La Audiencia de Tarragona anula el congreso de Uni¨® de 2002 porque fue antidemocr¨¢tico

La Audiencia de Tarragona ha anulado el congreso ordinario de Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya (UDC) celebrado en Sitges en 2002 por considerar que fue antidemocr¨¢tico porque no se respetaron los derechos de los militantes del sector cr¨ªtico. El tribunal fundamenta este razonamiento en que se cambi¨® el sistema de representaci¨®n de compromisarios cuando ya se hab¨ªa iniciado el congreso, de modo que se perjudic¨® al sector cr¨ªtico, y no se entreg¨® a estos militantes la relaci¨®n de afiliados que hab¨ªan exigido para saber si se respetaba el criterio de elecci¨®n de compromisarios.

La sentencia de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia de Tarragona confirma la que dict¨® en julio de 2003 el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 1 de El Vendrell (Baix Pened¨¨s), que declar¨® "nulo radicalmente" el congreso de UDC celebrado en Sitges el 1 y 2 de junio de 2002. Aquella sentencia tambi¨¦n anul¨® todos los acuerdos adoptados en ese c¨®nclave. Uni¨® recurri¨® y ahora la Audiencia ha ratificado ¨ªntegramente la sentencia y ha condenado al partido de Duran Lleida a pagar las costas. El proceso se inici¨® por una demanda del sector cr¨ªtico, defendido por la abogada Mar¨ªa Teresa Gallardo.

La sentencia recuerda que antes de empezar el congreso se estableci¨® que se elegir¨ªa un compromisario por cada 20 afiliados, pero que una vez iniciado, la secretar¨ªa de organizaci¨®n acord¨® que ser¨ªa uno por cada 12. "Esta soluci¨®n es evidente que, aparte de que pudiera beneficiar a unos afiliados, perjudicaba gravemente a otros, pues implicaba cambiar las reglas de juego", dice la sentencia. M¨¢s adelante, los jueces aseguran que "se conculcaron derechos" de los afiliados del sector cr¨ªtico, porque no se les permiti¨® ser candidatos "en igualdad de condiciones a la candidatura oficial". Y a?aden que esa variaci¨®n en el sistema de elecci¨®n "supone una infracci¨®n del deber constitucional de que la estructura y el funcionamiento de los partidos deben ser democr¨¢ticos".

En cuanto a facilitar a los cr¨ªticos los nombres de los afiliados y la cifra total, la sentencia afirma: "D¨ªficilmente puede admitirse que exista conculcaci¨®n del derecho de confidencialidad de datos de los afiliados, pues la ideolog¨ªa del partido ya es conocida por todos".

Joana Ortega, portavoz de UDC, asegur¨® ayer que la sentencia es "irrelevante", porque los acuerdos de Sitges volvieron a ser ratificados en otro congreso extraordinario, y anunci¨® que no presentar¨ªan recurso.