ?ngela Rodr¨ªguez y las otras dos familias de Huelva les explic¨® que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n se acoge al empadronamiento expedido por el Ayuntamiento como un documento oficial y ante ese certificado resultaba dif¨ªcil presentar pruebas. Las familias recurrieron en primer lugar los expedientes de empadronamiento de los padres que consideraban que falseaban los datos ante el Ayuntamiento y la delegaci¨®n provincial de Educaci¨®n.

En total fueron denunciados unos ocho padres. Adem¨¢s, estas familias decidieron la contrataci¨®n de unos detectives para poder tener pruebas. "Esos detectives nos aportaron bastantes datos de ni?os mal empadronados o que por lo menos su residencia habitual no era la que constaba en el certificado de empadronamiento", se?ala ?ngela Rodr¨ªguez.

Diego Laff¨®n no es muy partidario de usar detectives para que esp¨ªen a otros padres. "tampoco lo soy de la otra t¨¦cnica usada por algunas familias que consiste en levantar acta notarial de los hechos". Y es que seg¨²n el abogado sevillano, la Junta rara vez da importancia a las pruebas aportadas de esta manera. "Desde la Administraci¨®n las pruebas que m¨¢s peso tienen son las aportadas por la polic¨ªa".

Polic¨ªa

En el caso de ?ngeles Rodr¨ªguez, fue el mismo Ayuntamiento el que orden¨® una investigaci¨®n a la Polic¨ªa Local para comprobar los hechos. Fue esta investigaci¨®n la que corrobor¨® finalmente el informe de los detectives, seg¨²n indica Rodr¨ªguez, que present¨® ambos informes ante Educaci¨®n.

La Junta dio audiencia a los padres denunciados y les inst¨® a que presentaran alegaciones. ?ngela Rodr¨ªguez explica que sus hijos han entrado finalmente en el colegio solicitado despu¨¦s de "una dura lucha durante este pasado verano", pero precisa que ha sido "porque algunos padres denunciados, por propia voluntad, decidieron dar marcha atr¨¢s, no porque la Junta haya tomado cartas en el asunto".

En todo caso, para el abogado Laff¨®n, este l¨ªmite al que se tiene que llegar, en el que algunos padres son espiados por otros "demuestra el manique¨ªsmo a los que se ven arrastrados por las circunstancias". Unas circunstancias que para Laff¨®n, en muchos casos podr¨ªa resolverse simplemente ampliando la ratio de las clases.