Los tribunales fijan las causas para vetar marchas en disturbios e indicios delictivos

El Tribunal Superior vasco ha invocado en todas sus ¨²ltimas resoluciones relativas a las prohibiciones de manifestaciones convocadas o apoyadas por Batasuna la jurisprudencia tanto del Constitucional como del Supremo, seg¨²n la cual la autoridad gubernativa puede prohibir una marcha s¨®lo si aprecia indicios de delito y si hay "razones fundadas" de que se van a producir des¨®rdenes p¨²blicos.

La jurisprudencia fijada por el m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n y por el Tribunal Supremo deja claro que los responsables de Interior deben avalar la prohibici¨®n de manifestaciones con "datos objetivos" y no con "meras sospechas" de que se van a producir alteraciones del orden p¨²blico y que, adem¨¢s, haya indicios de que "pueda ser constitutiva de delito".

Esta jurisprudencia supuso en 2002 varios reproches a la consejer¨ªa de Interior, que dirige Javier Balza, porque algunas de las prohibiciones se hab¨ªan realizado "sin mayor esfuerzo probatorio", "graves defectos de insuficiente motivaci¨®n" o "impreciso contenido probatorio". Fue el caso de la manifestaci¨®n prohibida en noviembre de 2002 que Interior crey¨® err¨®neamente, seg¨²n el tribunal, que era una marcha calcada de la del 14 de septiembre de ese mismo a?o, considera ilegal por el juez Baltasar Garz¨®n tras haber suspendido a finales de agosto todas las actividades de Batasuna. Balza pidi¨® entonces a los jueces que se "pusieran de acuerdo" sobre el derecho de manifestaci¨®n.

Las resoluciones posteriores del alto tribunal vasco, algunas con votos particulares, no han fijado una postura un¨ªvoca, lo que foment¨® este verano que en un plazo de pocos d¨ªas lo que hab¨ªa sido prohibido en una capital vasca no lo fuese en otra, aunque los lemas o los promotores estuvieran relacionados con las formaciones ilegalizadas por el Supremo en marzo de 2003. Los cambios entre 2003 y 2005 en la composici¨®n de la Sala de Vacaciones del Superior, fechas en las que se producen parte de las manifestaciones convocadas por Batasuna al calor de las fiestas veraniegas, han posibilitado sentencias contradictorias. Este a?o, el Superior se ha inclinado por ratificar las prohibiciones de Interior cuando se ha comprobado que el convocante real actuaba como testaferro de Batasuna."La ilegalizaci¨®n de Batasuna no priva de sus derechos civiles a antiguos afiliados y l¨ªderes de Batasuna, incluido el de manifestaci¨®n". Esta aseveraci¨®n del consejero de Interior, Javier Balza, vertida con contundencia en un encontronazo verbal con el representante del PP Carlos Urquijo la semana pasada en la C¨¢mara, atribuy¨¦ndola a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, s¨®lo se recoge con esa claridad en la sentencia dictada en agosto de 2003 en relaci¨®n con una manifestaci¨®n convocada por un ex edil de EH y una parlamentaria de SA en las fiestas donostiarras. Interior la prohibi¨® entonces porque los "verdaderos convocantes" eran miembros de Batasuna y no la persona que la hab¨ªa comunicado.

Por contra, la Sala del alto tribunal que formaron por su entonces presidente Manuel Mar¨ªa Zorrilla y los jueces Enrique Torres y Manuel D¨ªaz de R¨¢bago, revoc¨® el veto. La resoluci¨®n judicial afirmaba: "Aquellos [el edil y la parlamentaria] conservan sus derechos ciudadanos, entre los que est¨¢ el de convocar manifestaciones (...) La suspensi¨®n de esos tres partidos, hoy en d¨ªa disueltos por el Tribunal Supremo, no priva de ese derecho a quienes han sido afiliados suyos".

Sin embargo, sentencias posteriores, como la del pasado agosto en relaci¨®n con la misma manifestaci¨®n celebrada en San Sebasti¨¢n, convirtieron una posici¨®n un¨¢nime de la Sala en voto particular (el del magistrado Manuel D¨ªaz de R¨¢bago), mientras que los otros dos jueces (Juan Carlos Da Silva y Roberto S¨¢iz) daban por bueno que el convocante -un ex edil abertzale- "est¨¢ actuando en la pr¨¢ctica como mandatario de quien pretende ejercer el derecho de manifestaci¨®n, que no es otro que el partido pol¨ªtico" ilegalizado.

Desde que Garz¨®n suspendiese en agosto de 2002 las actividades de Batasuna, Interior siempre ha invocado, junto a otros argumentos, los autos del magistrado de la Audiencia Nacional para prohibir las marchas de Batasuna. Sin embargo, el Superior ha preferido recoger en sus fallos la ilegalizaci¨®n ordenada por el Supremo al amparo de la ley de Partidos. Balza avalaba sus prohibiciones con la letra de los autos de Garz¨®n, mientras el Gobierno al que pertenec¨ªa llevaba al juez a los tribunales por supuesta prevaricaci¨®n por limitar el derecho de manifestaci¨®n. Balza ha intentado estos a?os gestionar con "legalidad e inteligencia" los "desaf¨ªos" de Batasuna en este frente, mientras el PP le sigue acusando de "relegalizar" a HB.