Estatutos plurinacionales

En la propuesta de Estatuto aprobada por su Parlamento, Catalu?a afirma su condici¨®n y voluntad de ser naci¨®n, una naci¨®n que, salvada la excepci¨®n aranesa, se concibe desde una perspectiva de unidad cultural y nacional. Seg¨²n los redactores del texto, aunque la naci¨®n catalana ha acogido distintas aportaciones culturales a lo largo de su historia, lo que realmente la caracteriza es que "ha definido una lengua y una cultura" que determinan su identidad colectiva.

De ah¨ª que, en el proyecto, el catal¨¢n se convierta en la lengua "com¨²n de toda la ciudadan¨ªa con independencia de su lengua de origen y de uso habitual". Siguiendo la misma l¨ªnea de afirmaci¨®n nacional, la propuesta pretende igualmente institucionalizar la distinci¨®n entre Estado y naci¨®n, contraponiendo la condici¨®n de naci¨®n de Catalu?a al car¨¢cter plurinacional de una Espa?a convertida ¨²nicamente en Estado.

As¨ª, la 'Comunidad Nacional de Catalu?a' podr¨ªa ser el nombre oficial de esta autonom¨ªa

La base principal de la democracia moderna no es la naci¨®n cultural sino la ciudadan¨ªa

Este planteamiento nacional presenta algunas contradicciones que no deben ser pasadas por alto. En primer lugar, la distinci¨®n pol¨ªtica entre la Espa?a Estado y la Catalu?a naci¨®n resulta en gran medida ficticia. Por una parte, en t¨¦rminos pol¨ªticos generales, el Estado y las distintas entidades subestatales espa?olas tienen muchos aspectos en com¨²n, actuando en todos los casos como comunidades organizadas en torno a unas instituciones a las que se reconoce autoridad pol¨ªtica sobre la poblaci¨®n.

Lo que caracteriza esencialmente a Espa?a es su car¨¢cter de Estado compuesto por distintas comunidades pol¨ªticas subestatales, cada una de las cuales act¨²a en su territorio y en su ¨¢mbito competencial como Estado, complementando la acci¨®n general de las instituciones comunes. Aunque el Estado conjunto tiene atribuido la soberan¨ªa, detentando en exclusiva la capacidad para entrar en relaci¨®n con otros Estados, esta diferencia es menos determinante de lo que parece.

En caso de disoluci¨®n de las instituciones pol¨ªticas comunes, las distintas entidades subestatales espa?olas se encontrar¨ªan en posici¨®n de afirmar una soberan¨ªa propia ante la comunidad internacional, sin que a estos efectos supusiera diferencia alguna su previa definici¨®n como naciones, nacionalidades o regiones.

Es cierto por otra parte que, en la medida en que la constituci¨®n de Catalu?a es el resultado de la voluntad de una mayor¨ªa pol¨ªtica con una identidad cultural y nacional diferenciada, esta comunidad pol¨ªtica tiene una inequ¨ªvoca dimensi¨®n nacional. Esta evidencia, sin embargo, no puede hacer olvidar que la base pol¨ªtica principal de la democracia moderna no es la naci¨®n cultural sino la ciudadan¨ªa. Los ciudadanos de Catalu?a no son quienes se sienten ante todo identificados con la nacionalidad catalana, sino los espa?oles con vecindad administrativa en aquel territorio. Y, puesto que el acceso a la ciudadan¨ªa no implica renuncia a la identidad personal, ni siquiera es necesario sentirse culturalmente catal¨¢n para ser ciudadano de pleno derecho en Catalu?a.

Si nos acerc¨¢ramos desde este punto de vista a la sociedad real -y no a la imaginada-, podr¨ªamos comprobar que Catalu?a no es menos plurinacional que Espa?a ni ¨¦sta mucho menos naci¨®n -ciudadana e incluso cultural- que Catalu?a.

En el debate pol¨ªtico, la incompatibilidad entre Espa?a y Catalu?a, Euskadi o Galicia como referentes de identidad compartida es planteada por aquellos sectores nacionalistas que niegan la posibilidad de niveles distintos de identificaci¨®n nacional y cultural. Afortunadamente, esta concepci¨®n no ha conseguido imponerse socialmente. Por esa raz¨®n, el marco jur¨ªdico deber¨ªa tratar de ajustarse, sin pretender simplificarla, a la complejidad de identidades existente entre la poblaci¨®n.

