La ministra tiene un plan

El cambio de Gobierno cre¨® expectativas de nuevas pol¨ªticas de mayor acento social. Entre ellas, la vivienda de manera destacada. Sin duda, muchos electores, entre los que me incluyo, moderaron su voto de izquierdas en aras de la utilidad para auspiciar pol¨ªticas sensibles a lo social y, por supuesto, eficaces. Cumplidos 18 meses, la acci¨®n y los planes de gobierno en el campo de la vivienda se est¨¢n revelando ineficaces seg¨²n todos los indicadores objetivos. El Gobierno ha tenido sin duda grandes aciertos en ¨¢reas sensibles, pero no en vivienda.

La resurrecci¨®n del Ministerio de Vivienda fue un mal presagio. Cab¨ªa sospechar que se trataba de un paso atr¨¢s. A veces un paso atr¨¢s es para tomar carrera, pero no ha sido el caso.

Son las comunidades aut¨®nomas las que lograr¨¢n o no que los objetivos se cumplan

Sorprendentemente, el Gobierno tiene ministerio, pero no competencias en suelo y vivienda. Esas competencias fueron transferidas a las comunidades aut¨®nomas (CC AA) con car¨¢cter exclusivo hace veinte a?os. El Gobierno del PP no refrend¨® esa exclusividad mediante la distribuci¨®n de los recursos econ¨®micos entre las CC AA, pese a las reiteradas peticiones de los Gobiernos aut¨®nomos. Se limit¨® a dejarse llevar por la inercia de los planes anteriores.

El actual Gobierno siente como propio el problema y quiere solucionarlo, pero seguimos como siempre con un plan cuatrienal del siglo pasado (el XX): igual para todas las obviamente diferentes comunidades aut¨®nomas.

Hace dos d¨¦cadas que tenemos los mismos problemas y seguimos mareando la perdiz declarando siempre los mismos objetivos y buenos prop¨®sitos utilizados como brindis al sol que den titulares...

?Qu¨¦ tiene de nuevo este Plan de Vivienda? Nada. Todo es antiguo, desacreditado, demostradamente ineficaz. Basta una mirada r¨¢pida:

- Los precios del suelo y de la vivienda siguen subiendo.

- No se crea suficiente suelo p¨²blico. La idea de una Ley del Suelo no es nueva en un Gobierno socialista. Se formul¨®, pero fue declarada inconstitucional precisamente por la falta de competencia aludida.

- Los promotores privados no construyen viviendas de protecci¨®n oficial porque no les es rentable. Sobre todo en las grandes ciudades, donde los costes del suelo y de la construcci¨®n son ya m¨¢s elevados que los m¨¢ximos precios de venta de la protecci¨®n oficial.

- Los promotores p¨²blicos s¨ª construyen, porque no les queda otro remedio: han de llenar el vac¨ªo que deja el promotor privado aunque para ello se tengan que descapitalizar y soportar situaciones que en una empresa privada ser¨ªan suspensiones de pagos o quiebras.

- Los precios de la Protecci¨®n Oficial tambi¨¦n van subiendo, pero as¨ª se alejan a¨²n m¨¢s de las posibilidades de los m¨¢s necesitados.

- Las ayudas econ¨®micas y financieras al comprador se convierten en ayudas indirectas al promotor, que mantiene sus precios y rentabilidad.

- La ley de Arrendamientos Urbanos y su aplicaci¨®n es disuasoria para los arrendadores. Por eso hay tantos pisos vac¨ªos desde hace d¨¦cadas. Hay pocos pisos de alquiler y a precios tan desmesurados que los hacen inasequibles o equivalentes a las cuotas de compra. Si los alquileres fueran sensiblemente inferiores, tal vez ayudar¨ªan a cambiar esa tendencia.

En la pr¨¢ctica, ?en qu¨¦ consisten las medidas de choque del Plan? Hasta ahora, la ministra de Vivienda pronuncia muchas palabras y cifras que implican promesas y compromisos cuyo cumplimiento no puede garantizar, ya que se est¨¢ atribuyendo competencias que no tiene. Son las CC AA las que lograr¨¢n o no que los objetivos se cumplan, y no todas est¨¢n por la labor ni con id¨¦ntico entusiasmo ?Por qu¨¦ lanzar ese bumer¨¢n y asumir ese riesgo?

?Y, sobre todo, por qu¨¦ seguimos perpetuando la cultura de la propiedad, tan arraigada en nuestro pa¨ªs por el franquismo? La propiedad en la protecci¨®n oficial es una loter¨ªa que beneficia s¨®lo a unos pocos, y no necesariamente a los que m¨¢s lo necesitan.

Por cada vivienda social construida para la venta se podr¨ªan construir varias para alquiler, porque en ¨¦stas el coste del suelo se mantiene en el activo, no se regala. El no poder repercutir en el precio de venta el valor del suelo y los costes de la promoci¨®n es un lujo que las administraciones p¨²blicas no deber¨ªan permitirse. Ahora tenemos la oportunidad de iniciar el camino correcto, ya trazado por la mayor¨ªa de pa¨ªses europeos.

El derecho constitucional a la vivienda no especifica el r¨¦gimen de uso. Si de verdad se pretende empezar a resolver el problema, los recursos econ¨®micos y financieros atribuidos a vivienda por el Gobierno deber¨ªan destinarse a las CC AA y a los municipios para:

- Incentivar a los promotores p¨²blicos y privados sin ¨¢nimo de lucro para construir o rehabilitar viviendas destinadas exclusivamente a alquiler.

- Conseguir un gran parque de vivienda de tr¨¢nsito acorde con la demanda objetiva.

- Medir las necesidades de los distintos grupos sociales, necesidades cambiantes seg¨²n las etapas de vida, para ajustar ese parque a las necesidades objetivas y no a la aspiraci¨®n subjetiva de posesi¨®n vitalicia.

- Gestionar ese parque eficazmente, a trav¨¦s de agentes, p¨²blicos o privados, competitivos y competentes.

El Gobierno central deber¨ªa adem¨¢s:

- Hacer atractivo el alquiler mediante medidas legislativas, fiscales y tributarias.

- Asumir una pol¨ªtica asistencial desde Asuntos Sociales y con las CC AA, destinada a quienes se encuentren en circunstancias extremas y/o coyunturales de necesidad, sin perturbar la relaci¨®n equilibrada entre oferta y demanda.

Para la distribuci¨®n efectiva de esos fondos entre las CC AA deber¨ªan establecerse con ellas pactos f¨¦rreos condicionados a resultados, y no a controles burocr¨¢ticos centralizados, ni a cupos geogr¨¢ficos o poblacionales.

A la pol¨ªtica de vivienda no le hace falta un ministerio, sino ser prioritaria en la pol¨ªtica econ¨®mica y financiera del Gobierno. Enterremos el pasado, ya somos Europa.

Teresa Garc¨ªa Alba es ex directora general del Instituto Balear de la Vivienda (Palma) y ex consejera delegada de REGESA (Barcelona).