Urbanismo y democracia

En los ¨²ltimos meses, asistimos a una saludable novedad en el Pa¨ªs Valenciano: a cada propuesta de gran operaci¨®n urban¨ªstica que atenta contra el sentido com¨²n y las reglas b¨¢sicas de un urbanismo democr¨¢tico, se le opone una movilizaci¨®n social m¨¢s o menos potente y cr¨ªtica que intenta quebrar la l¨®gica gris de la especulaci¨®n sin l¨ªmite y del enriquecimiento instant¨¢neo. Son -somos- movimientos dispersos e inarticulados, porque han nacido a pie de calle, del amor a los horizontes conocidos, de la exigencia de respeto por lo p¨²blico y en defensa de la dignidad de nuestras ciudades. Si en esto son iguales, o, al menos, similares, tambi¨¦n encuentran un campo de coincidencia en las r¨¦plicas que suelen recibir de los poderes de cada municipio: las Plataformas y sus componentes ser¨¢n acusados de tener intereses ocultos, de estar manipulados o de impedir el desarrollo de la econom¨ªa local.

Y, sin embargo, estas Plataformas, con su variada gama de acciones y reclamaciones, est¨¢n dando muestras de una mayor coherencia de la que muestran las formaciones pol¨ªticas, en especial el PP y el PSPV-PSOE, desgarrados internamente al discutir planes urban¨ªsticos, ofreciendo con ello la imagen de una incapacidad absoluta para imponer la disciplina interna o, lo que es m¨¢s importante, de disponer de modelos sostenibles, respetuosos con la ciudad, interiorizados por sus militantes y cargos p¨²blicos. De ello se derivan dos realidades. La primera es que las alianzas sociales que estas Plataformas pueden establecer son de geometr¨ªa variable, en la medida en que en cada lugar las posiciones que sostiene cada partido son tan opuestas como contradictorias, en funci¨®n de si se encuentra o no en el gobierno o en la oposici¨®n, e, incluso, de las relaciones e influencias trabadas con los constructores de turno. La segunda es m¨¢s importante y afecta a la m¨¦dula misma de la vida democr¨¢tica y hasta de la propia convivencia. En efecto, la existencia de un amplio mapa de confrontaciones pol¨ªticas apunta a un cierto renacimiento de una sociedad civil, todav¨ªa muy d¨¦bil, pero suficientemente importante como para haber quebrado la resignada pasividad que, durante a?os, ha sido la coartada que ha permitido el triunfo del capitalismo de municipio, con su tendencia al oligopolio y al establecimiento de oscuras componendas entre el poder pol¨ªtico y el econ¨®mico en todo el Pa¨ªs Valenciano.

Pero todo ello ser¨¢ ineficaz si no somos capaces de analizar c¨®mo estas din¨¢micas tan depredadoras que ahora empiezan a ser cuestionadas est¨¢n afectando a la propia convivencia democr¨¢tica, a la herencia misma que sobre el sistema pol¨ªtico estamos dejando, mucho m¨¢s all¨¢ de los quebraderos de cabeza que brindan a los dirigentes de los principales partidos. Se trata, por tanto, de intentar una -provisional- caracterizaci¨®n de esa degradaci¨®n democr¨¢tica que el actual modelo neodesarrollista est¨¢ alimentando. Desde este punto de vista, al menos, cabe advertir:

1.- El modelo genera en su conjunto, a medio y largo plazo, poderosos desequilibrios sociales que alteran los presupuestos igualitarios y no discriminatorios en los que se basa la democracia. Tiende a fragmentar la sociedad, identificar los sectores subordinados perpetuando su condici¨®n socioecon¨®mica y propician la aparici¨®n de bolsas de marginalidad y espacios de segmentaci¨®n social de los ciudadanos, seg¨²n sus posibilidades de acceso a la vivienda o su capacidad de hipotecarse. Estamos ante un modelo, que, lejos de hacer ciudad, las deshace, y ante todo, deshace la ciudadan¨ªa, al fragmentarla y aislarla. Y a su insostenibilidad medioambiental, se suma una inestabilidad social que se verifica en la edificaci¨®n de escenarios para la desintegraci¨®n y la disoluci¨®n de las redes sociales preexistentes.

