En defensa del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama

Cuando en 2001 el Gobierno regional, con el respaldo de todos los grupos pol¨ªticos y movimientos sociales, decidi¨® crear el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, se dio respuesta a una exigencia con casi un siglo de historia. Madrid es una comunidad con un territorio reducido (s¨®lo La Rioja, Cantabria y Euskadi tienen menos superficie que nuestra regi¨®n) que, adem¨¢s, sufre la m¨¢s alta presi¨®n demogr¨¢fica de Espa?a y vive un desarrollo econ¨®mico e industrial con gran capacidad de impacto sobre el medio natural. En esa realidad, la sierra del Guadarrama es una pieza clave de su equilibrio. No olvidemos que se trata de un espacio de una singularidad extrema, ecol¨®gicamente privilegiado y situado a menos de un centenar de kil¨®metros de la concentraci¨®n urbana m¨¢s importante de nuestro pa¨ªs (y una de las de mayor densidad de la Uni¨®n Europea). Es el pulm¨®n de Madrid y es, a la vez, el espacio que, gracias al buen estado de salud del r¨ªo Lozoya, suministra m¨¢s del 90% del agua que se consume en el conjunto de la regi¨®n. Y es, sobre todo en la vertiente situada m¨¢s al norte -la que se extiende entre los puertos de Cotos y Somosierra-, un territorio en el que convive una naturaleza bien conservada con actividades ganaderas y agr¨ªcolas, con labores artesanales y de peque?as industrias a las que se ha a?adido, en los ¨²ltimos a?os, un pujante turismo rural.

La tibieza con la que la Comunidad responde al gigantismo urbanizador invita a la desconfianza

En ese contexto, la aplicaci¨®n a su entorno de la figura del parque nacional, con todos los instrumentos de protecci¨®n y de defensa del medio que lleva aparejada, es una necesidad apremiante. Objetiva. Sobre todo, si tenemos en cuenta los peligros de todo orden que sobre ¨¦l se ciernen. En otras palabras: la extrema fragilidad de su ecosistema en una regi¨®n con m¨¢s de cinco millones de habitantes exige medidas extraordinarias, niveles de protecci¨®n de primer nivel, decididas pol¨ªticas conservacionistas.

Ante esa necesidad, reconocida por los expertos de mayor prestigio (comenzando por Eduardo Mart¨ªnez de Pis¨®n), no es dif¨ªcil advertir c¨®mo en los ¨²ltimos a?os se viene desarrollando una estrategia dirigida precisamente a utilizar la singularidad de la sierra como excusa para proponer figuras de protecci¨®n de menor solvencia, alcance y garant¨ªa que la que supone la declaraci¨®n de parque nacional. En esa corriente, sutil unas veces y muy expl¨ªcita otras, cabe insertar el art¨ªculo que, firmado por la alcaldesa de Rascafr¨ªa, Yolanda Aguirre G¨®mez, apareci¨® en estas p¨¢ginas el pasado 10 de noviembre. En ¨¦l planteaba la necesidad de sustituir la figura del parque nacional por la de parque natural o, en un alarde creativo sin precedentes, por la de parque europeo (??). Despu¨¦s de expresar su preocupaci¨®n por la "creciente degradaci¨®n de nuestro medio natural", a?ad¨ªa: "Los peligros de todo tipo que se ciernen sobre la sierra del Guadarrama son cada vez mayores, sobre todo en sus zonas menos elevadas. Ante eso, no podemos quedarnos de brazos cruzados". Y pon¨ªa como ejemplo la eficacia que para el medio natural ha tenido la normativa que rige en los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares (1985) y de la Laguna y Circo de Pe?alara (1990).

El contenido del art¨ªculo, sin embargo, era enga?oso. El sesgo ecologista que en ¨¦l se advert¨ªa no era sino una m¨¢scara edulcorada, casi l¨ªrica, de las aut¨¦nticas intenciones que se ocultaban detr¨¢s de t¨¦rminos como "gesti¨®n adecuada en beneficio del medio natural y de las poblaciones locales" de la sierra. No s¨®lo desment¨ªa esos deseos la propia propuesta de sustituci¨®n de la figura del parque nacional por otra m¨¢s laxa, sino la realidad de su propia gesti¨®n. Una realidad que ten¨ªa que ver, sobre todo, con el proceso de elaboraci¨®n del nuevo planeamiento urban¨ªstico municipal. En Rascafr¨ªa, pero no s¨®lo en Rascafr¨ªa, sino en toda la comarca. Aunque la presi¨®n ciudadana ha hecho que la alcaldesa modifique sustancialmente su inicial propuesta de calificar suelo para 1.600 viviendas, no es poco riesgo la construcci¨®n de las 850 que ahora sugiere (lo que supone 2.400 nuevos habitantes cuanto menos) para el equilibrio ambiental de la cabecera del valle alto del Lozoya. Pero si a tal propuesta a?adimos otras, tambi¨¦n respaldadas por ediles o representantes del Partido Popular -como el nuevo Plan General de Garganta de los Montes, que propone calificar suelo para 1.700 viviendas, lo que multiplicar¨ªa por m¨¢s de 10 su actual poblaci¨®n; o las demandas de suelo a calificar en el resto de los municipios del valle del Lozoya, que llevar¨ªan, de promedio, a multiplicar por tres su n¨²mero de habitantes-, no es dif¨ªcil advertir que en muy poco tiempo Madrid (y el conjunto de los madrile?os) perder¨ªa un espacio natural de un valor incalculable. Desde el punto de vista ecol¨®gico y desde el punto de vista cultural (de Giner de los R¨ªos hasta Ortega y Gasset, pasando por Luis Rosales o Vicente Aleixandre, han sido muchas las voces que han convertido a nuestra sierra en un referente pedag¨®gico, moral e hist¨®rico-paisaj¨ªstico de ¨¢mbito nacional).

