El caso de la esp¨ªa Valery Plame entra en una fase decisiva

El fiscal especial, que se apresta a decidir en las pr¨®ximas horas si procesa a los m¨¢s ¨ªntimos colaboradores del presidente Bush y del vicepresidente Cheney en el caso de la filtraci¨®n ilegal del nombre de la agente clandestina de la CIA Valerie Plame, tom¨® declaraci¨®n durante 22 meses a medio centenar de cargos altos y medios, entre los cuales destacan m¨¢s de 20 colaboradores directos de la Casa Blanca. Bush y Cheney se sometieron a las preguntas del fiscal y de su equipo por separado en la Casa Blanca acompa?ados de abogado.

El fiscal especial, Patrick Fitzgerald, ha hecho muy pocos anuncios en este caso. Pero ha presentado muchos escritos en los tribunales, donde tuvo que fundamentar su exigencia de que los periodistas involucrados en conversaciones con funcionarios de la Administraci¨®n Bush sobre Valerie Plame, esposa del diplom¨¢tico Joseph Wilson -el hombre que denunci¨® a Bush por exagerar el peligro nuclear iraqu¨ª- deb¨ªan prestar declaraci¨®n ante el gran jurado a cargo de la investigaci¨®n. Esos escritos cuelgan a partir del viernes pasado en una p¨¢gina web del fiscal especial dedicada al caso Plame.

Fitzgerald, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas consultadas, trabaj¨® durante todo este caso con la Ley de Protecci¨®n de Identidades de Inteligencia de 1982, que prev¨¦ una pena de hasta 10 a?os de c¨¢rcel para las personas que violen dicha ley.

Son mayor¨ªa los esc¨¦pticos respecto al encaje de la citada legislaci¨®n en este caso. Seg¨²n se establece all¨ª, comete el delito "cualquiera que teniendo acceso a informaci¨®n clasificada que identifica a un agente clandestino, revela intencionadamente cualquier informaci¨®n que identifique a un agente clandestino a cualquier individuo no autorizado a recibir informaci¨®n clasificada, sabiendo que la informaci¨®n desvelada identifica a tal agente y que Estados Unidos est¨¢ adoptando medidas para ocultar la relaci¨®n de dicho agente clandestino de inteligencia con EE UU".

Pero hay quienes creen que lo que ya se conoce p¨²blicamente -la participaci¨®n de Irving Lewis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente Cheney, y Karl Rove, asesor principal de Bush- permitir¨ªa aplicar la ley de 1982.

"No s¨¦ si Fitzgerald va a aplicar esta ley. Lo que puedo decir es que no es, como se ha dicho, una ley que sea de imposible aplicaci¨®n. Las condiciones que exige esa ley pueden estar perfectamente presentes en este caso. Si Libby y Rove supieron la identidad de la esposa del embajador Joseph Wilson por el memor¨¢ndum clasificado del Departamento de Estado del 10 de junio de 2003, se cumplir¨ªa la m¨¢s importante condici¨®n. Las dem¨¢s son m¨¢s f¨¢ciles de probar", explic¨® a este peri¨®dico Elizabeth de la Vega, de 53 a?os, que acaba de abandonar la carrera tras 20 a?os como fiscal en Minneapolis y como fiscal-jefe de investigaciones penales en la oficina del fiscal en San Jos¨¦, en el distrito norte de California. Otras leyes federales que Fitzgerald y su equipo pueden utilizar: conspiraci¨®n, remoci¨®n no autorizada o retenci¨®n de documentos clasificados, espionaje.

Algunas de las personalidades que comparecieron ante el gran jurado o fueron interrogadas por el fiscal especial son: el ex secretario de Estado, Colin Powell; el segundo de Powell, Richard Armitage; el actual fiscal general, Alberto Gonzales; Condoleezza Rice; Stephen Hadley, actual consejero de Seguridad Nacional; Irving Lewis Libby, jefe de gabinete de Cheney y Karl Rove, asesor de Bush.