Una f¨¢brica incontrolada de dinero negro

Dos adultos mantienen una relaci¨®n sexual tras convenir un precio, ?d¨®nde est¨¢ el problema? La prostituci¨®n s¨®lo es rechazable si utiliza a menores de edad, a personas forzadas o si se mezcla con drogas ilegales, seg¨²n el tr¨ªo de valores proclamado por la Asociaci¨®n de Empresarios de Clubes de Alterne (Anela), que hace gui?os a la clase pol¨ªtica respecto a los beneficios que tendr¨ªa para el fisco una regulaci¨®n de sus actividades, rodeando as¨ª de respetabilidad sus negocios y diferenci¨¢ndose de la "extensa amalgama de tugurios que operan al margen de la ley".

En paralelo, la patronal del alterne se ha dirigido al Congreso de los Diputados con la solicitud expresa de que se proh¨ªba la prostituci¨®n ejercida en los pisos urbanos y en las calles, alegando las molestias causadas al vecindario y la presencia de bandas en esos sitios. Fuentes de Anela presentan la actividad de sus locales como una "variante de la hosteler¨ªa", donde las chicas "van y vienen libremente" y cobran a los clientes lo que ellas quieren por sus servicios como meretrices. Las mismas fuentes de Anela acusan a otros "empresarios sin escr¨²pulos" de generar un caldo de cultivo para las mafias y de provocar as¨ª a la polic¨ªa.

La ley sueca ha sido reformada para cortar toda posibilidad de comprar servicios sexuales

Los clientes pagan miles de millones de euros que van casi enteros a la econom¨ªa sumergida

El Gobierno da prioridad a la lucha contra la trata de mujeres

La patronal del alterne avisa de un descontrol de la prostituci¨®n si se cierran sus locales

?Cu¨¢nto dinero hay en juego? Seg¨²n una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), 606.600 varones de 18 a 49 a?os usaron servicios de prostituci¨®n en el a?o previo a la realizaci¨®n de las preguntas (2003). El dato permite efectuar una aproximaci¨®n econ¨®mica: calculando por lo bajo, 60 euros de gasto medio por cliente, y en la hip¨®tesis de un uso semanal, este colectivo de varones supera los 1.800 millones de euros anuales de gasto en servicios sexuales. Una estimaci¨®n m¨¢s afinada exigir¨ªa tener en cuenta tambi¨¦n a la poblaci¨®n menor de 18 a?os y a los mayores de 50, adem¨¢s del efecto del turismo sexual.

Los precios de la prostituci¨®n no suben porque "hay much¨ªsima oferta, pero la demanda no crece", seg¨²n un buen conocedor del sector, raz¨®n por la cual los precios se mantienen "m¨¢s o menos igual que hace a?os". Hay menos a repartir entre m¨¢s. Se comprende la presi¨®n sobre los pol¨ªticos para la regulaci¨®n.

Dinero que no se puede declarar

Por supuesto que ¨¦ste no es el ¨²nico sector de la econom¨ªa subterr¨¢nea, pero s¨ª el que funciona de un modo m¨¢s visible. Prostituirse no es delito, por lo cual los que gestionan el ejercicio de esa actividad tienen inter¨¦s en que parezca que ellas son aut¨®nomas. Y ese dinero ni siquiera puede declararse, porque no hay mecanismo administrativo para ello: s¨®lo la parte hostelera de esa actividad funciona con los par¨¢metros de un sector econ¨®mico m¨¢s. La prostituci¨®n es un territorio al que no llega el Estado de derecho; las personas que prestan los servicios sexuales no tienen a qui¨¦n reclamar contra los abusos y, a la vez, se trata de un negocio que genera una masa importante de dinero negro, por el momento bastante repartido.

Ning¨²n Estado europeo puede presumir de saber lo que sucede en los bajos fondos, pero algunos lo intentan. Por ejemplo, Francia: en principio, los ingresos de la prostituci¨®n en ese pa¨ªs "est¨¢n sometidos a impuesto en la categor¨ªa de beneficios no comerciales", explica la investigadora Matiada Ngalikpima, autora de una detallada comparaci¨®n de legislaciones (L'esclavage sexuel) publicada por la Fundaci¨®n Scelles, que dispone en Par¨ªs de un buen centro documental sobre la prostituci¨®n.

Se dan casos en que la Hacienda francesa trata esas sumas como ingresos de personas f¨ªsicas "cuando la prostituta reconoce encontrarse bajo la dependencia manifiesta de un proxeneta", lo cual "es poco frecuente", seg¨²n la investigadora aludida. "Lo normal es que la obligaci¨®n de declarar sea la consecuencia de una inspecci¨®n de Hacienda, que exige el cobro salvo que el afectado se comprometa a reinsertarse en la sociedad". Al proxeneta nunca se le perdonan los impuestos. Estos procedimientos han suscitado cr¨ªticas por parte de sectores contrarios a cualquier reconocimiento administrativo de la prostituci¨®n; otros los defienden como intentos de restringir el chapoteo del dinero en la econom¨ªa sumergida.

