La bolsa o la vida

"No hay dinero que llegue": s¨ª, tambi¨¦n los responsables de finanzas de las organizaciones partidistas podr¨ªan afirmar sobre su ingrat¨ªsima tarea lo que suelen decir, desesperadas, las amas de casa cuando se les pregunta por la cesta de la compra. Y es que, en efecto, la competici¨®n pol¨ªtica en las sociedades democr¨¢ticas somete a los partidos a una presi¨®n de gasto tan tremenda que es f¨¢cil que, antes o despu¨¦s, sus dirigentes acaben por ceder a la peligrosa tentaci¨®n de hacer las trapacer¨ªas m¨¢s diversas.

Por eso es tan importante legislar -y hacerlo bien- en materia de financiaci¨®n de los partidos: porque s¨®lo cuando el sistema que regula las relaciones entre pol¨ªtica y dinero es razonable y realista cabe esperar el estricto cumplimiento de la ley.

Si no hay limitaci¨®n de los gastos ser¨¢ imposible evitar la financiaci¨®n al margen de la ley

Dicho lo cual, la pregunta resulta, claro, de caj¨®n: ?c¨®mo ha de ser un sistema de financiaci¨®n para poder calificarlo de razonable y realista? Aunque el asunto dar¨ªa para varias tesis doctorales, la experiencia ense?a, en todo caso, dos principios sin los cuales no es posible confiar en que las cosas marchen bien: primero, que el sistema ha de asegurar que los partidos puedan hacer frente a sus gastos electorales y ordinarios; y, segundo, que ha de garantizar, de una forma efectiva, que esos gastos no podr¨¢n sobrepasar los topes que se fijen legalmente. Uno y otro principios son como la cara y la cruz de una moneda. Es m¨¢s: son, de hecho, la cara y la cruz de la financiaci¨®n de los partidos.

La suficiencia financiera de las organizaciones partidistas ha tratado de asegurarse, en la mayor¨ªa de los Estados democr¨¢ticos, mediante una combinaci¨®n adecuada entre financiaci¨®n p¨²blica y privada. Espa?a no es, por supuesto, una excepci¨®n: tambi¨¦n nuestros partidos reciben sustanciosos fondos para hacer frente al pago de sus actividades ordinarias, sus campa?as electorales y el funcionamiento de sus grupos parlamentarios estatales y auton¨®micos Y tambi¨¦n pueden recibir aportaciones privadas de los particulares. Pero mientras que los objetivos de la financiaci¨®n p¨²blica son meridianamente claros y mayoritariamente compartidos -impulsar la igualdad de oportunidades de las distintas fuerzas que componen un sistema de partidos y liberarlas del chantaje al que podr¨ªan verse sometidas por parte de los grupos de presi¨®n que decidieran apoyarlas con dinero-, la financiaci¨®n privada es fuente constante de incontables debates y conflictos: no es casual que en el proceso de reforma de nuestra ley de financiaci¨®n en que hoy est¨¢n embarcadas las Cortes Generales, la de los l¨ªmites de la financiaci¨®n privada sea la madre del cordero.

Resulta posible, sin embargo, sostener d¨®nde podr¨ªa estar el virtuoso punto medio del realismo y de la razonabilidad en el ¨¢mbito de la financiaci¨®n privada partidista: en aceptarla como una pr¨¢ctica inderogable en democracia, en exigir que las aportaciones procedentes de manos privadas sean p¨²blicas sin ning¨²n tipo de excepci¨®n, en considerar financiaci¨®n privada las condonaciones de cr¨¦ditos acordados entre entidades financieras y partidos y, finalmente, en fijar un l¨ªmite m¨¢ximo a las aportaciones privadas que las fuerzas pol¨ªticas pueden recibir.

Como hasta el momento hemos hablado de la cara, tratemos ahora de la cruz. De la cruz, s¨ª, pues nadie que sepa del asunto duda ya de que ni el m¨¢s generoso sistema de financiaci¨®n p¨²blica que quepa imaginar, ni el m¨¢s virtuoso sistema de financiaci¨®n privada que pueda disponerse, ser¨¢n capaces por s¨ª solos de evitar que los partidos hagan trampas para sacar dinero de debajo de las piedras -es un decir- si no se fija un l¨ªmite legal de gastos que ninguno puede rebasar. La raz¨®n de que las cosas acontezcan de ese modo es bien sencilla: si no hay l¨ªmites, la competencia partidista determina una carrera imparable de aumento de los gastos, dado que todos los partidos tienden a creer que sus resultados mejorar¨¢n o empeorar¨¢n en funci¨®n de la cantidad de dinero del que dispongan para competir con los dem¨¢s. Como todos creen lo mismo, todos gastan m¨¢s, y m¨¢s, y, al hacerlo, obligan a gastar tambi¨¦n a los dem¨¢s, en un c¨ªrculo -vicioso, desde luego- cuyo desenlace final es conocido: "No hay dinero que les llegue".

Y cuando el dinero legal -p¨²blico o privado- no alcanza para pagar unas facturas de las que los partidos creen a pies juntillas que dependen sus posibilidades de mantenerse o de crecer, los partidos hacen con mucha frecuencia lo que ya sabe todo el mundo: se financian ilegalmente, buscando el dinero dondequiera que se encuentre. Pero, ?ay! ese dinero negro est¨¢ siempre disponible a cambio de las contraprestaciones oportunas. Si nadie da duros a tres pesetas, mucho menos los da gratis.

Esta, y no otra, es la raz¨®n por la que cualquier sistema de control que trate de garantizar que los partidos se financien respetando como Dios manda las estipulaciones normativas debe comenzar por asegurar -en la medida en que las leyes pueden asegurar estas cuestiones- que los propios partidos respetar¨¢n escrupulosamente los topes de gasto fijados por la ley. Si no hay limitaci¨®n efectiva de los gastos ser¨¢ imposible evitar, llegado el caso, que uno u otro partido (y, muchas veces, que unos y otros) recurran a financiarse al margen de la ley. Y ello porque la tentaci¨®n, estando lo que est¨¢ en juego casi siempre, suele resultar irresistible.

Es cierto, en fin, que en las modernas videodemocracias los partidos tienen un est¨ªmulo para respetar las leyes que regulan su relaci¨®n con el dinero que antes -hace, por ejemplo, medio siglo- no ten¨ªan: el, potente como pocos, est¨ªmulo del miedo. Pues junto al tradicional miedo a perder, que azuza el ingenio para ir tras los dineros all¨ª donde se encuentren, est¨¢ tambi¨¦n un miedo nuevo: el de desaparecer en medio de la charca de la financiaci¨®n ilegal y la corrupci¨®n que aqu¨¦lla suele traer siempre de la mano. Por eso, con unos electores que en materia de corrupci¨®n no le pasan ya ni una a los partidos, elegir entre financiarse ilegal o legalmente es tambi¨¦n, sin duda alguna, optar entre engordar la bolsa o conservar la vida.

Roberto L. Blanco Vald¨¦s es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela.