El laicismo de la ense?anza p¨²blica, ¨²ltimo escollo antes de alcanzar el pacto global

Al final fue la consideraci¨®n de la escuela p¨²blica como laica y no la f¨®rmula de financiaci¨®n de la Generalitat lo que puso la reforma del Estatuto catal¨¢n al borde del fracaso, aunque el acuerdo final se alcanz¨® a las 21.25. Josep Antoni Duran Lleida, l¨ªder de Uni¨® Democr¨¢tica, el socio de Converg¨¨ncia, amenaz¨® con que los diputados de su partido lo rechazar¨ªan en la votaci¨®n final si no se retiraba la consideraci¨®n de laica, lo que condicionaba la posici¨®n de CiU, aunque los 15 esca?os de los democristianos no bastaban para impedir que se alcanzaran los dos tercios de la C¨¢mara.

Los obispos catalanes hab¨ªan emitido por la ma?ana una nota en la que afirmaban que el nuevo Estatuto no garantizaba la elecci¨®n de escuela, lo que a?adi¨® presi¨®n.

A lo largo de la jornada se sucedieron las negociaciones entre los tres grupos de la izquierda y CiU, que se prolongaron hasta las nueve de la noche. En aquel momento, el grupo negociador formado por el socialista Joaquim Nadal, los republicanos Josep Bargall¨® y Marta Cid, el ecosocialista Jaume Bosch y la convergente Irene Rigau, alcanzaron un acuerdo sobre el contenido del art¨ªculo en disputa, el 21 del proyecto. Pero el pacto fue entonces rechazado por Uni¨®. Entonces se hab¨ªa alcanzado tambi¨¦n ya el acuerdo en materia de financiaci¨®n, por lo que el Estatuto estaba pendiente de esta formaci¨®n.

El forcejeo con Uni¨®, en los despachos del grupo de CiU, se prolong¨® hasta las 21.25 horas, y sirvi¨® para introducir algunos retoques que no alteraban lo acordado con la izquierda. El texto finalmente adoptado tiene tres puntos. El primero afirma que "todas las personas tienen derecho a una educaci¨®n de calidad y a acceder a ella en condiciones de igualdad. La Generalitat ha de establecer un modelo educativo de inter¨¦s p¨²blico que garantice estos derechos". El segundo punto establece que los progenitores tienen garantizado el derecho a que sus hijos "reciban la formaci¨®n religiosa y moral que est¨¦ de acuerdo con sus condiciones en las escuelas de titularidad p¨²blica, en las que la ense?anza es laica". Y el tercer punto afirma que los centros docentes privados podr¨¢n ser sostenidos con fondos p¨²blicos, de acuerdo con lo que determine la ley, para garantizar "los derechos de acceso en condiciones de igualdad y a la calidad de la ense?anza".

ICV se desmarca

El acuerdo s¨®lo fue suscrito por PSC, ERC y CiU, ICV no lo apoy¨® al considerar que el texto introduce un margen de confusi¨®n.

El asunto lleg¨® a provocar a media tarde un conflicto entre los diputados socialistas, porque en un momento de la negociaci¨®n, el presidente Pasqual Maragall se mostr¨® dispuesto a retirar la consideraci¨®n de laica. Algunos diputados del PSC y de Ciutadans pel Canvi se opusieron frontalmente a echar atr¨¢s la votaci¨®n del mi¨¦rcoles que introdujo esa consideraci¨®n. Unido a la firme posici¨®n de ERC e ICV-Esquerra Unida, que se negaron a que la presi¨®n del episcopado cat¨®lico modificara un acuerdo del Parlamento, eso oblig¨® a retomar al final de la tarde las negociaciones que culminaron a las 21.25 manteniendo el laicismo de la escuela p¨²blica.

Estas negociaciones se cruzaron con las que se llevaban a cabo al mismo tiempo sobre financiaci¨®n, de manera que se form¨® lo que algunos diputados calificaban como "dos paquetes" interrelacionados. Esto oblig¨® a aplazar la votaci¨®n del T¨ªtulo IV del proyecto, que trata sobre las competencias y, en realidad, es a juicio de pol¨ªticos y juristas, una parte muy importante de la reforma, para cuando hubiera un acuerdo, o desacuerdo sobre ambos "paquetes". Este t¨ªtulo es el que establece lo que ha sido denominado como "blindaje" de las competencias de la Generalitat.

Este blindaje fue rechazado por el PP, por boca de la diputada ?ngels Olano. El PP considera que la definici¨®n de la tipolog¨ªa de las competencias le corresponde a la Constituci¨®n y no al Estatuto. Pero los otros cuatro partidos catalanes la apoyan y consideran que es el modo de poner fin, o reducir de manera sustancial, lo que juzgan una "tendencia expansiva" de los Gobiernos de Espa?a para invadir el campo competencial de la Generalitat mediante leyes org¨¢nicas.