Reflexiones sobre el proyecto de Estatuto catal¨¢n

El proyecto de Estatuto de autonom¨ªa aprobado hace unos d¨ªas por el Parlamento de Catalu?a es un documento francamente inquietante. En clave interna, se trata de un Estatuto de parte que impone valores y objetivos nacionalistas a un segmento muy importante de la poblaci¨®n que no lo es. Mirando hacia afuera, el proyecto supone un cambio cualitativo en la ordenaci¨®n del Estado auton¨®mico que no apunta precisamente en la buena direcci¨®n. No se trata de establecer un esquema razonable de divisi¨®n de competencias y recursos entre distintos niveles de gobierno, sino de alterar de forma muy notable el reparto de poder y de dinero en favor de un territorio determinado. Se sienta as¨ª, adem¨¢s, un peligroso precedente cuya generalizaci¨®n nos llevar¨ªa hacia un sistema confederal muy poco pr¨¢ctico y a la ruptura de los principales mecanismos de cohesi¨®n territorial.

El art¨ªculo primero del proyecto proclama que Catalu?a es una naci¨®n. A juzgar por las encuestas, no es ¨¦sta ni mucho menos la opini¨®n de la mayor¨ªa de la poblaci¨®n del Principado, pero poco importa. Se ve que las naciones tienen una existencia independiente de los ciudadanos que las integran (en ocasiones muy a su pesar), y que sus designios s¨®lo pueden ser interpretados por un pu?ado de elegidos que se dedican a ello profesionalmente. La naci¨®n catalana tiene, adem¨¢s, preferencias ling¨¹¨ªsticas muy claras que tampoco coinciden con las que expresan cada d¨ªa sus integrantes cuando los dejan tranquilos. Se ha dicho muchas veces en los ¨²ltimos d¨ªas que uno de los grandes logros del nuevo Estatuto es que garantiza la plena igualdad del catal¨¢n con el castellano. Pero no hay tal igualdad. La oficialidad del castellano se admite a rega?adientes por ser la lengua oficial del Estado, y su uso poco menos que se proscribe en el sistema educativo y en las administraciones p¨²blicas. Pese a ser la lengua materna y habitual de aproximadamente la mitad de la poblaci¨®n, resulta que el castellano no es una lengua "propia" del pa¨ªs.

Es cierto que ambas lenguas pasan a ser de conocimiento obligatorio, con lo que se corrige una asimetr¨ªa legal en favor del castellano. Pero mientras la obligatoriedad constitucional del castellano ha sido siempre una cosa perfectamente inocua, la del catal¨¢n da un cierto miedo en manos de una instituci¨®n que desde su refundaci¨®n se ha dedicado con ah¨ªnco a endurecer gradualmente una pol¨ªtica de "normalizaci¨®n" ling¨¹¨ªstica que va bastante m¨¢s all¨¢ de la indiscutida necesidad de tomar medidas que ayuden a preservar la m¨¢s d¨¦bil de las dos lenguas que, gracias a Dios y hasta que los pol¨ªticos consigan impedirlo, coexisten pac¨ªficamente en nuestra vida cotidiana. La cosa es especialmente preocupante cuando hablamos de un Gobierno que ha llegado a extremos tan rid¨ªculos como exigir un examen avanzado de catal¨¢n (el llamado nivel C) a los forenses (?para garantizar los derechos ling¨¹¨ªsticos de los cad¨¢veres que examinan?) y tan preocupantes como establecer oficinas de delaci¨®n ling¨¹¨ªstica para que los ciudadanos puedan ayudar a disciplinar a los tenderos rebeldes, o exigir el dichoso nivel C para presentarse a oposiciones de titular universitario, sin duda con el loable objetivo de garantizar que nunca m¨¢s sangre extra?a ni ideas nuevas puedan venir a perturbar desde las aulas nuestra feliz transformaci¨®n en una sociedad cada vez m¨¢s cerrada y m¨¢s pueblerina.

