El alcalde de El Puerto, imputado por una nueva presunta prevaricaci¨®n
El juez investiga otra denuncia por una operaci¨®n urban¨ªstica
El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz, 80.000 habitantes) ha imputado al alcalde de esta localidad, Hern¨¢n D¨ªaz Cort¨¦s, de Independientes Portuenses (IP), como presunto autor de sendos delitos de prevariaci¨®n y contra la ordenaci¨®n del territorio por el desarrollo inmobiliario de una finca conocida como Pinar de Coig, una zona protegida que forma parte de un sistema general de espacios libres.
La justicia tambi¨¦n imputa en este proceso al concejal de Urbanismo portuense, Juan Carlos Rodr¨ªguez; a su antecesor en el mismo cargo en el anterior mandato municipal, Pedro Alamillos; y a los promotores inmobiliarios Jos¨¦ Pinto Fuentes y Rafael Pacheco Descalzo.
El juzgado atiende as¨ª a la denuncia que present¨® Ecologistas en Acci¨®n y el fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de C¨¢diz, ?ngel N¨²?ez. Ambos sostienen que el Ayuntamiento portuense ha "permitido y fomentado" el planeamiento y la construcci¨®n ilegal de una veintena de chal¨¦s privados. Se da la circunstancia de que estos terrenos est¨¢n protegidos por su calidad ambiental y en actual planeamiento urban¨ªstico figuran como parque p¨²blico. La intervenci¨®n del Ministerio P¨²blico se produjo despu¨¦s de que en abril de 200, la Delegaci¨®n de Obras P¨²blicas de la Junta notificase al gobierno local, de IP, esta situaci¨®n supuestamente irregular y reclamase una intervenci¨®n con la advertencia de que, en caso contrario, la Administraci¨®n andaluza plantear¨ªa la retirada de las competencias urban¨ªsticas municipales. El Ayuntamiento hizo caso omiso a estas advertencias y s¨®lo el pasado mes de mayo, tras la apertura de diligencias por parte de la fiscal¨ªa, denunci¨® la situaci¨®n de ilegalidad de las viviendas.
El portavoz de Ecologistas en Acci¨®n, Juan Clavero, mostr¨® ayer su satisfacci¨®n por esta decisi¨®n judicial. "Por fin la justicia est¨¢ actuando por delitos urban¨ªsticos. Tanto la fiscal¨ªa, como los juzgados se est¨¢n tomando en serio estas agresiones que causan un da?o social y medioambiental irreparable", dijo Clavero, quien lament¨® la "connivencia inaceptable" del Ayuntamiento portuense. "Es necesario que se ponga a los responsables de este aut¨¦ntico desprop¨®sito ante la justicia", a?adi¨®.
Con esta imputaci¨®n, al alcalde de El Puerto se le acumulan los procesos judiciales por presuntos delitos urban¨ªsticos. Sobre Hern¨¢n D¨ªaz Cort¨¦s pesa una condena del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) a siete a?os de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico por un delito de prevaricaci¨®n al nombrar de manera ilegal a un subinspector de la polic¨ªa local. La condena no es firme porque el primer edil ha recurrido. Al mismo tiempo, el alcalde est¨¢ imputado en dos procesos: por el Pinar de Coig y por el derribo parcial del palacio de Vizarr¨®n, una construcci¨®n del siglo XVII que goza de un nivel de protecci¨®n integral. Este palacio, conocido como la Casa de las Cadenas y que fue utilizada por los cargadores de Indias a finales del siglo XVII y principios del XVIII, se incorporar¨¢, en breve, al cat¨¢logo de Bienes de Inter¨¦s Cultural (BIC) de Andaluc¨ªa, seg¨²n la Junta. Asimismo, el TSJA ha advertido indicios de un presunto delito de prevaricaci¨®n del gobierno local, de IP, por conceder licencias "ilegales" para el desarrollo inmobiliario del campo de golf de Vi?a Rango, un proyecto que auspicia el ex consejero de Trabajo Ram¨®n Marrero.
Para Ecologistas en Acci¨®n, la situaci¨®n del Ayuntamiento de El Puerto y del alcalde es "totalmente insostenible". "Un alcalde no puede estar condenado e imputado en varios procesos. No puede gobernar una ciudad una persona sospechosa que debe garantizar el inter¨¦s general. Esperemos que llegue un nuevo alcalde que cumpla y haga cumplir la legalidad", dijo Clavero.
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