De la descentralizaci¨®n de la justicia al Estatuto catal¨¢n

El debate sobre la descentralizaci¨®n de la justicia y los efectos de las reformas de Estatutos en el Poder Judicial se celebr¨® el pasado jueves en la sede del gobierno de los jueces, un edificio con forma de media luna levantado en la segunda d¨¦cada del siglo XX sobre los restos de un teatro incendiado. El vocal conservador Jos¨¦ Luis Requero y el progresista Juan Carlos Campo debatieron durante una hora sobre las iniciativas legislativas para descentralizar la Justicia.

Jos¨¦ Luis Requero. El Constitucional dej¨® bien centrado el mapa, dijo hasta d¨®nde pod¨ªan llegar las comunidades y aqu¨ª lo que se plantea no es una descentralizaci¨®n en clave de mayor eficacia sino una descentralizaci¨®n inspirada por criterios puramente pol¨ªticos. Se hace para colmar un determinado objetivo pol¨ªtico, para que las comunidades tengan una intervenci¨®n directa en un ¨¢mbito que el Constitucional dijo que era materia inaccesible a las comunidades.

"Hay un objetivo pol¨ªtico: hacer concesiones a fuerzas que apoyan al Gobierno en Madrid y en Barcelona"

"En los ¨²ltimos tiempos, el presidente del Supremo se ha alineado con el Partido Popular"

"Aqu¨ª parece que algunos han decretado un apag¨®n intelectual, no se puede pensar, est¨¢ prohibido opinar"

"El problema y el peligro est¨¢ cuando el Consejo se inmiscuye en procesos a los que no est¨¢ llamado"

"Hay riesgo de que tengamos 17 sistemas judiciales distintos, puede existir ese peligro"

"El proyecto de Estatuto catal¨¢n admite la superioridad del Consejo General del Poder Judicial"

Juan Carlos Campo. Yo, por contra, creo que s¨ª es necesario. El modelo de administraci¨®n de Justicia se encuentra agotado. No tiene los atributos de eficacia y eficiencia. Falta de agilidad de respuesta. Ingresan 7,5 millones de asuntos al a?o en nuestros tribunales y hoy tenemos en tr¨¢mite en la jurisdicci¨®n civil 800.000 asuntos; en la jurisdicci¨®n penal, otros tantos, en la contenciosa, 250.000. Tenemos el Supremo con la sala primera de lo Civil atascada con casi 15.000 asuntos pendientes; la Sala Penal, en torno a 5.000, la tercera, 24.000. Los tiempos de respuesta se dilatan. El referente para cambiar este modelo y dotarlo de agilidad es la Constituci¨®n, y tenemos que analizarla en el t¨ªtulo sexto y octavo, de organizaci¨®n territorial.

Requero. Pero no que unos se metan en el terreno de otro. Catalu?a ha hecho una propuesta de Estatuto donde es la comunidad la que al final va a gobernar la justicia en una parte de Espa?a como es Catalu?a. Aqu¨ª lo que hay es un objetivo pol¨ªtico, la necesidad de hacer concesiones a determinadas fuerzas parlamentarias que apoyan al Gobierno en Madrid y en Barcelona y hay que dar algo a cambio, y una de esas cosas es el Poder Judicial. Estamos ante un puro trueque pol¨ªtico.

Campo. No se est¨¢ en el trueque, se est¨¢ en una mejor organizaci¨®n judicial. No cojamos el r¨¢bano por las hojas. La Constituci¨®n da pie a una mayor descentralizaci¨®n de la que actualmente tenemos. En el Pacto de Estado impulsado por el PP en la anterior legislatura se pon¨ªa de manifiesto la necesidad de adecuar la justicia al estado de las autonom¨ªas, se hablaba de una justicia de proximidad y redefinir el papel del Supremo. Y creo que el proyecto de Ley Org¨¢nica del Gobierno sobre el Poder Judicial es esencial, robustece el papel del Supremo. Nadie duda de que los tribunales superiores de justicia, lo dijo el Constitucional, son ¨®rganos del Estado en la comunidad. No se est¨¢ rompiendo nada, ni se est¨¢ cediendo soberan¨ªa.

Requero. Si se nos pone como ejemplo de descentralizaci¨®n la justicia de proximidad futura, tendr¨¦ que concluir que m¨¢s descentralizador que Franco no hubo nadie, que en su r¨¦gimen hubo juzgados municipales y comarcales. Cuando me encuentro en el Estatuto catal¨¢n con que propone crear un Consejo de Justicia elegido al 100% por el parlamento catal¨¢n, tengo que deducir que hay una vocaci¨®n de controlar pol¨ªticamente el Poder Judicial desde Catalu?a. Esto puede ser el futuro caf¨¦ para todos y al final multiplicarlo por 17.

Campo. El problema es que algunos intentan ir m¨¢s all¨¢ de lo que los propios textos dicen. El art¨ªculo 97 de ese proyecto de Estatuto catal¨¢n nos dice que el Consejo de Justicia de Catalu?a act¨²a como un ¨®rgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, y por tanto admite la superioridad del Consejo General del Poder Judicial. Los Consejos de Justicia que se articulan en la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial no rompen la unidad del Poder Judicial. Son una f¨®rmula ampliada de las actuales salas de Gobierno de los Tribunales Superiores. No es admisible y me produce escalofr¨ªo la comparaci¨®n de la justicia de proximidad con el r¨¦gimen franquista que he o¨ªdo de mi compa?ero.

