Periodistas

A pocos observadores atentos se les escapar¨¢ que el periodismo atraviesa en Espa?a uno de los momentos m¨¢s cr¨ªticos de su historia reciente. La lista de males no es corta: quiebra de la deontolog¨ªa profesional; manipulaci¨®n de la informaci¨®n para someterla a intereses espurios; falta de transparencia de muchos medios sobre su estructura o su ideario y fragilidad laboral de amplios sectores profesionales. Todo ello ha cristalizado en una preocupante indefensi¨®n de los ciudadanos ante los abusos de algunos medios. Unos abusos que, en demasiadas ocasiones, derivan llana y simplemente en corrupci¨®n.

?ste es el trasfondo sobre el que el Congreso de los Diputados ha iniciado los debates para elaborar un Estatuto del Periodista. En el Parlamento comparecer¨¢ una cuarentena de expertos para expresar su opini¨®n sobre el origen del proyecto, una proposici¨®n de ley presentada por Izquierda Unida y debatida el pasado mes de noviembre. Nadie niega que los problemas existen y que alcanzan por igual a los periodistas, cuyo prestigio se ve salpicado por las malas pr¨¢cticas de algunos de ellos, y a los lectores, que asisten con creciente estupefacci¨®n a la deriva en la que se ha embarcado un reducido grup¨²sculo de medios en Espa?a, tanto de radio y prensa escrita como, pese a su juventud, tambi¨¦n de Internet. Con todo, el proyecto de Estatuto del Periodista que debate la Comisi¨®n Constitucional del Congreso constituye la peor soluci¨®n posible que cab¨ªa imaginar.

Otros pa¨ªses de nuestro entorno viven tambi¨¦n, o han concluido ya, procesos de regulaci¨®n semejantes. Casi siempre con vivas pol¨¦micas que, no obstante, no han alcanzado el nivel de ruido del caso espa?ol, correlato exacto de la amalgama de insultos, infamias, intromisiones en la intimidad, amarillismo o confusi¨®n entre informaci¨®n y opini¨®n que diariamente trata de pasar por periodismo de calidad en los quioscos y las ondas de este pa¨ªs. Traspasar el ampl¨ªsimo territorio de la opini¨®n para adentrarse resueltamente en los pantanos de la desestabilizaci¨®n de las instituciones democr¨¢ticas constituye otra peculiaridad espa?ola que no tiene parang¨®n en el resto de Europa, y en cuya pr¨¢ctica destaca, de forma paradigm¨¢tica, la emisora radiof¨®nica de los obispos.

Pero si la situaci¨®n es preocupante, peor es el remedio. Los redactores del proyecto de ley han soslayado en su inspiraci¨®n los modelos liberales que mejor funcionan, especialmente el del Reino Unido, que se basa en la autorregulaci¨®n de los periodistas, la responsabilidad de las empresas, la aplicaci¨®n en su caso de la legislaci¨®n civil, penal o laboral y la ausencia de intromisi¨®n de los poderes p¨²blicos. En lugar de todo ello, el proyecto espa?ol opta por un intervencionismo de hechuras rancias, cuyo regusto autoritario no puede m¨¢s que preocupar a cualquiera que considere que el periodismo en libertad constituye la piedra de toque de la calidad de una democracia.

Para empezar, el texto instaura un Consejo Estatal de la Informaci¨®n, nombrado por el Parlamento, financiado por los Presupuestos y dependiente en ¨²ltima instancia del poder pol¨ªtico, con capacidad, ni m¨¢s ni menos, de decir qui¨¦n es periodista y qui¨¦n no, al disponer de la capacidad de conceder acreditaciones profesionales (y de retirarlas hasta por un periodo de dos a?os), entre otras estrafalarias atribuciones.

El proyecto pretende adem¨¢s regular el secreto profesional en sustituci¨®n del C¨®digo Penal, lo que resultar¨¢, seg¨²n quede el texto final, excesivo o innecesario. Probablemente, ambas cosas a la vez. Menoscaba la competencia del director del medio para nombrar cargos intermedios. Olvida o minimiza el hecho de que los derechos de autor de los periodistas sobre sus textos son frecuentemente m¨¢s colectivos que individuales. E impone con un detallismo reglamentista la figura de los Comit¨¦s de Redacci¨®n (de la que este peri¨®dico ha sido pionero), que tan buenos resultados pueden generar cuando son producto del libre pacto entre editoras y periodistas en el ejercicio de su respectiva autonom¨ªa.

De esta serie de cat¨¢strofes en cascada apenas se libra otra cosa que la mejora en la protecci¨®n para el acceso profesional a las fuentes informativas, registros y expedientes p¨²blicos (art¨ªculo 16). Pero tambi¨¦n el corporativismo de sus redactores lastra este intento, pues sustrae a las empresas y profesionales del periodismo de sus deberes de transparencia. En suma, contra la pretensi¨®n expl¨ªcita del texto de aumentar la independencia y la calidad del periodismo espa?ol, lo que se configura es un periodismo sometido y, por ende, de peor calidad. Se trata de un desprop¨®sito sin paliativos. La ¨¦tica no se impone por ley. Un c¨®digo deontol¨®gico es un compromiso personal y al tiempo colectivo de quienes aceptan voluntariamente unas reglas de comportamiento en el ejercicio de su profesi¨®n. El juicio de lectores y audiencias, por un lado, y el C¨®digo Penal, por otro, se bastan para delimitar el ancho terreno de juego desde el que los periodistas han de realizar su contribuci¨®n al fortalecimiento de la democracia.