Circulan estimaciones de cifras de negocio en Espa?a que oscilan entre los 12.000 y los 18.000 millones de euros anuales para el sector, que fueron manejadas a lo largo de los trabajos de una comisi¨®n del Senado que estudi¨® el tema de la prostituci¨®n durante la legislatura anterior.

En junio pasado, Anela colg¨® de su p¨¢gina en Internet un escrito enviado al Congreso de los Diputados, en el que ped¨ªa la regulaci¨®n del alterne y de la prostituci¨®n y advert¨ªa de los riesgos que corren las instituciones en caso de que den pasos en sentido contrario. Si se proh¨ªben los locales de alterne "nos encontrar¨ªamos con que las mujeres y hombres que hoy por hoy se dedican al trabajo sexual tendr¨ªan que buscar nuevos lugares para su pr¨¢ctica", avisaba Anela, que en ese mismo escrito mencionaba la cifra de "400.000 personas" que ejercen la prostituci¨®n en Espa?a.

"Ahora hagan sus c¨¢lculos", continuaba el texto de Anela. "Imag¨ªnense la cantidad de pisos en todas las ciudades espa?olas [que ser¨ªan] ocupados exclusivamente para la pr¨¢ctica de la prostituci¨®n las 24 horas del d¨ªa, mientras las familias van y vienen de los colegios con sus hijos o mientras ellos intentan dormir. Las asociaciones vecinales se echar¨¢n otra vez a la calle".

Alterne y "patriotismo"

La patronal del alterne existe desde 2001. Su secretario general t¨¦cnico y jefe de los servicios jur¨ªdicos de la entidad, Jos¨¦ Luis Roberto, es una persona conocida por sus actividades pol¨ªticas. Concretamente, preside el partido Espa?a 2000, autodefinido como "populista, social y democr¨¢tico", que convoca una marcha "patri¨®tica" en Valencia para el pr¨®ximo 12 de octubre, D¨ªa de la Hispanidad. El partido destaca la necesidad de manifestar "el orgullo de ser espa?ol" y anuncia que se est¨¢ confeccionando "la bandera m¨¢s grande de Espa?a", superando as¨ª la que se encuentra instalada en la madrile?a plaza de Col¨®n. El acto est¨¢ siendo convocado por Internet con un v¨ªdeo montado sobre el canto del himno nacional con la letra utilizada en tiempos del dictador Francisco Franco. Los organizadores y la Delegaci¨®n del Gobierno en Valencia forcejean sobre el itinerario y otros detalles, que dependen ahora de una decisi¨®n judicial.

Preguntado por la coincidencia entre sus tareas en la patronal del alterne y en el partido Espa?a 2000, Jos¨¦ Luis Roberto contest¨® ayer: "?Y qu¨¦ tienen que ver mis actividades pol¨ªticas con la prostituci¨®n? Fuera de mi trabajo, la Constituci¨®n me ampara para tener las ideas que me parezcan oportunas y presidir lo que quiera".

En caso de que las Cortes abran el debate sobre la regulaci¨®n del alterne y de la prostituci¨®n, igualmente solicitado por Anela a los 17 Parlamentos auton¨®micos -varios de los cuales han contestado que van a estudiarlo-, los jefes de Anela se declaran dispuestos a reconocer una relaci¨®n laboral con las personas que "incentiven el consumo de copas" (alterne), pero no con la prostituci¨®n propiamente dicha, que debe ser "un trabajo por cuenta propia".

La regulaci¨®n de derechos laborales y sociales es el caballo de batalla de algunos grupos de personas que se dedican o se han dedicado a la prostituci¨®n. Son minoritarios, como reconoce Justine Abell¨¢n, que pelea para construir un sindicato de trabajadores y trabajadoras del sexo en Comisiones Obreras. No est¨¢ nada de acuerdo con los sectores que quieren abolir la prostituci¨®n: "Lo que reivindicamos es el derecho a elegir trabajo", argumenta, "porque si lo que molesta es la explotaci¨®n, tambi¨¦n existe en el textil, en la hosteler¨ªa, en el campo; hay personas con titulaciones que no pueden ejercer".

A su juicio, la legalizaci¨®n del trabajo sexual lograr¨ªa "que la situaci¨®n irregular se termine y ser¨ªa m¨¢s f¨¢cil luchar contra las mafias y el tr¨¢fico de personas". En cuanto al tratamiento policial del problema, "lo ¨²nico que se consigue es la indefensi¨®n de las personas a las que se pretende defender", opina.