2.- El urbanismo de promotor ha conseguido tener su correlato pol¨ªtico: los nuevos caciques. Los principales promotores -individuales o societarios-, al controlar espacios cada vez m¨¢s grandes de las poblaciones, controlan tambi¨¦n sus tiempos y se reclaman propietarios de trozos de ciudad y de la ciudadan¨ªa al ser los ¨²nicos con capacidad para gestionar su futuro. En aspectos b¨¢sicos de la vida local, la funci¨®n de las instituciones y, especialmente, de los ayuntamientos, se vuelve tendencialmente irrelevante, lo que a¨²n se pone m¨¢s en evidencia cuando los PAI se sacan de los PGOU. Los promotores son los ¨²nicos empresarios que, en muchos lugares, est¨¢n en condiciones reales de extorsionar a la ciudad y a sus poderes p¨²blicos con argumentos como la creaci¨®n de un empleo inconcreto, la urgencia de vivienda barata imprecisa o la construcci¨®n de dotaciones difusas. Para ello, en muchos casos, la primera tarea de los constructores consiste en construir mayor¨ªas municipales a la medida de sus intereses.

3.- La confianza en las instituciones se desmorona: se difunde una cultura de la sospecha. Es tal el volumen de dinero que corre en las operaciones inmobiliarias y tan perversa la utilizaci¨®n de normativas, que los ciudadanos no pueden por menos que desconfiar de los pol¨ªticos que autorizan tales actuaciones. Ante ello, se generaliza una profunda desmoralizaci¨®n, en sentido estricto: las cuestiones relativas a la ¨¦tica p¨²blica son sustituidas por los informes t¨¦cnicos, de tal modo que "lo que es posible, es inevitable, y lo que es inevitable debe ser bueno o mejorable". Se implanta as¨ª un clima de resignaci¨®n en medio de un darwinismo social, que se traduce en un "s¨¢lvese el que pueda" que propicia la divisi¨®n social, la quiebra de la autoestima ciudadana y un "todos son iguales", aut¨¦ntico veneno del sistema democr¨¢tico. La herencia que todo ello deja no est¨¢ siendo suficientemente valorada.

4.- Por supuesto, la corrupci¨®n existe, aunque casi siempre sea imposible de probar, junto a fen¨®menos concomitantes como el blanqueo de dinero o la exigencia de pago en "dinero negro". Y como muchos de los promotores intervienen tambi¨¦n en la obra p¨²blica, medran los proyectos incumplidos o la necesidad de reformas abusivas que encarecen el precio inicialmente aprobado. Todo ello puede sostenerse por la potencia econ¨®mica de poderosos bien arropados por gabinetes jur¨ªdicos preparados para aguantar pleitos, que desanimen al contrincante. Se cierra el c¨ªrculo: si se aprecia un deterioro de lo social y democr¨¢tico inscritos en la Constituci¨®n como rasgos esenciales del Estado, el Estado de Derecho, materialmente, tambi¨¦n hace crisis en su encuentro con unos poderes superpuestos a la l¨®gica constitucional.

La soluci¨®n a esta situaci¨®n no pasa, ¨²nicamente, por reformas en la legislaci¨®n urban¨ªstica, aunque ¨¦stas sean absolutamente imprescindibles. Hace falta, ante todo, que las fuerzas pol¨ªticas reelaboren un discurso integral, radicalmente democr¨¢tico, que incluya cambios que vayan desde el funcionamiento mismo de los ayuntamientos a las medidas de control y penalizaci¨®n, del respeto a la participaci¨®n ciudadana a la exigencia de responsabilidades a quienes perviertan su mandato p¨²blico al servicio de estas operaciones. Y, tambi¨¦n, sobre todo, que esas fuerzas pol¨ªticas, en estrecho di¨¢logo con la sociedad civil que ya no estar¨¢ quieta, sean capaces de recuperar una de sus funciones b¨¢sicas en democracia: asumir un liderazgo moral, un liderazgo cimentado en la transparencia y en la definici¨®n n¨ªtida e inequ¨ªvoca de las intenciones.

Tambi¨¦n firman este art¨ªculo Jos¨¦ Ram¨®n Navarro, Carlos G¨®mez, Carlos Arribas, Mar¨ªa Teresa Catal¨¢, Fernando Vera, Adri¨¢n L¨®pez, Rafael Ruiz y Roberto Batlles en nombre de la Plataforma Contra el Plan Rabassa de Alicante.