Una juez precinta un c¨¢mping en el que iban a instalarse 195 casas prefabricadas

Una juez de Navalcarnero ha precintado por supuestas irregularidades urban¨ªsticas un campamento de turismo en Villanueva de Perales (cerca de Brunete). El precinto se ha decretado cuando 195 personas hab¨ªan pagado cantidades de entre 18.000 y 60.000 euros para instalar en ¨¦l casas prefabricadas (las llamadas mobile homes) y disponer de una parcela de uso exclusivo dentro del recinto, un terreno r¨²stico que ocupa una extensi¨®n de 101.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Villanueva acusa a los promotores de querer crear all¨ª un nuevo pueblo.

Parte del terreno se halla sobre una zona de especial protecci¨®n de aves (ZEPA). El precinto decretado por la juez Yolanda Flores es fruto de una denuncia presentada por el alcalde de Villanueva, Juan Antonio Barrado (Agrupaci¨®n Independiente de Villanueva de Perales), y el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio.

El alcalde alega en la denuncia que los promotores se han saltado los l¨ªmites impuestos en la licencia que se les otorg¨®. Ten¨ªan permiso para levantar un campamento tur¨ªstico, pero no para instalar casas prefabricadas m¨®viles y anclarlas sobre una solera de hormig¨®n. Seg¨²n el Ayuntamiento, lo que pretenden es crear "un n¨²cleo urbano estable" en la zona. En el momento del precinto se hab¨ªan instalado 20 de las 195 casas.

Los 195 afectados han denunciado por estafa a la promotora, Mirador de Gredos, SL, al Ayuntamiento de Villanueva y a la empresa que hizo la publicidad del proyecto, Provial. Jos¨¦ Antonio Fuentes, presidente de la Asociaci¨®n de Afectados, asegura que todo obedece "a una guerra pol¨ªtica" entre el anterior Gobierno municipal, del PSOE, que fue el que dio las licencias, y el actual alcalde, de un partido independiente. Afirma que el recinto dispon¨ªa de todos los permisos necesarios, municipales y de la Comunidad, y que ahora los han revocado "por cuestiones pol¨ªticas".

La juez no lo entiende as¨ª. Hace semanas, confirm¨® el precinto de la zona tras analizar un informe de la Guardia Civil. ?sta comprob¨® que, pese a la prohibici¨®n municipal, se estaban instalando casas m¨®viles prefabricadas dentro del recinto y que para anclarlas al suelo cada vecino hab¨ªa hecho solares de hormig¨®n. En su auto, la juez se?ala que est¨¢ investigando un delito contra la ordenaci¨®n del territorio en el que se hallan imputados los promotores de la sociedad Mirador de Gredos, SL, Jos¨¦ Ribagorda y Juli¨¢n ?lices Mart¨ªn.

Cimientos de hormig¨®n

Seg¨²n la juez, "el citado campamento s¨ª gozaba, inicialmente, de las pertinentes licencias", si bien infiere que los promotores, al ejecutar esos permisos, han ido m¨¢s all¨¢ de lo que se les hab¨ªa permitido. La juez basa su afirmaci¨®n en los informes que le ha hecho llegar el Ayuntamiento. Indica que el "campamento de turismo es de naturaleza r¨²stica y que la licencia otorgada en su d¨ªa lo fue para la urbanizaci¨®n y parcelaci¨®n de la finca, pero no como un acto de segregaci¨®n de la finca matriz". Es decir, el Ayuntamiento acusa a los promotores de segregar la finca matriz y venderla en parcelas. Adem¨¢s, se?ala que los promotores, vulnerando la ley, han instado a los afectados a que escriturar sus parcelas.

Cada parcela segregada ocupa 166 metros cuadrados. El proyecto ahora bloqueado era instalar sobre ellas un total de 195 casas de entre 40 y 52 metros cuadrados. El portavoz de los afectados niega que exista una parcelaci¨®n. "Hay un r¨¦gimen de uso exclusivo sobre cada parcela, pero en realidad todos somos due?os de todo", se?ala.

La juez indica que se trata de "un r¨¦gimen de copropiedad por cuotas, con un pacto de uso en exclusiva por cada uno de los codue?os de una porci¨®n concreta de la finca". Tambi¨¦n se?ala la juez, para justificar el precinto, que la Comunidad de Madrid deneg¨® el pasado 16 de abril el proyecto de instalar este tipo de casas en esa zona.

"Lo que se aprob¨® es que se hiciera un c¨¢mping, pero no que se haga all¨ª una urbanizaci¨®n en toda regla amparada en que las casas son m¨®viles", destacan fuentes jur¨ªdicas.

Los promotores han alegado ante la juez un escrito de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, del 3 de febrero de 2005, en el que se indica que el hecho de que haya casas m¨®viles no impide que seguir considerando al recinto "un campamento de turismo". Tambi¨¦n se dice en ese informe que la solera de cemento de las casas tampoco impide la consideraci¨®n de campamento de turismo puesto que, simplemente, se trata de una barrera que protege de la humedad a las casas. La juez refuta que el "informe se limita a, en un plano te¨®rico, resolver preguntas" del promotor, pero que no parte de hechos reales sino de "una hip¨®tesis de cumplimiento".

Los afectados exigen que la justicia act¨²e r¨¢pido para acabar "con la incertidumbre" en que se hallan. "La juez lo ha precintado pero sin tener en cuenta el da?o econ¨®mico, moral y ps¨ªquico que estamos sufriendo".