Tras la manifestaci¨®n

La elevada participaci¨®n en la manifestaci¨®n contra el proyecto de Ley de Educaci¨®n (LOE) refleja la fuerte divisi¨®n social que suscita cualquier iniciativa legislativa sobre la ense?anza cuando roza, o se interpreta que roza, los intereses o privilegios de la Iglesia. Tambi¨¦n confirma la fuerte capacidad de movilizaci¨®n de las organizaciones cat¨®licas, que han invocado sobre todo la libertad de elecci¨®n de centro por los padres y la libertad ideol¨®gica de los colegios, pese a que ni una ni otra se ven afectadas por la ley.

La LOE no introduce cambios significativos respecto a tales cuestiones. Todos los centros, p¨²blicos o concertados, se financian con presupuestos p¨²blicos. La Administraci¨®n se limita a garantizar que esos fondos no se empleen por los centros de manera discriminatoria, por ejemplo en el proceso de selecci¨®n de los alumnos. La Religi¨®n seguir¨¢ teniendo la consideraci¨®n de asignatura optativa, aunque todos los centros estar¨¢n obligados a impartirla. Lo que s¨ª cambia respecto a la ley del PP es que no ser¨¢ evaluable a efectos curriculares, lo cual es l¨®gico trat¨¢ndose de una materia impartida con criterios doctrinales. Los obispos han presionado siempre para que los alumnos que decidan no cursarla tengan que seguir otra asignatura evaluable, para evitar la deserci¨®n de las clases de religi¨®n por comodidad. Pero aceptar eso supondr¨ªa reconocer a la Iglesia el derecho a regular la ense?anza de quienes decidan no cursar religi¨®n, lo que resulta dif¨ªcil de aceptar en un Estado no confesional. La discusi¨®n sobre este asunto envenen¨® el debate sobre la Ley de Calidad del PP y fue uno de los motivos que impidieron consensuarla.

Algunos portavoces del PP se han quejado estos d¨ªas de que el Gobierno estaba centrando la discusi¨®n sobre la asignatura de religi¨®n, cuando los motivos esenciales de divergencia son otros: la reducci¨®n de los contenidos comunes a todas las autonom¨ªas y los criterios pedag¨®gicos, menos exigentes que los propuestos por la LCE en materia de repeticiones e itinerarios alternativos para quienes no demuestren aptitud suficiente. Lo cierto es que ese partido se ha sumado a una iniciativa esencialmente sostenida por organizaciones cat¨®licas y en torno a reivindicaciones invocadas desde hace a?os por la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica.

Con todo, que exista un debate p¨²blico sobre la educaci¨®n es positivo, porque se trata de uno de los problemas m¨¢s graves de la sociedad espa?ola actual. As¨ª lo confirman estudios comparativos, como el demoledor Informe Pisa de diciembre de 2004, que sit¨²a a Espa?a a la cola de Europa, y el reciente de la Comisi¨®n Europea sobre fracaso escolar. La primera reacci¨®n de los pol¨ªticos ante ese fracaso no ha sido buscarle soluci¨®n, sino culpables: en el partido rival.

La educaci¨®n es un tema tradicionalmente conflictivo entre la derecha y la izquierda. Pero que en este periodo democr¨¢tico haya habido ya seis leyes con sus planes respectivos, ninguna de ellas consensuada, resulta desmesurado. Deber¨ªa ser posible jerarquizar las divergencias y, por una vez, buscar un acuerdo sobre los asuntos sustanciales. Para ello, naturalmente, se necesitan varias condiciones. La primera es que el principal partido de la oposici¨®n renuncie a utilizar la reforma de la educaci¨®n como artiller¨ªa de calibre en su batalla para desgastar al Gobierno. Una esperanza ilusoria, vista la actual estrategia del PP en los grandes temas de Estado. Por otra parte, tambi¨¦n resulta imprescindible que el Ejecutivo busque, m¨¢s all¨¢ de los intereses de la Iglesia que el PP ha enarbolado de forma demag¨®gica, puntos de acuerdo en una ley fundamental para el futuro del pa¨ªs.