El lado oscuro de EE UU

"Tenemos que adentrarnos un poco en el lado oscuro, por decirlo as¨ª (...), tendremos que hacerlo en silencio, sin discusi¨®n, usando fuentes y m¨¦todos al alcance de nuestros organismos de Inteligencia, si queremos tener ¨¦xito. ?ste es el mundo en el que esa gente act¨²a, as¨ª que va a ser vital emplear cualquier medio a nuestra disposici¨®n para, b¨¢sicamente, conseguir los objetivos". Era el 16 de septiembre de 2001, cinco d¨ªas despu¨¦s de los atentados de Al Qaeda contra Nueva York y Washington. Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, dec¨ªa estas palabras al periodista Tim Russert en la residencia presidencial de Camp David, nada m¨¢s concluir una larga reuni¨®n -pr¨¢cticamente 36 horas seguidas- a la que, adem¨¢s de ¨¦l y George W. Bush, asisti¨® el equipo de seguridad y defensa de la Casa Blanca.

Ahora, cuatro a?os m¨¢s tarde, y cuando se conocen algunos resultados de la incursi¨®n en el lado oscuro -las t¨¦cnicas de interrogatorios empleadas en Guant¨¢namo y exportadas a Abu Ghraib y las denuncias de vuelos clandestinos de la CIA y de c¨¢rceles secretas en pa¨ªses extranjeros- el debate sobre la tortura se ha convertido en uno de los asuntos candentes de la pol¨ªtica estadounidense, con consecuencias de dif¨ªcil pron¨®stico.

Por lo pronto, hay un choque frontal entre la Casa Blanca y el Senado, que vot¨® hace un mes abrumadoramente -90 contra 9- una propuesta patrocinada por dos senadores republicanos, John McCain y Lindsay Graham, para prohibir al Ej¨¦rcito y a la CIA "el trato cruel, inhumano o vejatorio" de cualquier detenido bajo custodia estadounidense en cualquier lugar del mundo. El Pent¨¢gono tambi¨¦n prohibi¨® hace una semana la tortura f¨ªsica y mental de los detenidos y orden¨® que todos los interrogatorios se hagan "de manera humanitaria". El Departamento de Estado se opone a la campa?a de Cheney, y un reciente informe interno de la CIA advirti¨® de la presunta ilegalidad de ciertas "t¨¦cnicas interrogatorias".

Sin aclaraciones

"Nosotros no torturamos", dijo el presidente Bush la semana pasada, pero no quiso aclarar -nadie del Gobierno lo ha hecho- ni la denuncia hecha hace meses sobre los supuestos vuelos secretos de la CIA para transportar "prisioneros enemigos" ni la informaci¨®n sobre la red de c¨¢rceles secretas en pa¨ªses de Asia y Europa. Cheney presiona al Congreso para que la medida antitortura no incluya a la CIA, y Bush explic¨® por qu¨¦: "Hay un enemigo que acecha y hace planes y quiere golpearnos de nuevo; as¨ª que claro que vamos a perseguirles agresivamente. Pero lo haremos dentro de la ley".

"Dentro de la ley" deber¨ªa ser una expresi¨®n clara, pero no lo es. Despu¨¦s de la guerra de Afganist¨¢n, se consider¨® vital obtener informaci¨®n de los presos talibanes y de Al Qaeda para desmantelar c¨¦lulas y evitar futuros atentados. Entre enero y febrero de 2002, la Casa Blanca decidi¨® que no eran prisioneros, sino combatientes enemigos que pod¨ªan ser excluidos de la Convenci¨®n de Ginebra, porque Afganist¨¢n no era realmente un Estado y los detenidos eran terroristas, no soldados.

