El Defensor pide que se proteja el derecho a estudiar en castellano

El defensor del pueblo, Enrique M¨²gica, ha enviado una carta a la ministra de Educaci¨®n, Mar¨ªa Jes¨²s San Segundo, para mostrarle su malestar y "creciente preocupaci¨®n" ante la lesi¨®n de derechos que sufren quienes quieren usar el castellano "como lengua vehicular" y residen en comunidades aut¨®nomas con lengua cooficial. El defensor protesta porque, seg¨²n relata, son cada vez m¨¢s frecuentes las quejas en las que "se pone de manifiesto la nula efectividad de la opci¨®n ling¨¹¨ªstica de quienes desean recibir ense?anzas oficiales en lengua castellana", especialmente en Catalu?a, Baleares o Galicia.

M¨²gica sostiene que en la pr¨¢ctica los alumnos cuya lengua familiar es el castellano o los que llegan a estas comunidades procedentes de otras se ven obligados a estudiar en otro idioma, "quedando sin efectividad alguna en el ¨¢mbito de la ense?anza su libertad de opci¨®n ling¨¹¨ªstica".

Dos ni?os sordos

La carta se centra en el caso concreto de Catalu?a, donde ni siquiera se informa a los padres de los derechos ling¨¹¨ªsticos de sus hijos. Y detalla un caso extremo en esta comunidad, de dos hermanos de 5 y 10 a?os, sordos de nacimiento, que tienen instalado un implante coclear, cuya lengua familiar, la que conocen, es el castellano. Ambos van a un colegio p¨²blico de Catalu?a y reciben el apoyo de un logopeda durante cuatro horas semanales. Asegura el defensor que, a pesar de la insistencia de los padres para que esas clases especiales las reciban en castellano, la Administraci¨®n catalana impone que se llevan a cabo en la lengua cooficial.

"Es decir, que a dos ni?os sordomudos se les impone el mismo r¨¦gimen de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica que a los dem¨¢s alumnos, cuando parece evidente que el apoyo logop¨¦dico prestado en una lengua que desconocen no contribuye en absoluto a paliar su deficiencia, les dificulta el proceso de aprendizaje y les impide el logro de los objetivos que corresponden a las etapas educativas que deben cursar", explica.

La conclusi¨®n de la experiencia de esta instituci¨®n es que existe "una progresiva minoraci¨®n de las libertades y derechos ling¨¹¨ªsticos de quienes optan por el uso del castellano, quedando as¨ª en entredicho el ejercicio del derecho a usar esta lengua que a todos reconoce el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n, el cual tambi¨¦n proclama el deber de todos de conocerla".

M¨²gica pide en la carta que la ministra se ocupe de garantizar estos derechos a trav¨¦s de la nueva Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n, ahora en discusi¨®n en el Congreso.