El juez dicta orden de detenci¨®n internacional de los tres militares que mataron a Couso

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz orden¨® ayer la detenci¨®n en cualquier pa¨ªs a efectos de extradici¨®n de los tres militares estadounidenses que el 8 de abril de 2003 mataron con un disparo de tanque al c¨¢mara de Tele 5 Jos¨¦ Couso, que se encontraba en el piso 15 del hotel Palestina, desde donde cubr¨ªa la toma de Bagdad por los norteamericanos. El magistrado les imputa un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato, ya que Couso ten¨ªa la consideraci¨®n de personal civil protegido por el Convenio de Ginebra de 1949. El fiscal recurrir¨¢ la decisi¨®n.

En un auto de cinco folios, Pedraz relata el inicio del conflicto b¨¦lico en Irak y c¨®mo la mayor parte de la prensa internacional se alojaba en el hotel Palestina, adonde se hab¨ªa trasladado desde el hotel Rashid por indicaci¨®n del Pent¨¢gono.

El magistrado destaca tambi¨¦n que el hotel Palestina era uno de los edificios m¨¢s altos de Bagdad y que se encontraba en el ¨¢rea residencial donde viv¨ªa la mayor¨ªa de la poblaci¨®n civil. Y que el 8 de abril de 2003, un tanque Abrams M1 del 64? Regimiento Blindado, 4? Batall¨®n, perteneciente a la 3? Divisi¨®n de Infanter¨ªa del Ejercito estadounidense dispar¨® un proyectil contra el hotel, que alcanz¨® a Jos¨¦ Couso, que falleci¨® a las pocas horas. En ese ataque tambi¨¦n muri¨® Taras Protsyuk, reportero de Reuters de nacionalidad ucrania.

Los imputados son el sargento Thomas Gibson, que realiz¨® el disparo desde el tanque; el capit¨¢n Philip Wolford, que ten¨ªa el mando de la unidad de blindados, y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados n¨²mero 64. Wolford autoriz¨® el disparo tras consultar con De Camp.

El juez Pedraz recuerda que el 21 de abril de 2004 solicit¨® el auxilio judicial internacional al fiscal general de los Estados Unidos para recabar documentaci¨®n sobre los hechos investigados y el 6 de junio de 2005 para que se recibiera declaraci¨®n en calidad de imputados a los tres militares implicados. A?ade que hasta la fecha no ha habido respuesta.

Por tanto, el juez ha ordenado la busca y captura y detenci¨®n internacional a efectos de extradici¨®n de los tres militares "como ¨²nica medida efectiva para asegurar su presencia en el proceso" y a disposici¨®n de la justicia espa?ola, "a la vista de la nula cooperaci¨®n judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos, a pesar del v¨ªnculo de cooperaci¨®n mutua entre Espa?a y aquel pa¨ªs (...) y de los repetidos recordatorios librados para la ejecuci¨®n y cumplimiento de las solicitudes de auxilio enviadas al Fiscal General Norteamericano".

La fiscal¨ªa recurrir¨¢

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional anunci¨® ayer que recurrir¨¢ la decisi¨®n del juez por entender que no tiene competencia para investigar el caso y que no existe ning¨²n delito de persecuci¨®n internacional sobre el que sustentar la orden de detenci¨®n dictada.

Estados Unidos no tiene por costumbre extraditar a sus ciudadanos e incluso en ocasiones ha negociado la impunidad de sus militares antes de intervenir en alg¨²n conflicto b¨¦lico. Tampoco ha reconocido la Corte Penal Internacional. Ya en junio de este a?o, un funcionario del Departamento de Estado manifest¨® a Reuters que "har¨¢ fr¨ªo, mucho fr¨ªo, en el infierno", antes de que los militares sean interrogados en Espa?a. Si no permiti¨® que se tomase declaraci¨®n a los tres imputados, mucho menos acceder¨¢ a entregarlos a la justicia espa?ola.

Sin embargo, la orden internacional de detenci¨®n librada por el juez Pedraz impedir¨¢ que los tres imputados viajen libremente por el mundo, ya que podr¨ªan ser detenidos en cualquier aeropuerto y ser extraditados a Espa?a.

La familia de Jos¨¦ Couso ofreci¨® ayer una conferencia de prensa en la que solicit¨® al Gobierno que tramite la extradici¨®n lo antes posible y agradeci¨® a los medios de comunicaci¨®n la ayuda prestada.

El ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, declar¨® que respeta la decisi¨®n judicial y espera que no afecte a las relaciones con Estados Unidos.

Amnist¨ªa Internacional, por su parte, interpret¨® la decisi¨®n como un nuevo impulso al concepto de Justicia Universal desde Espa?a.