La mejor forma de hacerlo es reconocer la dimensi¨®n nacional mayoritariamente percibida tanto de Espa?a como de comunidades como Euskadi o Catalu?a. Sin embargo, ser¨ªa coherente seguir en ello el ejemplo de los principales Estados compuestos del mundo, que, sin excepci¨®n alguna, establecen una distinci¨®n tanto conceptual como terminol¨®gica en la referencia al todo y a las partes que lo componen.

Teniendo en cuenta que el t¨¦rmino "naci¨®n" se atribuye, en el derecho internacional, al Estado com¨²n, convendr¨ªa aplicar una expresi¨®n diferente a las comunidades subestatales de base nacional, expresi¨®n que deber¨ªa ser funcional tanto para definir su naturaleza pol¨ªtica como para nombrarlas directamente. El t¨¦rmino comunidad nacional resulta adecuado en este contexto. As¨ª, la Comunidad Nacional de Catalu?a podr¨ªa ser el nombre oficial de la comunidad de Catalu?a, una comunidad pol¨ªtica subestatal cuya constituci¨®n expresa, en lo fundamental aunque no en exclusiva, la voluntad pol¨ªtica de la naci¨®n catalana.

Un aspecto importante de la concepci¨®n ciudadana de la comunidad pol¨ªtica es que la identificaci¨®n con ¨¦sta s¨®lo puede exigirse en t¨¦rminos estrictamente ciudadanos a las personas cuya identidad cultural no es la de la naci¨®n dominante, lo que implica reconocer los derechos b¨¢sicos de estas personas. Y es precisamente en este punto en el que aparece un segundo aspecto contradictorio en el planteamiento nacional desarrollado en el proyecto de Estatuto catal¨¢n.

La contradicci¨®n de referencia se asocia, parad¨®jicamente, a la incapacidad de asumir las implicaciones del principio de plurinacionalidad en la configuraci¨®n interna de Catalu?a. Como se ha se?alado, la condici¨®n de catalanidad pol¨ªtica no implica renunciar a la identidad cultural y nacional de las minor¨ªas presentes en el territorio. Esta cuesti¨®n afecta de manera especial al tratamiento de la lengua castellana.

El Estatuto de Catalu?a apela a los derechos hist¨®ricos para fundamentar una posici¨®n singular de este territorio en lo que se refiere a la lengua, la educaci¨®n y la cultura. El r¨¦gimen educativo previsto se orienta, en este contexto, a consolidar la hegemon¨ªa del catal¨¢n en la vida p¨²blica, limitando el papel del castellano a un conocimiento suficiente en tanto que "lengua oficial del Estado". Este planteamiento es inadecuado: aun cuando pueda aceptarse jur¨ªdicamente el principio de que el castellano no es una lengua propia -en tanto que originaria- de Catalu?a, resulta dif¨ªcilmente comprensible negar el car¨¢cter de lengua propia que este idioma tiene para muchos catalanes, en algunos casos como patrimonio adquirido pero en otros como rasgo esencial de su identidad personal.

Ni los derechos hist¨®ricos, ni la remisi¨®n gen¨¦rica a la historia, pueden servir de fundamento para limitar los derechos de las personas. No se trata s¨®lo de los derechos culturales y ling¨¹¨ªsticos previstos en la Constituci¨®n, sino de los contenidos en los tratados y convenios suscritos por Espa?a. Resultar¨ªa sorprendente que en un Estado que dice asumir la pluralidad no se garantizara a los pueblos constituyentes ni siquiera los m¨ªnimos previstos en el Convenio Marco para la Protecci¨®n de las Minor¨ªas Nacionales del Consejo de Europa, un acuerdo que obliga a los Estados a mantener y desarrollar el idioma y el patrimonio cultural de las minor¨ªas, asumiendo su derecho a crear centros educativos y a recibir ense?anza en la propia lengua.

Aunque estas cuestiones deben regularse en el marco de su sistema educativo, sin poner en cuesti¨®n la normalizaci¨®n en su territorio del idioma propio ni el objetivo m¨¢s general de igualaci¨®n de las distintas lenguas espa?olas en el conjunto del Estado, es imprescindible integrar el derecho de las minor¨ªas a una vida cultural aut¨®noma en la regulaci¨®n del marco jur¨ªdico de las nacionalidades hist¨®ricas.

Podr¨ªa negarse a las minor¨ªas los derechos que les corresponden, rechazando no s¨®lo su car¨¢cter de parte constituyente sino incluso de minor¨ªa cultural o nacional. Pero dif¨ªcilmente podr¨¢ nadie justificar tal pol¨ªtica apelando a las ideas de progreso y plurinacionalidad.

Luis Sanzo es soci¨®logo.