Por lo dem¨¢s, el objetivo central del nuevo Estatuto est¨¢ muy claro. Se trata, y nadie lo esconde, de conseguir m¨¢s dinero y m¨¢s poder pol¨ªtico. Hasta cierto punto, la demanda est¨¢ justificada. Con casi cualquier criterio razonable, la inversi¨®n p¨²blica en Catalu?a deber¨ªa ser mayor de lo que es y la Generalitat deber¨ªa estar mejor financiada (lo que por cierto habr¨ªa que extender tambi¨¦n a Baleares, Valencia y Madrid entre otras regiones). Y es verdad que hay ¨¢reas, aunque ya no tantas, en las que una ampliaci¨®n de las competencias auton¨®micas podr¨ªa ser una buena idea. Pero en mi opini¨®n el nuevo Estatuto va, en ambos aspectos, mucho m¨¢s all¨¢ de lo que ser¨ªa razonable. Con el riesgo de caer en la caricatura que la brevedad a menudo implica, el n¨²cleo del proyecto se puede resumir en dos afirmaciones. Primera, que con el nuevo Estatut en la mano la Generalitat podr¨¢ hacer en su casa lo que le d¨¦ la gana sin interferencia alguna por parte del Estado, mientras que este ¨²ltimo habr¨¢ de pedirle permiso a aqu¨¦lla cada vez que quiera mover un dedo, incluso en temas que constitucionalmente son de su exclusiva competencia. Y segunda, que la Generalitat se queda con las llaves de la caja y tiene el firme prop¨®sito de reducir gradualmente su aportaci¨®n a la solidaridad interterritorial (excepto en lo que concierne a la Seguridad Social) hasta eliminarla en un plazo m¨¢ximo de 15 a?os, que es el que se fija para alcanzar la equiparaci¨®n de recursos por habitante con el sistema foral vasco y navarro donde tal aportaci¨®n es pr¨¢cticamente nula o incluso negativa.

Los problemas que esto plantea son obvios y se agravan considerablemente en un pa¨ªs en el que, por no ser menos, todos estamos dispuestos a tirarnos por la ventana si el vecino lo hace. Una primera consecuencia de la generalizaci¨®n del sistema esbozado en el nuevo Estatuto catal¨¢n ser¨ªa la reducci¨®n a la inoperancia de una Administraci¨®n central privada de recursos propios y de competencias y maniatada por m¨²ltiples vetos auton¨®micos. Esto no puede ser bueno para nadie, salvo que lo que se persiga sea la destrucci¨®n del Estado casi a cualquier coste. La segunda ser¨ªa la puesta en marcha de un proceso de desintegraci¨®n fiscal que nos llevar¨ªa a una Espa?a de compartimentos estancos en lo social en la que la redistribuci¨®n de la renta se limitar¨ªa al interior de cada comunidad aut¨®noma y la calidad de los servicios p¨²blicos depender¨ªa crucialmente del nivel de riqueza de cada regi¨®n.

Aunque la situaci¨®n pol¨ªtica actual no es la m¨¢s favorable para ello, este peligro ha de evitarse a toda costa. De lo que estamos hablando en ¨²ltima instancia es de si queremos una Espa?a en la que las oportunidades educativas de los extreme?os y andaluces y la calidad de la atenci¨®n sanitaria que reciben tendr¨¢n que ser mucho menores que las de los madrile?os o catalanes. Estoy convencido de que una gran mayor¨ªa de los ciudadanos ver¨ªa con gran desagrado tal situaci¨®n y no perdonar¨ªa con facilidad a los grandes partidos nacionales que la representan que no se hayan puesto de acuerdo para conjurarla.

Una ¨²ltima consideraci¨®n es que la necesaria rectificaci¨®n tendr¨¢ un coste pol¨ªtico muy considerable, pues cada coma que se toque del proyecto se aprovechar¨¢ en Catalu?a para seguir excitando sentimientos de agravio ya muy larga y cuidadosamente alimentados por los nacionalistas locales. Lo m¨¢s frustrante es que todo esto podr¨ªa haberse evitado f¨¢cilmente por el sencillo procedimiento de no meterse en tal berenjenal o salir a tiempo de ¨¦l. El PSC, con Maragall al frente, ha incurrido en una enorme irresponsabilidad y en una doble deslealtad. Irresponsabilidad al plantear la reforma del Estatuto en un momento en el que parec¨ªa claramente inviable con el ¨²nico objetivo de fastidiar al Gobierno del PP, y al no parar el proceso tras el cambio de Gobierno en Madrid -sabiendo como ten¨ªa que saber que el fruto del necesario acuerdo con CiU y ERC no pod¨ªa ser un proyecto razonable-. Deslealtad con su tan querido partido hermano, que a ver c¨®mo sale de ¨¦sta, y con aquellos de sus electores, y son muchos, que no le confiaron su voto para que se pusiera al frente de la procesi¨®n nacionalista.

?ngel de la Fuente es vicedirector del Instituto de An¨¢lisis Econ¨®mico del CSIC en Barcelona.