La Ley del Suelo exime a 143 pueblos de la reserva de solares para edificar pisos baratos
El Gobierno regional afirma que la nueva norma agilizar¨¢ los tr¨¢mites urban¨ªsticos
Cuando se han cumplido cuatro a?os de la aprobaci¨®n de la ¨²ltima Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya tiene dise?ada la que quiere aprobar para sustituirla. La futura norma, que a¨²n debe pasar por el filtro del Parlamento regional, permite que los alcaldes de los municipios de menos de 15.000 habitantes (143) puedan decidir el porcentaje de vivienda protegida que se levantar¨¢ en sus pueblos. La anterior ley, a¨²n vigente y aprobada por Alberto Ruiz-Gallard¨®n, establec¨ªa un m¨ªnimo de un 50% de viviendas con protecci¨®n en todos los municipios de la regi¨®n.
El Gobierno de Aguirre quiere que el precio de la vivienda se reduzca. Por ello, encarg¨® a un grupo de expertos en urbanismo que le redactase las l¨ªneas fundamentales de la futura Ley del Suelo. El resultado, sin embargo, no gust¨® a la presidenta, ya que propon¨ªan la eliminaci¨®n o la reducci¨®n del porcentaje de pisos protegidos. En teor¨ªa, y seg¨²n estos expertos, los promotores inmobiliarios -que deben construir un 50% de viviendas protegidas y el mismo porcentaje de libres, seg¨²n la vigente ley- cargan sobre los pisos libres lo que no pueden ganar en los protegidos, cuyo precio m¨¢ximo est¨¢ regulado por el Gobierno (una vivienda protegida se vende aproximadamente a un tercio de una libre).
Por ello, y unido a la falta de suelo, seg¨²n los t¨¦cnicos que Aguirre contrat¨®, los pisos libres son tan caros. Obviaron, sin embargo, que en la Comunidad hay miles de pisos en construcci¨®n o con suelo ya recalificado y que el precio no baja. El a?o pasado se construyeron unos 70.000 pisos.
Con estos mimbres, el Gobierno regional ha dise?ado una nueva Ley del Suelo. El consejero de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n Territorial, Mariano Zab¨ªa, present¨® ayer el anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno. La norma mantiene la obligaci¨®n de que se reserve un 50% del suelo recalificado para vivienda protegida, pero s¨®lo en los municipios de m¨¢s de 15.000 habitantes. Madrid cuenta con 179 localidades, de las que 143, seg¨²n los datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica, tienen menos de los citados 15.000 vecinos. Precisamente en estos pueblos, donde se concentra la mayor parte del suelo libre en la regi¨®n, es donde el Gobierno permitir¨¢ que los alcaldes decidan cu¨¢nto suelo -si quieren alguno- reservan en sus respectivos planes generales para vivienda protegida. En las grandes poblaciones como Madrid, Coslada o Pozuelo de Alarc¨®n, por ejemplo, el suelo sin recalificar es ya m¨ªnimo, por lo que las posibilidades de construir viviendas protegidas es cada a?o menor.
Mejorar el problema
Zab¨ªa cree, sin embargo, que la futura ley "contribuir¨¢ sustancialmente a la mejora del problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid", una vez que haya sido aprobada definitivamente por la Asamblea. "No hay demanda para vivienda protegida en los pueblos peque?os, que adem¨¢s suelen estar rodeados de terrenos protegidos. La posibilidad de que los alcaldes puedan decidir qu¨¦ porcentaje de viviendas protegidas tendr¨¢n es una manera de compensarlos y de permitir su crecimiento. Actualmente, en ellos s¨®lo vive el 8% de la poblaci¨®n", sostiene.
Zab¨ªa declar¨® que conf¨ªa en que el resultado definitivo sea "una ley lo m¨¢s debatida y consensuada posible", que reducir¨¢ a la mitad el tiempo de tr¨¢mite de los planes urban¨ªsticos generales y parciales: a menos de dos a?os, en el caso de los primeros. Esto supondr¨¢, seg¨²n ¨¦l, m¨¢s suelo urbanizable en el mercado, abaratar¨¢ su coste y har¨¢ bajar el precio de la vivienda.