Desestimar Ginebra permitir¨ªa, seg¨²n el entonces asesor jur¨ªdico Alberto Gonzales, tener m¨¢s flexibilidad en los interrogatorios. En agosto, al amparo de estos razonamientos, Justicia determin¨® que lo ¨²nico que no se pod¨ªa hacer era causar un dolor "de intensidad similar a la que acompa?a un da?o f¨ªsico grave como la muerte o el fallo org¨¢nico". Eso permitir¨ªa una serie de pr¨¢cticas conocidas como "tortura light", aunque el m¨¦todo de la tabla de agua no tiene nada de ligero: al prisionero, desnudo, se le ata a una tabla y se le sumerge en agua durante un rato. Seg¨²n Jay S. Bybee, asesor de Justicia, "el presidente, como comandante en jefe, tiene la autoridad constitucional para ordenar los interrogatorios de los combatientes enemigos" sin interferencias.

Dos a?os y medio despu¨¦s, su informe fue anulado (hoy, Bybee es juez federal y Gonzales ocupa la cartera de Justicia). Pero mientras, el lado oscuro creci¨®: con una opini¨®n p¨²blica en estado de choque por los atentados, un Congreso en situaci¨®n similar y unos medios en buena medida paralizados, se olvid¨® que en 1994 Estados Unidos hab¨ªa ratificado la Convenci¨®n contra la Tortura y que, en 1999, el Departamento de Estado hab¨ªa asegurado: "No hay ninguna ley en EE UU que permita los actos de tortura prohibidos o cualquier otro trato o castigo cruel, inhumano o vejatorio".

Resistencias

Desde temprano hubo ya indicios de los excesos. Sin que a¨²n se conocieran las resistencias de algunos jefes militares, preocupados por lo que podr¨ªa ocurrir a sus soldados cuando fueran hechos prisioneros, o del Departamento de Estado, que tem¨ªa el precio a pagar por prescindir de Ginebra, The Washington Post cont¨®, en diciembre de 2002, que a los detenidos de Al Qaeda en la base a¨¦rea de Bagram que no cooperaban "se les deja durante horas de pie o de rodillas, con capuchones negros o m¨¢scaras", colocados "en posiciones forzadas o dolorosas, sin dormir durante 24 horas". De todo esto, "hecho a menudo con aliados de dudosa reputaci¨®n en materia de derechos humanos, emerge una imagen en la que las l¨ªneas entre lo bueno y lo malo, lo legal y lo inhumano, son cambiantes y difusas".

Despu¨¦s lleg¨® Irak. Defensa traslad¨® a las c¨¢rceles iraqu¨ªes las experiencias y t¨¦cnicas de Guant¨¢namo. A partir de oto?o de 2003, seg¨²n los informes de la Cruz Roja Internacional y, posteriormente, la investigaci¨®n del general estadounidense Antonio M. Taguba, quedaron al descubierto las tropel¨ªas, abusos y malos tratos de Abu Ghraib. Pero los procesos y las condenas no afectan, por el momento, a ning¨²n oficial o alto responsable del Pent¨¢gono o de la CIA. Las fotos tomadas por j¨®venes reservistas de la Guardia Nacional a cargo de la prisi¨®n dejaron helados al Congreso y a los ciudadanos. La reacci¨®n del Senado ya es conocida, y tambi¨¦n se conoce la presi¨®n que la Casa Blanca ejerce sobre la C¨¢mara para que no apruebe la misma prohibici¨®n de la tortura y se negocie un nuevo texto.

En cuanto a la opini¨®n p¨²blica, hay divisi¨®n. En un sondeo de la revista Newsweek se pregunta: ?Cree que puede justificarse la tortura contra un sospechoso de terrorismo para tener acceso a informaci¨®n importante? A menudo est¨¢ justificado, dice el 17%; algunas veces, afirma el 27%; en muy pocas ocasiones, para el 18% y nunca para el 33%. Cuando se fuerza la pregunta -?apoyar¨ªa el uso de la tortura si condujera a evitar un atentado terrorista?- el 58% dice que s¨ª y el 35% que no. Pero casi tres de cada cuatro encuestados reconocen que las acusaciones recientes sobre tortura han da?ado notablemente la imagen de EE UU.