Los pa¨ªses de la UE guardar¨¢n los datos de las telecomunicaciones

Los ministros de Justicia e Interior de los Veinticinco acordaron ayer que las compa?¨ªas telef¨®nicas y las operadoras de Internet retengan los datos de las comunicaciones efectuadas por sus usuarios durante un periodo que oscila entre seis y 24 meses. La medida, que se inscribe dentro de la estrategia general de reforzar los instrumentos de los Estados en la lucha contra el terrorismo y el narcotr¨¢fico, deber¨¢ ser debatida y aprobada la semana que viene por el Parlamento Europeo.

Las disposiciones sobre la retenci¨®n de estos datos se incluyen en una directiva que ayer aprob¨® el Consejo de Ministros de la UE, con los votos en contra de Irlanda, Eslovaquia y Eslovenia.

Los datos de obligada retenci¨®n se refieren a los n¨²meros de tel¨¦fono de origen y destino de las llamadas, su duraci¨®n, su localizaci¨®n territorial y el momento en que se haya producido. En ning¨²n caso la informaci¨®n afectar¨¢ al contenido de la conversaci¨®n, para lo que se requiere una orden judicial en cualquier pa¨ªs de los Veinticinco. Los datos que se solicitar¨¢n a las compa?¨ªas deber¨¢n estar relacionados con la investigaci¨®n de determinados delitos graves como el terrorismo, la participaci¨®n en organizaciones criminales, el tr¨¢fico de seres humanos y las violaciones, entre otros. Se trata de un total de 32 tipos de delitos incluidos en la llamada Euroorden y que permiten tramitar los procesos de extradici¨®n sin necesidad de una doble declaraci¨®n judicial.

Entre las comunicaciones sobre las que las compa?¨ªas tendr¨¢n la obligaci¨®n de informar se incluyen tambi¨¦n las "llamadas perdidas", que se refieren a aqu¨¦llas de las que el receptor ha tenido constancia, aunque no las haya respondido, ni rechazado, ni almacenado. No se consideran "llamadas perdidas" las que no llegan a su destino por falta de cobertura o alg¨²n otro problema t¨¦cnico.

La inclusi¨®n de las llamadas perdidas hab¨ªa provocado una oposici¨®n abierta por parte de Alemania y Finlandia. Las compa?¨ªas de estos pa¨ªses alegaban serias dificultades t¨¦cnicas y costes muy elevados para efectuar el registro de estas comunicaciones. El acuerdo al que se ha llegado s¨®lo exige la obligaci¨®n de informar sobre las llamadas perdidas a aquellas compa?¨ªas que actualmente tengan sistemas de control de las mismas, pero si en el futuro disponen de estos medios tecnol¨®gicos tambi¨¦n deber¨¢n informar de ellas. En un principio se quer¨ªa obligar a Alemania y Finlandia a que exigieran a las compa?¨ªas que operaban en su pa¨ªs a contar con las instalaciones t¨¦cnicas necesarias para retener este tipo de llamadas.

El control de las llamadas perdidas fue determinante en Espa?a para descubrir a personas implicadas en los atentados del 11-M. El ministro de Interior brit¨¢nico, Charles Clark, expres¨® ayer su satisfacci¨®n por el acuerdo alcanzado y manifest¨® que el control de llamadas telef¨®nicas hab¨ªa sido de gran utilidad para efectuar importantes detenciones.

En relaci¨®n con el coste del establecimiento de estos sistemas de retenci¨®n de informaci¨®n tambi¨¦n se ha adoptado un criterio flexible. Las compa?¨ªas podr¨¢n obtener de sus respectivos Gobiernos una compensaci¨®n econ¨®mica para efectuar este tipo de retenciones. Tambi¨¦n aqu¨ª se hab¨ªa suscitado la pol¨¦mica. En un principio se hab¨ªa pretendido que las compensaciones fueran efectuadas por las instituciones europeas, a lo que se opuso tanto la Comisi¨®n como el Parlamento Europeo. Ahora se permite a los distintos Gobierno efectuar estos pagos.

La iniciativa de controlar las llamadas telef¨®nicas y las comunicaciones de Internet hab¨ªa sido impulsada en un principio a nivel gubernamental por el Reino Unido, Francia, Suecia e Irlanda. La propuesta contaba adem¨¢s con el apoyo de algunos pa¨ªses, como Espa?a.

La Comisi¨®n Europea y la Presidencia brit¨¢nica consideraron oportuno posteriormente contar tambi¨¦n con el apoyo del Parlamento para asegurarse de que esta instituci¨®n no iba a recurrir ante el Tribunal de Luxemburgo. Los contactos con el Parlamento aproximaron posiciones, pero recientemente la Comisi¨®n de Libertades P¨²blicas del Parlamento realiz¨® un informe sobre el tema (que cont¨® con 33 votos a favor y 8 en contra), pero con un enfoque muy distinto al de los Gobiernos. A pesar de ello, los presidentes de los grupos pol¨ªticos del Parlamento mostraron un claro inter¨¦s por aprobar la directiva, que est¨¢ previsto que entre en vigor en 2007.