Viviendas desprotegidas
Los ayuntamientos venden en subasta p¨²blica el suelo donde deber¨ªan construir viviendas sociales y para purgar sus culpas dedican la calderilla de las plusval¨ªas a subvencionar los alquileres de las familias humildes a las que no ofrecen una casa. Se ha cambiado el derecho a una vivienda digna por la beneficiencia, cuya lista de necesitados est¨¢ engordando tanto que los alcaldes lamentan hacer frente a gastos sociales por competencias que no les corresponden. El problema de la financiaci¨®n de los ayuntamientos es un hecho incuestionable, pero jam¨¢s deber¨ªa ser la excusa para perder la ideolog¨ªa.
Antes de que la econom¨ªa se vaya al traste con la Ley del Suelo de la Junta, habr¨ªa que hacer una reflexi¨®n. Todo es discutible, salvo la necesidad de que cada ciudadano logre un puesto de trabajo sin morir en el intento y tenga luego una vivienda donde poder caerse muerto. No es mucho pedir que estos dos derechos est¨¦n equiparados al que tienen otros de seguir forr¨¢ndose con el ladrillo. O al que tienen los alcaldes de modernizar y ofrecer futuro a su pueblo, para de camino obtener unos a?os extras en el cargo. En ese ¨¢mbito, deber¨ªa situarse la obligatoriedad de que un 30% de los terrenos urbanizables se destinen a viviendas protegidas y que con ello el modelo de desarrollo no caiga en el abismo. En 1994 el entonces consejero socialista de Vivienda, Jos¨¦ Antonio Maturana, sac¨® adelante en la c¨¢mara vasca una ley que obligaba a destinar a VPO un 65% de los suelos urbanizables. A ra¨ªz de esta norma, se alcanz¨® una media de 34 pisos sociales por cada 100 construidos y no hay constancia de que la econom¨ªa del Pa¨ªs Vasco se fuera a pique. No parece, por tanto, que las propuestas del gobierno andaluz, tan enmendadas por su propio partido, obedezcan a una ida de olla de la consejera Guti¨¦rrez.
Las viviendas protegidas est¨¢n desprotegidas en los presupuestos municipales. Se prometen todos los a?os, pero se hacen pocas. El ayuntamiento de M¨¢laga adjudic¨® en 1997 a Ferrovial las obras de 59 viviendas de VPO. La empresa reclam¨® m¨¢s dinero para ejecutarlas y paraliz¨® los trabajos. El consistorio rescindi¨® el contrato. Tras ocho a?os de litigio, hace dos semanas se volvi¨® a adjudicar la obra y curiosamente otra vez a Ferrovial. Pero con una suculenta mejora: 600.000 euros m¨¢s. Esperando su piso est¨¢n medio centenar de familias que van a cobrar el premio con diez a?os de retraso. Las 59 viviendas lucen en todo su esplendor en las inversiones del Ayuntamiento para 2006. Y no est¨¢n solas, hay otras cuatro promociones que tambi¨¦n empezaron a gestarse en 1997. La apuesta por la VPO para el a?o que viene en M¨¢laga es espectacular: 5.392 casas protegidas. Pero de ellas, poco m¨¢s de medio millar es una nueva promesa. Las restantes est¨¢n a punto de alcanzar la categor¨ªa de hist¨®ricas sin haberse colocado la primera piedra.
All¨ª donde pone M¨¢laga, ponga el nombre de cualquier municipio y multiplique por diez las VPO prometidas. Les saldr¨¢ el n¨²mero de viviendas de renta libre ejecutadas y lo que ha crecido el presupuesto municipal del respectivo ayuntamiento. Ahora reflexione: ?Cu¨¢l es en realidad el tipo de vivienda oficialmente protegida?
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