Terrazas poco edificantes

La multa de 30.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona a una vecina que cerr¨® una terraza sin permiso ha disparado las alarmas de un conjunto de vecinos que, durante a?os, hab¨ªa hecho lo mismo tras comprobar la tolerante actitud municipal. Tolerancia que, eso s¨ª, se quebraba cuando hab¨ªa una denuncia, en general de alg¨²n vecino. "De las inspecciones municipales", explica el gerente de Urbanismo, Ricard Massaguer, "menos del 20% son de iniciativa municipal, la mayor¨ªa son denuncias de alguien que se siente perjudicado".

Los vecinos con cerramientos en balcones, terrazas y otros espacios ocupables quieren cambiar la situaci¨®n: menos permisividad y las cosas m¨¢s claras. Ellos pretenden la legalizaci¨®n de las obras realizadas. Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) respalda esta posici¨®n a condici¨®n de que se encuentre un mecanismo para pagar al Ayuntamiento por el incremento de espacio conseguido, seg¨²n su concejal, Joan Puigdollers. El equipo de gobierno, en cambio, no est¨¢ por la labor: "Una cosa es no perseguir y otra legalizar la situaci¨®n", afirma un representante municipal. En su opini¨®n, la ciudad no puede permitirse aumentar a cualquier precio el volumen construido y los cimientos de las casas, tampoco.

El Ayuntamiento de Barcelona investigar¨¢ los cerramientos de sus inmuebles

Por si la cosa se endurece, la asociaci¨®n de vecinos con cerramientos ha encargado un an¨¢lisis de la situaci¨®n, con vistas a negociar con el municipio. De acuerdo con sus datos, unas 79.000 viviendas tienen alg¨²n tipo de cerramiento, formalmente ilegal, pero tolerado, y lo que es m¨¢s chocante: las administraciones lo hacen por norma. La asociaci¨®n ha puesto en circulaci¨®n fotograf¨ªas de edificios del propio Ayuntamiento de Barcelona, del Parlament, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, del Sector Naval y de departamentos del Gobierno catal¨¢n (Medio Ambiente e Interior) que muestran a?adidos incluso m¨¢s estables que los cerramientos met¨¢licos de algunos balcones.

"No tienen nada que ver", explica Massaguer. Argumenta que son dos casos distintos por varios motivos. El primero es que los particulares pretenden modificar el volumen a construir establecido por la ley con ¨¢nimo de lucro: la vivienda tiene m¨¢s metros cuadrados y tambi¨¦n mayor valor en el mercado. En cambio, las administraciones p¨²blicas s¨®lo benefician al ciudadano administrado y, lo que cree m¨¢s importante, no incumplen la ley porque la norma establecida por el Plan General Metropolitano permite el aumento de edificabilidad en funci¨®n de las necesidades. De modo que todos los a?adidos denunciados son legales, aunque algunos puedan ser un atentado contra el buen gusto.

Las normas actuales permiten ampliar un equipamiento p¨²blico cuando sea necesario y la limitaci¨®n de altura est¨¢ relacionada con el entorno. Eso ha hecho que el propio Ayuntamiento derribara cuatro pisos del edificio de la plaza de Sant Miquel, pero permite muchas otras cosas.

La mayor¨ªa de casos denunciados tienen a?os tras de s¨ª. El cerramiento del Puerto de Barcelona tiene "al menos 30 a?os", se?ala un portavoz portuario. El del Parlament, cuyo espacio ocupa el grupo de ICV, fue construido en la primera legislatura, a principios de los a?os ochenta. Hay un par de construcciones en Medio Ambiente que nadie recuerda cu¨¢ndo se hicieron y que ya estaban all¨ª cuando el edificio fue comprado por el Gobierno de CiU al financiero, luego procesado, Javier de la Rosa.

Pese a ello, el Ayuntamiento investigar¨¢ todos los casos denunciados por la asociaci¨®n, por si hubiera que derribar alguno de los ed¨ªculos.