Tambi¨¦n desde el punto de vista econ¨®mico: no olvidemos que un entorno natural bien protegido aporta valor a?adido, calidad de vida a una regi¨®n superpoblada como la nuestra.

Las amenazas apuntadas no son sino una parte de las que hemos podido conocer en los ¨²ltimos a?os. La propuesta de creaci¨®n de campos de golf y de urbanizaciones de adosados en las proximidades del embalse de Puentes Viejas, y los brutales crecimientos previstos en localidades de la "presierra" norte como El Molar son elementos a?adidos que entran en directa confrontaci¨®n con la iniciativa del parque nacional. ?se y no otro es el trasfondo de los planteamientos de Yolanda Aguirre G¨®mez. Un trasfondo que poco tiene que ver con la protecci¨®n medioambiental que afirma defender y s¨ª con la generaci¨®n, en los distintos municipios, de notables expectativas de beneficio a corto plazo por la v¨ªa de la recalificaci¨®n masiva de suelos que en la actualidad gozan de una protecci¨®n especial o est¨¢n dedicados a usos agr¨ªcolas y ganaderos.

El dise?o del parque nacional, con ¨¢reas de protecci¨®n "ligera" (preparque y zonas de transici¨®n), con la delimitaci¨®n de la protecci¨®n rigurosa y m¨¢s estricta a las zonas con mayor riqueza natural y con la creaci¨®n del Parque Regional del Alto Lozoya, posibilita el desarrollo de actividades econ¨®micas y de ocio, as¨ª como la construcci¨®n, controlada y respetuosa con el entorno, de nuevas viviendas, las actividades agr¨ªcolas y ganaderas y la artesan¨ªa, adem¨¢s del mantenimiento de la identidad de los pueblos. En definitiva: su desarrollo sostenible.

En consecuencia, los n¨²cleos urbanos situados en esas zonas de transici¨®n del parque deber¨ªan responder en su desarrollo a actuaciones integrales coordinadas con el Plan de Uso y Gesti¨®n de la globalidad de su territorio, aprovechando al m¨¢ximo sus potencialidades tanto en las actividades tradicionales como en la, cada vez m¨¢s demandada, del turismo rural y de monta?a en todas sus modalidades, una actividad que en zonas como el Pirineo, o los Picos de Europa, o la serran¨ªa de Cuenca, entre otros entornos del interior de Espa?a, goza de un vigor extraordinario y creciente, y ha permitido la generaci¨®n de un importante n¨²mero de empleos estables y de calidad. En estas zonas, denominadas de transici¨®n, tal y como se refleja en el Plan de Ordenaci¨®n del Parque, se habr¨¢ de "conservar la calidad del paisaje rural tradicional con elementos naturales propios, como marco de vida de las poblaciones y como patrimonio de la regi¨®n", algo que nada tiene que ver con los planes generales proyectados, incluido el de Rascafr¨ªa.

Optar por la cultura y la econom¨ªa "del ladrillo" basada en crecimientos urbanos desproporcionados podr¨ªa rendir ping¨¹es beneficios a corto plazo a sectores minoritarios de los municipios (y a operadores inmobiliarios for¨¢neos), pero ser¨ªa una opci¨®n desastrosa a medio y largo plazo. Una opci¨®n suicida que privar¨ªa a los madrile?os y a los propios habitantes de los pueblos de la sierra de un entorno que es, adem¨¢s, patrimonio colectivo irrenunciable.

Si tenemos en cuenta la experiencia de los ¨²ltimos a?os en relaci¨®n con el destino de otros espacios de inter¨¦s natural de la Comunidad de Madrid (hoy desfigurados por el cemento o simplemente desaparecidos) y la presi¨®n constante de los intereses especulativos e inmobiliarios, habremos de convenir que s¨®lo una poderosa acci¨®n colectiva a favor del parque nacional garantizar¨¢ que ¨¦ste sea una realidad. De ah¨ª que parezca esencial, apremiante dir¨ªa yo, intensificar los trabajos y las acciones de la plataforma c¨ªvica creada en defensa del valle Rascafr¨ªa-El Paular, ampliando su ¨¢mbito de trabajo a todo el valle del Lozoya y a la sierra norte. Y comprometer en ellas a las poblaciones de sus municipios, a los movimientos conservacionistas, a las asociaciones ciudadanas de todo orden, a los intelectuales y al mundo de la cultura, a los peque?os y medianos empresarios, a los partidos pol¨ªticos progresistas.

Aunque el compromiso del Gobierno regional ha de suponerse, la tibieza con la que est¨¢ respondiendo al gigantismo urbanizador de algunos ayuntamientos y proyectos como la hipot¨¦tica radial 1 al calor de los crecimientos urbanos de la llamada "presierra" invitan a la desconfianza. Y a la exigencia democr¨¢tica de que el parque nacional sea, cuanto antes, una realidad con todas las consecuencias. Entre otras razones, porque son muchos los intereses que presionan por que se convierta en papel mojado. O en un proyecto de actuaci¨®n distinto, en todo caso descafeinado e in¨²til, al originario.

Manuel Rico es escritor. Autor, entre otras, de las novelas La mujer muerta y Trenes en la niebla. Fue diputado de la Asamblea de Madrid entre 1983 y 1987, y miembro de la ponencia de la Ley de Creaci¨®n del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.