La Audiencia ve delito en las casas de madera plantadas sin licencia en zonas no urbanizables
La resoluci¨®n afecta a una construcci¨®n de dos plantas en un pol¨ªgono de Colmenar Viejo
La Audiencia de Madrid ha dictado un auto en el que indica que puede constituir un delito la construcci¨®n sin licencia municipal de una casa de madera en un suelo no urbanizable. La resoluci¨®n afecta a una construcci¨®n de madera de dos plantas situada en un pol¨ªgono de Colmenar Viejo. No obstante, y al tratarse de la Audiencia Provincial, la valoraci¨®n jur¨ªdica que se hace en el auto cabe extrapolarla a los cientos de casas de madera que hay sin licencia en suelo no urbanizable de la regi¨®n. Sus propietarios alegan que, al ser casas que pueden ser desplazadas, no necesitan licencia.
El Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Colmenar Viejo archiv¨® una denuncia de agentes forestales y de la Fiscal¨ªa de Madrid contra el due?o de una vivienda de madera de Colmenar. Esta construcci¨®n se asienta sobre una plataforma de hormig¨®n de 40 metros cuadrados en la parcela 75 del pol¨ªgono 41 de Colmenar. La casa, igual que otras muchas de este tipo distribuidas por la regi¨®n, se levant¨® sin licencia municipal y sin la oportuna calificaci¨®n jur¨ªdica de la Comunidad, seg¨²n el auto judicial.
En Madrid hay ahora casi 100 casas de este tipo precintadas por orden judicial. Muchas personas instalan casas de madera en zonas no urbanizables y, para esquivar la acci¨®n penal sobre ellos, alegan que no se trata de instalaciones fijas, sino m¨®viles y desplazables y que, por tanto, no pueden considerarse edificaciones que requieran licencia.
El auto de la Audiencia de Madrid, que firma el magistrado Rafael Mozo, no s¨®lo no lo entiende as¨ª, sino que, en el caso de la vivienda de Colmenar, considera que el hecho puede ser delictivo. Y por ello pide al Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Colmenar que reabra la investigaci¨®n. La Audiencia no concreta m¨¢s su opini¨®n al respecto porque ello supondr¨ªa prejuzgar los hechos antes del juicio.
C¨®digo Penal
La juez de Colmenar lo sobresey¨® bas¨¢ndose en el principio de intervenci¨®n m¨ªnima del derecho penal y porque entiende que el art¨ªculo 319 del C¨®digo Penal no especifica con claridad el concepto de "construcci¨®n y edificaci¨®n no autorizada". La juez aleg¨® que hab¨ªa que hacer una interpretaci¨®n de la norma favorable al reo dado que "se trataba de una edificaci¨®n desmontable y no enclavada en el suelo", por lo que no requiere licencia.
La Audiencia considera suficiente, para que se vulnere el citado delito, el inicio de la obra. Se?ala el juez: "La construcci¨®n, como acci¨®n y efecto de construir, tiene un sentido amplio en el que se incluyen muros, presas, obras industriales, mientras que la edificaci¨®n [a la que se refiere el art¨ªculo 319.2] presenta un significado m¨¢s restringido y se refiere m¨¢s bien a la construcci¨®n de viviendas destinadas al uso y disfrute humano". El juez a?ade: "La construcci¨®n y la edificaci¨®n se inicia cuando se ponen los cimientos y muros, siempre que sean obras de cierta permanencia y car¨¢cter fijo". Es decir, justo cuando "se inicia la obra" se comete el delito, y ¨¦ste persiste "mientras dura la construcci¨®n", sostiene el juez.
Seg¨²n el magistrado, el art¨ªculo 319 del C¨®digo Penal tiene como objetivo la "obtenci¨®n de una mayor calidad de vida y de h¨¢bitat humano a trav¨¦s de la utilizaci¨®n racional del suelo orientada a los intereses generales".
El juez entiende que los "tribunales han de tener en cuenta la relevancia" del inter¨¦s general que protege esta norma con una aplicaci¨®n "ponderada y adecuada" del citado precepto penal, por lo que "no parece razonable" cerrar la investigaci¨®n del caso de Colmenar con la sola "declaraci¨®n como imputado del denunciado". Y menos a¨²n "ante unos hechos que, en este momento procesal, no se puede descartar el car¨¢cter delictivo de los mismos", a?ade.
En Villanueva de Perales hay 23 casas de madera en un espacio protegido. Una juez de Navalcarnero las ha precintado por supuestas irregularidades urban¨ªsticas. El precinto se ha decretado cuando 195 personas hab¨ªan pagado cantidades de entre 18.000 y 60.000 euros para instalar en ¨¦l casas prefabricadas (las llamadas mobile homes) y disponer de una parcela de uso exclusivo dentro del recinto, un terreno r¨²stico que ocupa una extensi¨®n de 101.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Villanueva acusa a los promotores de querer crear all¨ª un nuevo pueblo con la artima?a de las casas de madera.
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