Un tema dif¨ªcil para la pol¨ªtica

La respuesta legal a las diferentes propuestas de regulaci¨®n es objeto de c¨¢lculos por parte de la clase pol¨ªtica. Durante la legislatura anterior, bajo gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, una comisi¨®n del Senado trabaj¨® sobre el problema del tr¨¢fico de seres humanos para explotaci¨®n sexual y concluy¨® que hac¨ªa falta organizar un plan integral. Pero hubo otra comisi¨®n -citada anteriormente- volcada espec¨ªficamente en el estudio de la prostituci¨®n que se disolvi¨® sin emitir informe ni recomendaci¨®n alguna.

"No dio tiempo a terminar todas las comparecencias que ten¨ªamos previstas", explica Cristina Klimowitz, la ex senadora del Partido Popular que presidi¨® la comisi¨®n. F¨¢tima Aburto, representante socialista en la misma, no est¨¢ de acuerdo: "Insistimos al Partido Popular para que al menos hici¨¦ramos un informe parcial de lo actuado". La ex parlamentaria del PP sostiene que "el reglamento del Senado no permite la f¨®rmula de los informes parciales" y pellizca al Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero por no haber continuado la labor de esa comisi¨®n en esta legislatura. La socialista F¨¢tima Aburto estima que estuvo clara la voluntad del Partido Popular de no abordar una propuesta de soluci¨®n cuando estaba en el poder: "Todos los dem¨¢s partidos estaban de acuerdo en emitir un informe parcial", afirma. "Fue evidente el retraso que se introdujo en las tareas de la comisi¨®n: en el primer a?o de trabajos nos reun¨ªamos dos veces al mes y, cuando pedimos hacerlo una vez a la semana, como se hizo en la comisi¨®n contra el tr¨¢fico, pasamos a una vez al mes".

Catalu?a es la ¨²nica comunidad que tiene un reglamento de locales de prostituci¨®n y la forma de obtener licencias municipales para ellos, promulgado cuando Jordi Pujol era a¨²n el presidente de la Generalitat. "Todo aquello que no est¨¢ legislado vive en la clandestinidad, y eso no conduce m¨¢s que a la sobreexplotaci¨®n", sostiene Montserrat Tura, consejera de Interior en el actual Gobierno de Pasqual Maragall.

"Los poderes p¨²blicos no pueden permitir un mundo tan horrible", afirma Tura. Pero elaborar una ley integral llevar¨ªa mucho tiempo de tr¨¢mites y b¨²squeda de consensos pol¨ªticos, por lo cual a la consejera catalana de Interior le parece conveniente afinar la regulaci¨®n actual, con objeto de "asegurar la voluntariedad" de los que se prostituyen: "Que dependa de ellos mismos y de nadie m¨¢s. Tenemos que reducir la prostituci¨®n y castigar a los que recurran a usos que no est¨¢n autorizados". Por instrucciones de la consejera, los Mossos d'Esquadra efect¨²an controles de la prostituci¨®n en carreteras y ¨¢reas de servicio, al tiempo que la Generalitat batalla jur¨ªdicamente contra ayuntamientos que dan licencias sin atenerse a las normas vigentes.

"Da igual que la persona prostituida consienta o no; obtener beneficios de la prostituci¨®n est¨¢ sancionado en todos los casos", replica la abogada Mar¨ªa Jos¨¦ Varela, autora del recurso presentado por siete asociaciones precisamente contra la reglamentaci¨®n de los prost¨ªbulos catalanes. Su postura se basa en la Convenci¨®n de Naciones Unidas para la represi¨®n de la explotaci¨®n de la prostituci¨®n, que se encuentra formalmente en vigor, adem¨¢s de la propia legislaci¨®n espa?ola contra el que se lucra de la prostituci¨®n de otras personas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a se espera para 2006.

Prioridad: luchar contra las mafias

?Qu¨¦ va a hacer el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero? Por el momento, la ¨²nica decisi¨®n tomada es la presi¨®n policial contra las bandas de traficantes. Sobre los dem¨¢s aspectos, expertos del PSOE llevan meses discuti¨¦ndolo. Regular la prostituci¨®n afectar¨ªa en realidad a poca gente, porque si el 90% de las prostitutas son inmigrantes sin permiso de trabajo ni de residencia, la reglamentaci¨®n servir¨ªa de poco.

La secretaria de Igualdad en la ejecutiva federal del PSOE, Maribel Monta?o, propone un "compromiso social por la desaparici¨®n de la prostituci¨®n". Comprende a los que insisten en regular la prostituci¨®n con la finalidad de mejorar la situaci¨®n de las personas que lo ejercen; y se muestra consciente de que ser¨¢ necesario un Plan Nacional de Inserci¨®n para las personas que ejercen esa actividad. Pero a?ade: "Entre los valores que defendemos se encuentra la lucha contra la explotaci¨®n, sea cual sea; en ning¨²n caso su regulaci¨®n".

