El plan de la discordia

El matrimonio de conveniencia entre la Junta de Andaluc¨ªa y el Ayuntamiento de Marbella para elaborar un nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) que devuelva la paz urban¨ªstica al municipio ha saltado por los aires. Casi dos a?os despu¨¦s de alcanzar un convenio, por el cual el Gobierno auton¨®mico financiaba el 60% de los gastos del documento, y ambas instituciones tutelaban el plan, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha anunciado que retirar¨¢ las competencias urban¨ªsticas a un Consistorio que "est¨¢ haciendo imposible que se avance" en un plan m¨¢s que necesario.

Desde mayo pasado, la armon¨ªa inicial entre Junta y Ayuntamiento se troc¨® en batalla dial¨¦ctica cada vez m¨¢s subida de tono. El detonante fue la presentaci¨®n en solitario por la consejera de Obras P¨²blicas, Concepci¨®n Guti¨¦rrez, del avance del PGOU, elaborado por el arquitecto Manuel Gonz¨¢lez Fustegueras. La consejera inst¨® al pleno municipal a aprobarlo en el plazo de un mes, algo a lo que la alcaldesa, Marisol Yag¨¹e, se neg¨®. Ahora, transcurrido el periodo de sugerencias, que finaliz¨® en octubre pasado, queda la duda de c¨®mo afectar¨¢ a la tramitaci¨®n del documento la decisi¨®n de la Junta. Ni Chaves ni Guti¨¦rrez han querido aventurarlo. En principio, el pol¨¦mico documento podr¨ªa haber sido aprobado en el plazo de seis meses, de seguir los pasos habituales.

El documento reserva 6.000 hect¨¢reas para espacios libres y suelo no urbanizable

Chaves no ha explicado c¨®mo afectar¨¢ la medida al avance del nuevo planeamiento

M¨¢s que en ning¨²n otro sitio, Marbella necesita actualizar su ordenamiento urban¨ªstico, pues el vigente data de 1986 y se da la circunstancia de que nunca fue aceptado por Jes¨²s Gil, que dirigi¨® la ciudad durante 11 a?os, y durante cuyo mandato proliferaron numerosas irregularidades urban¨ªsticas en el municipio. Moya calcul¨® la pasada semana en 6.500 millones de euros el coste de reparar las irregularidades, cifra que la Junta ha rechazado.

Viviendas irregulares

La ciudad cuenta con unas 30.000 viviendas irregulares impugnadas en los tribunales, de las que 25.000 podr¨ªan ser legalizadas seg¨²n el nuevo PGOU. Las restantes 5.000, que se refieren a promociones realizadas en suelo no urbanizable, protegido o en suelos destinados a equipamientos p¨²blicos y sistemas generales de importancia estrat¨¦gica, quedar¨¢n fuera de ordenaci¨®n en manos de lo que decidan los juzgados al haber incurrido en delitos contra la ordenaci¨®n del territorio.

El propio documento reconoce que el urbanismo ha sido gestionado en Marbella desde 1994 "con desprecio al plan vigente y sobre la base de un planeamiento inexistente". El redactor del plan, Manuel Gonz¨¢lez Fustegueras, se ha mostrado sorprendido por la cantidad de irregularidades registradas, y considera que no debe hacerse una amnist¨ªa general. No obstante, propone que se estudie de forma individualizada cada caso de obra ilegal.

Frente a la voracidad urbanizadora de los ¨²ltimos a?os, el plan prev¨¦ mantener 6.003 hect¨¢reas de suelo no urbanizable, el 51% del t¨¦rmino municipal. Contempla tambi¨¦n la construcci¨®n de 50.000 nuevas viviendas -unas 4.000 o 5.000 al a?o- en las 3.661 hect¨¢reas de suelo urbano en los pr¨®ximos 15 a?os, el doble de la previsi¨®n de crecimiento de la poblaci¨®n m¨¢s optimista del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE).

"Hay un margen m¨¢s que suficiente y el documento no es especialmente restrictivo, porque define un modelo equilibrado", asegur¨® en su d¨ªa el jefe del servicio de Planeamiento Urban¨ªstico de la Junta, Emilio Garc¨ªa. No opinan lo mismo los promotores, para los que las 50.000 viviendas previstas son "a todas luces" insuficientes. "En Marbella se han vendido 15.000 viviendas al a?o, por lo que con esta previsi¨®n el plan estar¨¢ completamente consumado en tres a?os", dijo en mayo el presidente de la Asociaci¨®n de Constructores y Promotores de M¨¢laga, Jos¨¦ Prado, que vaticin¨® un encarecimiento de los precios.