Requero. No es balad¨ª que todos los presidentes de tribunales superiores de justicia, la conferencia de presidentes de audiencias provinciales, todos los jueces decanos y las principales asociaciones de jueces, menos Jueces para la Democracia que viene a representar el 9% de la carrera judicial, todos hayan rechazado la idea de crear consejos de Justicia. El modelo catal¨¢n es abiertamente rechazable porque supone que ese ¨®rgano es formalmente estatal pero es materialmente auton¨®mico, porque todos sus miembros ser¨ªan designados por el parlamento catal¨¢n. Con el modelo catal¨¢n vamos a una especie de arrendamiento. Yo, estado, soy propietario del Consejo de Justicia catal¨¢n, lo que ocurre es que se lo arriendo a la comunidad catalana, que lo explota, lo utiliza y se beneficia de ¨¦l.

Campo. No se va a cambiar el Gobierno de la Justicia sino que se va a desconcentrar. El estado auton¨®mico configura una estructura compleja pero permite la participaci¨®n de las comunidades en justicia. La cuesti¨®n ser¨¢ encontrar ese punto justo.

Los dos jueces analizan el papel de los Tribunales Superiores como ¨²ltima instancia judicial salvo para unificaci¨®n de doctrina, que corresponde al Supremo. Requero. Es evidente que el Supremo no puede seguir como est¨¢, porque est¨¢ bloqueado. A veces sienta doctrina cuando han pasado muchos a?os, y en algunas cosas sobre normas que ya han sido derogadas, lo que es sorprendente. Hay que plantearse qu¨¦ hacemos con el Supremo, para que sea un ¨®rgano del que emane doctrina legal, lo haga en tiempo razonablemente ¨¢gil. Y a partir de ah¨ª plantearnos qu¨¦ hacer con los tribunales superiores de justicia... pero no al rev¨¦s. Los tribunales superiores de justicia se han convertido ya de hecho en verdaderos supremos: en materia civil en cuanto al derecho civil especial o foral; en material laboral, ya son supremos; en contencioso administrativo como la mayor producci¨®n normativa proviene de las autonom¨ªas se est¨¢n convirtiendo en los ¨²nicos interpretadores del derecho p¨²blico.

Campo. Siempre salen los miedos a relucir. La propia Constituci¨®n establece en el art¨ªculo 152 que un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de las competencias del Supremo, culminar¨¢ la organizaci¨®n judicial en el ¨¢mbito territorial. Pero hay muchos miedos a perder cuotas de poder o no s¨¦ qu¨¦. Es necesario potenciar lo que dice la Constituci¨®n, y es lo que hace el proyecto de Ley org¨¢nica del Gobierno. Lo que no le puede faltar al Supremo es la unificaci¨®n de doctrina.

El debate entra en las declaraciones del presidente del Supremo, qui¨¦n aventur¨® que las reformas legales en marcha podr¨ªan dar lugar a que un delito lo fuera en una comunidad y no en otra.

Requero. Lo que he deducido de sus palabras es una reflexi¨®n respecto al riesgo de que tengamos 17 sistemas judiciales distintos. Puede existir ese peligro. Se nos puede decir que eso ya ocurre hoy, y efectivamente es una de las patolog¨ªas que tenemos. Podemos encontrarnos con que una Audiencia Provincial diga blanco y otra negro. Hay que evitar que eso que est¨¢ ocurriendo ahora se consolide y multiplique con vocaci¨®n de permanencia.

Campo. Una cosa es el ejercicio de la libertad de expresi¨®n y otra que ¨¦sta convierta en ciertas sus palabras. Por ser el presidente del Supremo y del Poder Judicial, y por lo que comprometen a ambos ¨®rganos, nunca deb¨ªan de haber sido emitidas. Aunque no nos ha extra?ado porque en los ¨²ltimos tiempos se ha alineado con el PP. No hay miedo a que ocurra lo que dice y en el ¨¢mbito penal, da casi escalofr¨ªos o¨ªrlo. Es imposible.

Requero. El presidente se ha referido a la reforma del Estatuto catal¨¢n. Y en esa reforma hay peligro. Ah¨ª es donde hay una serie de problemas, espero que se enmiende en el Parlamento.

Campo. El problema y el peligro est¨¢ cuando el Consejo se inmiscuye en procesos a los que no est¨¢ llamado. Porque nosotros aqu¨ª s¨®lo tendr¨ªamos que estar informando sobre lo que la Ley Org¨¢nica nos dice. Todav¨ªa recuerdo en la anterior legislatura, modificaciones importantes al C¨®digo Penal, a la Ley General Tributaria o a la Ley de Extranjer¨ªa donde el Gobierno no nos dio traslado de esas iniciativas legislativas. Pero desde el cambio de Gobierno, la mayor¨ªa de este consejo ha entendido que tiene que informar de todo: ocurri¨® con la Ley de matrimonios homosexuales y ahora vuelve a ocurrir, pese a que la Mesa del Congreso rechaz¨® pedirlo. Como no se le puede llamar informe, le llamamos estudio. Decimos que es de consumo interno pero se filtra a la prensa antes. Hay una gran sinton¨ªa con el PP.

Requero. Hacemos este estudio sobre el proyecto de reforma del Estatuto catal¨¢n porque podemos y porque debemos. Podemos porque nuestro reglamento nos lo permite, y en segundo lugar debemos. Incurrir¨ªamos en una grave irresponsabilidad e imprudencia si el ¨®rgano que gobierna el Poder Judicial no dijese nada sobre una propuesta de reforma de Estatuto de autonom¨ªa que cambia por completo el modelo de Poder Judicial que ha establecido la Constituci¨®n. Aqu¨ª parece que algunos han decretado un apag¨®n intelectual, no se puede pensar, est¨¢ prohibido opinar. Incluso yo creo que salvo lo que ha dicho el se?or Carod Rovira de que como se altere el Estatuto el gobierno peligrar¨ªa, pues no se quiere tocar ese tema.