La Junta investiga los horarios de los obreros muertos en Almu?¨¦car

La Junta de Andaluc¨ªa quiere saber si los seis trabajadores que fallecieron el 7 de noviembre tras derrumbarse la estructura met¨¢lica de un viaducto en construcci¨®n de la A-7 cumpl¨ªan con las condiciones laborales m¨ªnimas exigibles en Espa?a. El consejero de Empleo, Antonio Fern¨¢ndez, asegur¨® ayer durante una comparecencia en el Parlamento que su consejer¨ªa investiga las jornadas de los trabajadores portugueses de las subcontratas implicadas en el accidente as¨ª como su relaci¨®n laboral con esas empresas.

Cinco de las seis personas muertas tras la ca¨ªda de una cimbra de acero desde una algura superior a 70 metros con la que se constru¨ªa el viaducto ten¨ªan nacionalidad portuguesa. En la obra participaban dos firmas de esa nacionalidad especializadas en ferallas y encofrados. Se llamaban Douro Montemuro y Barmonta, seg¨²n algunos de sus 80 trabajadores desplazados a Almu?¨¦car (Granada) desde las cercan¨ªas de Oporto (norte del pa¨ªs). El d¨ªa despu¨¦s del accidente, algunos de los obreros aseguraron que trabajaban unas once horas al d¨ªa y que por esa jornada laboral pod¨ªan sacar un salario mensual de entre 1.500 y 2.000 euros.

Conocer con exactitud esas condiciones laborales es uno de los objetivos de la Junta, seg¨²n el consejero Antonio Fern¨¢ndez, que ayer compareci¨® a petici¨®n propia en la comisi¨®n de Empleo del Parlamento andaluz. Para Fern¨¢ndez, la empresa portuguesa para la que trabajaban los cinco fallecidos de esa nacionalidad "debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales en cuanto a condiciones de salarios, jornadas, descansos y prevenci¨®n de riesgos laborales", circunstancias que deben alcanzar el m¨ªnimo exigible en Espa?a.

El consejero se refiri¨® expresamente al horario de trabajo, del que quiere comprobar si se ajusta a la normativa. "Investigaremos si la posible superaci¨®n de la jornada ordinaria es cierta o no y, en su caso, si estaba compensada con descansos como exige la legislaci¨®n espa?ola", a?adi¨® Fern¨¢ndez, que no dio muchos detalles debido al secreto de sumario decretado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Almu?¨¦car.

La Junta quiere tambi¨¦n saber las condiciones en las que estos obreros aceptaban desplazarse a Espa?a para trabajar. Los encofradores aseguraron tras el accidente que la empresa pagaba el alojamiento y los sueldos eran mejores que en Portugal, lo que, para muchos, hac¨ªa el viaje atractivo. "La inspecci¨®n investigar¨¢ la realidad y el funcionamiento de la empresa portuguesa y el fondo de la contrataci¨®n por si se hubiera realizado una pr¨¢ctica de cesi¨®n, legal o ilegal, de trabajadores, as¨ª como la implicaci¨®n, las condiciones y el compromiso de la compa?¨ªa con los trabajadores con car¨¢cter previo al desplazamiento", a?adi¨® el consejero.

Fern¨¢ndez asegur¨® que se han formulado varias hip¨®tesis sobre las causas concretas del siniestro, aunque se neg¨® a explicarlas debido a la orden de discreci¨®n del juez. S¨ª record¨®, sin embargo, que media hora antes del accidente se produjo un corte en el suministro el¨¦ctrico, seg¨²n sus informaciones. El jefe de la Inspecci¨®n de Trabajo en Granada, Jes¨²s Jim¨¦nez, apunt¨® el pasado martes a un fallo t¨¦cnico en la estructura met¨¢lica m¨®vil (autocimbra) sobre la que se constru¨ªa el encofrado del puente, declaraciones que le han costado la apertura de una investigaci¨®n judicial por si hubiera vulnerado el secreto de sumario.

Por otra parte, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, se reuni¨® ayer con C¨¢ndido Jim¨¦nez, responsable regional de construcci¨®n de Comisiones Obreras. La Fiscal¨ªa y el sindicato acordaron mejorar su colaboraci¨®n para perseguir a los empresarios que cometan delitos de riesgo, en los que basta que no se disponga en el centro de trabajo de las medidas de seguridad que recoge la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales provocando un riesgo grave para el trabajador y sin que tenga que producirse el accidente. La Fiscal¨ªa de Granada ha acusado ya a al menos dos empresarios por este delito, recogido en el art¨ªculo 317 del C¨®digo Penal. CC OO, por su parte, se compromete a denunciar los casos que conozca.