El consejero subray¨® que el objetivo de esta futura ley es "simplificar, agilizar y hacer m¨¢s transparente la tramitaci¨®n urban¨ªstica", y agreg¨® que ser¨¢ "la primera norma medioambiental de la Comunidad de Madrid" e incluir¨¢ la creaci¨®n de un registro ¨²nico que reflejar¨¢ cada uno de los convenios y planes urban¨ªsticos de los municipios madrile?os, que ser¨¢ accesible a trav¨¦s de Internet. Este portal har¨¢ de Madrid la primera regi¨®n espa?ola que contar¨¢ con una iniciativa de estas caracter¨ªsticas.
Zab¨ªa record¨® que el 65% del territorio de la Comunidad est¨¢ medioambientalmente protegido y por eso dijo que hace falta que la ley definitiva incorpore las aportaciones de los vecinos, los agentes sociales, los expertos y, en general, de todos los sectores implicados. El consejero destac¨® igualmente que el anteproyecto incluye el "silencio positivo", de forma que el procedimiento seguir¨¢ adelante en caso de que las administraciones no contesten en los plazos establecidos. Es decir, si un municipio presenta un plan general y el Gobierno no le responde en plazo, el plan quedar¨¢ aprobado o la Comunidad podr¨¢ actuar sobre ¨¦l mediante el llamado procedimiento de acci¨®n sustitutoria.
Zab¨ªa argument¨® que la reserva del 50% del suelo urbanizable para vivienda de protecci¨®n oficial en los grandes municipios madrile?os representa "el doble de lo que prev¨¦ la ley estatal" y est¨¢ "muy por encima" de lo que dedican al mismo fin comunidades como Andaluc¨ªa (33%), Arag¨®n (20%) o Castilla-Le¨®n (del 10 al 15%).
El consejero afirma que no cree que se produzcan "interferencias" con el Gobierno central, ya que espera que el Estado "se mantenga en el ¨¢mbito de sus competencias" porque "existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que marca las limitaciones estatales en materia de suelo". A?adi¨® que la futura ley actualiza el r¨¦gimen de sanciones por infracciones urban¨ªsticas, con hasta tres millones de euros de multa en casos muy graves, y potencia la renovaci¨®n de los cascos antiguos de las ciudades, creando la figura del rehabilitador urban¨ªstico.
El 35% del terreno est¨¢ ya urbanizado o es susceptible de recalificaci¨®n
El 65,3% del territorio de la Comunidad de Madrid es suelo no urbanizable, en su mayor¨ªa por razones ambientales. El 35% restante se reparte entre el 8,6% que ocupan las actuales ciudades y pueblos, el 4,1% que est¨¢ preparado para urbanizar y otro 4,4% que est¨¢ destinado a redes p¨²blicas. El 17,5% restante es no comprometido, lo que supone una reserva de suelo a medio y largo plazo. "Pero eso no significa que se vaya a urbanizar, sino que est¨¢ ah¨ª para un futuro", afirma el consejero Mariano Zab¨ªa.
El anteproyecto clasifica el suelo en tres grandes tipos: urbano, r¨²stico y urbanizable. Dentro del r¨²stico se encuadran los suelos con protecci¨®n ambiental -especial y preservado- y una nueva figura denominada r¨²stico transformable, que es aquel que no est¨¢ protegido ni est¨¢ programado para urbanizar.
Santiago Mart¨ªn Barajas, portavoz de la asociaci¨®n Ecologistas en Acci¨®n, cree que la ley dise?ada por el Gobierno de Aguirre "es una barbaridad": "Ni va a reducir el precio de las viviendas ni va a liberar suelo para pisos protegidos. Creemos, al contrario, que el precio de la vivienda se va a disparar, porque en los municipios donde hay reserva de suelo [los de menos de 15.000 habitan-tes] los alcaldes podr¨¢n decidir si aprueban o no viviendas protegidas". "Conociendo el negocio inmobiliario, hoy es un gran d¨ªa para los promotores", mantiene el portavoz ecologista.
Mart¨ªn Barajas se muestra tambi¨¦n muy cr¨ªtico con el "silencio positivo" que crea la ley para las operaciones urban¨ªsticas. El portavoz de Ecologistas en Acci¨®n considera que "esta figura legal ser¨¢ la puerta de entrada para grandes y pol¨¦micas recalificaciones". "En urbanismo no puede existir el silencio positivo; s¨ª cuando se trata de derechos de las personas, pero en urbanismo, no", afirma tajante.
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