Nadie cree que el Gobierno se ponga a cerrar garitos ni a deportar a decenas de miles de personas que est¨¢n en condiciones irregulares. La europarlamentaria socialista Elena Valenciano dice: "Hay un debate posible sobre la legalizaci¨®n de la prostituci¨®n, pero antes hay que desmontar el tr¨¢fico ilegal".

Carme Garc¨ªa Su¨¢rez conoce las dudas que atraviesan a los grupos parlamentarios. Esta diputada de Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya batall¨® para abrir el debate en el seno del Congreso de los Diputados; lo que finalmente se aprob¨® fue una petici¨®n al Gobierno para lanzar el plan integral de lucha contra el tr¨¢fico de mujeres y abordar un informe completo.

Pilar D¨¢vila, que dirigi¨® el Instituto de la Mujer cuatro a?os durante el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, recomienda a la sociedad hacer un esfuerzo para ofrecer salidas a todas esas personas que est¨¢n atrapadas en la prostituci¨®n "y que se dedican a eso porque en realidad no les queda otro remedio", soluci¨®n que deber¨ªa alcanzar "tanto a espa?oles como a extranjeros implicados. S¨ª, ya s¨¦ que es muy dif¨ªcil", reconoce.

La sociedad espa?ola no parece preparada. Al contrario: pagar a una prostituta sigue siendo un acto banal. Frente a las propuestas de legalizar la prostituci¨®n y las resistencias de los que se niegan a todo reconocimiento administrativo de esa actividad, puede ser interesante observar los resultados obtenidos por la experiencia de Suecia, el ¨²nico Estado que criminaliza la compra de servicios sexuales.

?Qu¨¦ ha hecho Suecia para merecer el apoyo de la Iglesia dirigida por Benedicto XVI y, simult¨¢neamente, el de grupos feministas de corte laico? "En Suecia no est¨¢ permitido comprar a nadie para que preste servicios sexuales, de la misma manera que no se puede asesinar ni violar a nadie", explic¨® Gunilla Ekberg, la coordinadora del Plan de Acci¨®n Nacional Sueco contra la prostituci¨®n, durante una visita a Madrid el pasado d¨ªa 19.

Bajo la ley 408/1998, que entr¨® en vigor el 1 de enero de 1999, la compra de servicios sexuales -o el intento de hacerlo- constituye un delito castigado hasta con seis meses de c¨¢rcel, aunque lo m¨¢s frecuente es que los casos se salden con multas.Por si faltaba algo, la ley "contra los prostituidores" ha sido endurecida este a?o para castigar tambi¨¦n al que abone servicios sexuales a clientes distintos del propio pagador. "Esto se ha hecho para cerrar el coladero de las fiestas donde se consumen servicios sexuales pagados por alguien que no asiste a ellas, y tambi¨¦n de empresas que sufragan servicios de prostitutas como una atenci¨®n para sus ejecutivos", informa Gunilla Ekberg.

Denunciados 900 clientes en Suecia

Durante los cinco primeros a?os de vigencia de la norma, un total de 914 hombres fueron denunciados por ese delito, de los cuales 234 hab¨ªan sido condenados hasta finales de 2003 (no hay datos m¨¢s recientes). El hombre m¨¢s entrado en a?os de los denunciados ten¨ªa 70, y el m¨¢s joven, 16; la edad media de los compradores de sexo perseguidos por la ley es de 44 a?os.

Esto sucede en un pa¨ªs menos poblado que Espa?a (10 millones de habitantes) y con niveles de prostituci¨®n mucho m¨¢s moderados (unas 2.500 mujeres ejerc¨ªan esa actividad en 1999, el primer a?o de vigencia de la ley). Siempre seg¨²n la coordinadora del Plan Nacional Sueco, las medidas contra los clientes han reducido sensiblemente la prostituci¨®n callejera. El comercio sexual en s¨ª no ha sido erradicado, pero el mercado ya no rinde como antes.

Un polic¨ªa espa?ol especializado en este sector sonr¨ªe ante la evocaci¨®n de tales medidas. "Aqu¨ª se har¨¢ lo que diga el Estado, pero si hay que aplicar esas normas, habr¨ªa que detener a cientos de miles de hombres". No se quedan aqu¨ª las diferencias. entre los dos pa¨ªses: hay que tener en cuenta el contexto social y pol¨ªtico. As¨ª, el Parlamento que aprob¨® la ley sueca contaba con un 43% de mujeres.

Una certeza parece abrirse paso entre tantas dudas: cuando las sociedades aceptan la incorporaci¨®n masiva de la mujer a la pol¨ªtica, asuntos que siempre se han considerado obvios -por ejemplo, "el oficio m¨¢s viejo del mundo"- s¨²bitamente pasan a ser discutibles.