El texto reserva para espacios libres y suelo no urbanizable el 51% de las 12.000 hect¨¢reas de superficie del municipio, con 1.500 hect¨¢reas de espacios libres p¨²blicos con una ratio de 60 metros cuadrados por habitante en el caso de mayor crecimiento demogr¨¢fico. Otra medida criticada por algunos ex concejales gilistas, que consideran que a otras poblaciones no se les exige una cifra similar a la de Marbella. Tampoco Yag¨¹e, se muestra conforme con el sistema de compensaciones propuesto por Gonz¨¢lez Fustegueras.

El avance del PGOU pone especial acento en la mejora del sistema de comunicaciones y las relaciones con otras ciudades del entorno, para lo que contempla una variante a la autopista A-7 y un nuevo viario intermedio entre esta y el trazado de la antigua N-340, que permitir¨¢ descongestionar la primera del tr¨¢nsito interno y potenciar en la segunda el transporte p¨²blico reservando carriles reservados. Tambi¨¦n se reserva suelo para el corredor ferroviario de la Costa del Sol y se libera el peaje entre San Pedro y Marbella.

Entre las nuevas infraestructuras prev¨¦ un puerto deportivo en San Pedro y la regeneraci¨®n de las playas entre este n¨²cleo urbano y Puerto Ban¨²s. Adem¨¢s plantea cuatro actuaciones estrat¨¦gicas: un complejo con equipamiento educativo de primer nivel de car¨¢cter universitario con un parque tecnol¨®gico, parque residencial e intercambiador de transportes en Guadaiza, al oeste del t¨¦rmino municipal; un palacio de congresos y centro de iniciativas tur¨ªsticas con intercambiador de transportes en Holandaluc¨ªa, junto a la urbanizaci¨®n Nueva Andaluc¨ªa; un parque empresarial en el entorno del parque comercial La Ca?ada; y viviendas protegidas en Marbella Este.

En los cuatro meses que el avance ha permanecido en exposici¨®n p¨²blica, el Ayuntamiento ha recogido m¨¢s de 2.000 sugerencias procedentes de colectivos, partidos pol¨ªticos y particulares, que el coordinador del PGOU, Arturo Moya, remitir¨¢ "¨ªntegramente" al equipo redactor junto a las recopiladas por la Junta en el CINTA.

En principio, el equipo de gobierno de Yag¨¹e hab¨ªa decidido hacer suyas las propuestas de los colectivos sociales del municipio, "para no condicionar o interferir" en el trabajo del equipo redactor. "El equipo redactor decidir¨¢ si las incorpora o no", se?alaron fuentes pr¨®ximas a la alcaldesa antes de que la Junta anunciara la retirada de las competencias urban¨ªsticas. El Consistorio confiaba en que se incorporasen algunas modificaciones, como las referidas al vivero de San Pedro Alc¨¢ntara o el Albergue Africa, que aparecen como urbanizable; el Salto del Agua, con el que ocurre lo contrario; o algunas parcelas que han pasado de urbanizables a no urbanizables.

El siguiente paso, en condiciones normales, ser¨ªa que una vez el equipo redactor estudie las propuestas, el documento pasara nuevamente por el pleno para su aprobaci¨®n inicial. Posteriormente se abrir¨ªa un periodo de informaci¨®n p¨²blica y presentaci¨®n de alegaciones, que no de sugerencias. Una vez sean estudiadas y atendidas se producir¨ªa la aprobaci¨®n provisional, tambi¨¦n en el pleno. Finalmente, se remitir¨ªa el avance a la Comisi¨®n Provincial de Urbanismo de la Junta de Andaluc¨ªa, para su aprobaci¨®n definitiva.

Desde el Ayuntamiento, antes del anuncio de Chaves, se defend¨ªa que el arquitecto deber¨ªa someter el texto a la comisi¨®n t¨¦cnica bilateral formada por t¨¦cnicos municipales y representantes de la Junta de Andaluc¨ªa antes de que fuera aprobado inicialmente por el pleno. No obstante, aseguraban que "si existe voluntad pol¨ªtica, en seis meses podr¨ªa aprobarse definitivamente el PGOU".

Un optimismo que trataba de superar las constantes discrepancias entre la Junta y el Ayuntamiento desde que se present¨® el avance en mayo pasado. Yag¨¹e, lleg¨® a decir que el documento de Fustegueras le encantaba, pero que era tan id¨ªlico que lo ve¨ªa imposible de ejecutar. La alcaldesa tampoco se ha mostrado de acuerdo con los mecanismos para la legalizaci¨®n del 85% de las viviendas irregulares, que considera debe extenderse al 100%. El delegado provincial de Obras P¨²blicas, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Povedano, ha reprochado a su vez a la alcaldesa que siga dando licencias de primera ocupaci¨®n y permitiendo la conclusi¨®n de obras paralizadas o anuladas por los tribunales.