El tortuoso camino de la financiaci¨®n auton¨®mica
El proyecto de Estatuto apunta a un cambio en el modelo con una mayor dosis de federalismo
El proyecto de Estatuto propone, a grandes rasgos, gestionar y recaudar todos los impuestos soportados en Catalu?a a trav¨¦s de una Agencia Tributaria que colabore con la estatal. Y posteriormente hacer dos aportaciones al Estado: una para financiar sus servicios y una segunda para la solidaridad interterritorial. No se trata propiamente de un modelo -no fija porcentajes de participaci¨®n en los impuestos estatales ni establece el mecanismo de solidaridad-, pero modifica sustancialmente el esquema actual: ahora es el Estado quien recauda todos los impuestos y liquida a las comunidades.
La f¨®rmula que aparece en el proyecto de Estatuto no exige una reforma de la Constituci¨®n sino s¨®lo de la ley org¨¢nica de financiaci¨®n de las comunidades (LOFCA) -como ha ocurrido cada vez que se ha revisado el sistema-, y es "t¨¦cnicamente generalizable y sostenible econ¨®micamente", seg¨²n ha reiterado el consejero catal¨¢n de Econom¨ªa, Antoni Castells. Hay quien no opina lo mismo.
"El proyecto desprende una m¨²sica clara: Catalu?a quiere pagar menos y equiparar los resultados a los de los territorios forales. La generalizaci¨®n es factible, pero muy negativa: en el caso l¨ªmite, Extremadura tendr¨ªa tres veces menos financiaci¨®n por habitante que Madrid", asegura ?ngel de la Fuente, del Instituto de An¨¢lisis Econ¨®mico del CSIC. "Con el Estado traspasando competencias hacia Bruselas y las comunidades reclamando m¨¢s ingresos, ?qu¨¦ le queda a la Hacienda estatal?", se pregunta.
N¨²ria Bosch, catedr¨¢tica de Hacienda P¨²blica de la UB, sostiene que el sistema que consagra el proyecto de Estatuto "es totalmente generalizable" y no impone que Catalu?a salga del r¨¦gimen com¨²n, a diferencia del modelo vasco: "No fija los porcentajes de los impuestos cedidos parcialmente. Por lo tanto, el Estado tendr¨¢ recursos suficientes en funci¨®n de lo que se pacte". Bosch asegura que no hay que sacar de quicio la referencia al Cupo: "Se basa en una aproximaci¨®n suave -de resultados, y no de modelo- y a medio plazo". "El esfuerzo fiscal de Catalu?a en t¨¦rminos de IRPF supera en m¨¢s del 20% la media estatal, mientras que los recursos per c¨¢pita que recibe la comunidad no llegan a la media. Lo normal es que Catalu?a quiera elevar esa cifra. A la vez, lo ideal ser¨ªa que las comunidades forales contribuyeran a la solidaridad, en aras de una mayor convergencia de resultados".
La propuesta catalana no es el Cupo vasco. As¨ª lo defiende el tripartito y as¨ª lo ven tambi¨¦n los expertos. Aunque hay alguna similitud: la agencia catalana recauda todos los impuestos, aunque en este caso a t¨ªtulo de cedidos. Sin embargo, el Cupo es una cantidad a tanto alzado, mientras que la aportaci¨®n al Estado de la propuesta catalana es un porcentaje de una cesta de impuestos. Adem¨¢s, "hay una aportaci¨®n a la solidaridad que ojal¨¢ existiera en las comunidades forales, y la agencia tributaria, a diferencia de lo que ocurre en el Pa¨ªs Vasco y Navarra, colabora con la estatal", dice Bosch. De la Fuente defiende tambi¨¦n que, "t¨¦cnicamente, no es un cupo", pero critica "la referencia a la equiparaci¨®n de resultados" y a?ade otro elemento pol¨¦mico: "La balanza se decanta peligrosamente hacia una mayor bilateralidad. El sistema actual ya tiene elementos bilaterales, pero el proyecto eleva demasiado el list¨®n".
?Debe una comunidad aut¨®noma rica fijar criterios de solidaridad? "El Estatuto s¨®lo enuncia principios generales, deja claro que la solidaridad se pactar¨¢ de forma multilateral", dice Bosch. Para el investigador del CSIC, por vagas que sean, las referencias a la solidaridad "chocan con el art¨ªculo 138.1 de la Constituci¨®n, aunque muchos de los principios que enumera introducen m¨¢s eficiencia".
Hay otros aspectos controvertidos. En el caso del impuesto de sociedades -el ¨²nico no cedido actualmente-, Bosch entiende "las reticencias del Estado a ceder m¨¢s poder", pero explica que hay f¨®rmulas "para respetar la unidad de mercado, el argumento m¨¢s utilizado para rechazar la cesi¨®n".
La proliferaci¨®n de agencias tributarias supone una p¨¦rdida de eficiencia, seg¨²n los cr¨ªticos. "Eso se evita con las f¨®rmulas de colaboraci¨®n previstas", dice Bosch, que al igual que De la Fuente rechaza la situaci¨®n actual, "en la que las comunidades no tienen informaci¨®n sobre la recaudaci¨®n y las liquidaciones llegan con dos a?os de retraso". La llave de la caja tambi¨¦n preocupa. "La situaci¨®n actual es an¨®mala, pero es preferible que el Estado tenga la llave a que haya 17 llaves. Lo ideal ser¨ªa una sola agencia en la que participen las autonom¨ªas", se?ala De la Fuente. Para Bosch, la f¨®rmula catalana es compatible con esa soluci¨®n. "Es una cuesti¨®n de interpretaci¨®n, como en casi todos los aspectos pol¨¦micos de la propuesta", remacha.
El anatema de la unidad de mercado
La caja ¨²nica y la unidad del mercado interior. Esos son los dos principios que consagra la Constituci¨®n y que aparecen cada vez que las comunidades hacen uso de su capacidad legislativa en el ¨¢mbito de la Seguridad Social o en materia econ¨®mica. El proyecto de Estatuto no iba a ser menos: apenas han surgido voces cr¨ªticas con el articulado relativo a la Seguridad Social, pero patronales de diversos ¨¢mbitos y, sobre todo, el Banco de Espa?a, alertan de la posible "fragmentaci¨®n" del mercado ¨²nico, principalmente en el sector financiero. Casi siempre con un argumento europe¨ªsta: en un momento en el que los Estados transfieren competencias a la UE, ?qu¨¦ sentido tiene que las comunidades quieran ampliar las suyas?
El gobernador del Banco de Espa?a, Jaime Caruana, ha insistido en la necesidad de que la "descentralizaci¨®n de competencias" no genere "discrepancias reguladoras" que puedan erosionar "la unidad de mercado nacional, como ya ha ocurrido en algunas parcelas como el comercio al por menor", otras de las ¨¢reas en las que a¨²n no hay acuerdo definitivo sobre qu¨¦ legislaci¨®n prevalece, la b¨¢sica o la auton¨®mica. Frente a las cr¨ªticas de Caruana, el tripartito y CiU defienden que la Generalitat s¨®lo se arroga competencias exclusivas sobre cajas y mutualidades, que ya ejerce actualmente. Y destacan que esa exclusividad est¨¢ siempre constre?ida al art¨ªculo 149.1 de la Constituci¨®n, que enumera las competencias privativas del Estado. "Si existe alg¨²n aspecto que suscita temor, estamos dispuestos a hablar de ello", asegura el consejero de Econom¨ªa, Antoni Castells.
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