El Congreso de EE UU se dispone a renovar la pol¨¦mica Ley Patri¨®tica

Los congresistas y senadores de Estados Unidos que negocian la renovaci¨®n de la Ley Patri¨®tica -la legislaci¨®n especial que refuerza de manera extraordinaria los poderes de la polic¨ªa y que se aprob¨® despu¨¦s del 11-S- llegaron en la madrugada de ayer a un principio de acuerdo que convierte en permanentes la mayor parte de las medidas de la ley. El acuerdo, objetado ayer por tres senadores de cada partido, limita algunos poderes especiales y exige m¨¢s transparencia en los procedimientos, pero no elimina los aspectos m¨¢s criticados de la ley.

La renovaci¨®n de la Ley Patri¨®tica -que fue objeto de un apasionado debate en julio en la C¨¢mara de Representantes y cuyo paso por el Senado la ha atemperado ligeramente- es una prioridad absoluta para el Gobierno, baqueteado en los tres ¨²ltimos meses por diversos reveses pol¨ªticos y bajo m¨ªnimos en credibilidad y confianza.

Precisamente por eso, y porque hay fisuras en la mayor¨ªa parlamentaria, los republicanos se han volcado en el pacto, que ayer cont¨® con un obst¨¢culo: tres senadores republicanos y tres dem¨®cratas se comprometieron a bloquearlo si no se recog¨ªa una provisi¨®n, que figuraba en el texto del Senado -y que se cay¨® en la negociaci¨®n- que establec¨ªa la necesidad de articular protecciones y garant¨ªas "contra la vigilancia gubernamental innecesaria e intrusiva".

Sin mencionar la posibilidad del bloqueo a trav¨¦s del filibusterismo, en una carta dirigida a los comit¨¦s judicial y de inteligencia, los seis dicen que si no hay m¨¢s cambios en el texto del acuerdo "trataremos de impedir que este proyecto de ley se convierta en ley". En palabras del republicano John Sununu, uno de los rebeldes, "va a ser dif¨ªcil que haya votos suficientes para aprobar la ley". Los l¨ªderes republicanos quer¨ªan someter a votaci¨®n el texto hoy mismo en la C¨¢mara y en el Senado. Cualquier retraso es peligroso, porque el jueves de la pr¨®xima semana es el d¨ªa de Acci¨®n de Gracias, y todo se paraliza.

En principio, el acuerdo convierte en permanentes 14 de las provisiones que iban a expirar el 31 de diciembre. Otras tres quedan prorrogadas por siete a?os: la C¨¢mara quer¨ªa una pr¨®rroga de 10 a?os, y el Senado de cuatro (este era uno de los puntos que suscitaban quejas de los dem¨®cratas). Dentro de las medidas prorrogadas se encuentran las que m¨¢s cr¨ªticas han suscitado: aunque con leves matices, la normativa que da poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad seguir¨¢ permitiendo que la polic¨ªa invoque la lucha contra el terrorismo para acceder a la informaci¨®n sobre qu¨¦ libros se compran en librer¨ªas o se usan en bibliotecas p¨²blicas. Y el FBI podr¨¢ continuar enviando cartas en las que se requiera informaci¨®n sobre transacciones financieras o comunicaciones electr¨®nicas, aunque se han suavizado las condiciones y se dan herramientas legales a los que las reciben.

No super¨® en cambio el filtro de la negociaci¨®n algo en lo que el que el Gobierno estaba muy interesado: la posibilidad de citaciones jur¨ªdicas administrativas que burlen el requisito de un juez o de un Gran Jurado.

El pacto prev¨¦ la pena de muerte para los condenados por terrorismo que hayan colaborado en la organizaci¨®n de un atentado o transportado a sabiendas material empleado en un acto terrorista. En este cap¨ªtulo hay medidas que la C¨¢mara hab¨ªa aprobado en julio que quedan suavizadas: si un jurado se bloquea a la hora de tomar una decisi¨®n de pena de muerte contra un acusado de terrorismo, los fiscales no podr¨¢n pedir que se forme un nuevo jurado; tampoco se admitir¨¢ la pena de muerte para un condenado por terrorismo que haya "causado riesgo de muerte".

A pesar de las concesiones, el resultado provisional supone un ¨¦xito para el republicano James Sensebrenner, el hombre que dirigi¨® en la C¨¢mara la pelea para renovar la ley con los menores cambios posibles. Eso es lo que denunci¨® ayer la Uni¨®n de Libertades Civiles, que ha dirigido las cr¨ªticas contra las medidas, repudiadas en cientos de Ayuntamientos y poderes locales en todo el pa¨ªs y que cree que las modificaciones son pura cosm¨¦tica: "La Ley Patri¨®tica era mala en 2001 y, a pesar de los llamamientos en los dos partidos para reformarla, sigue siendo mala en 2005", seg¨²n Lisa Graves. "En lugar de ocuparse de las preocupaciones reales que millones de estadounidenses tienen sobre la ley, la mayor¨ªa republicana ha cedido a la presi¨®n de la Casa Blanca y ha eliminado de la ley las modestas reformas previstas", a?ade.